Transcurría septiembre de 1979. La implacable represión se desarrollaba ante la indiferencia de la sociedad. Aún se escuchaban los ecos de los festejos del Mundial del año anterior. La actividad guerrillera se estaba agotando. La actividad política estaba congelada. Los partidos políticos, cerrados y prohibidos. El silencio cómplice dominaba la vida social.

El justicialismo no era una excepción. Gran parte del quehacer de los políticos justicialistas se refugiaba en las sedes sindicales y estudios jurídicos (reiteradamente, en el de Vicente Leonidas Saadi). El escribano Deolindo Felipe Bittel, vicepresidente del Consejo Nacional, ejercía la presidencia partidaria cuando estaba detenida la titular, María Estela Martínez de Perón. Lo acompañaba un reducido grupo: Herminio Iglesias, Oraldo Britos, Edgardo Murguía, Tapia Bracamonte, Jorge Vázquez, Miguel Unamuno, Paulino Niembro, Alberto Iribarne y algunos pocos más, yo entre ellos.

Ese fue uno de los momentos más trascendentes de mi vida política, y siempre estuve orgulloso de él. Nos sentíamos la expresión de todo el justicialismo, que, ante el vendaval de la violencia, se había abroquelado para resistir y preservar un futuro democrático.

Debíamos sortear el aislamiento a que nos sometía una sociedad atrapada por el miedo y el horror a la violencia. Todas las semanas salíamos a recorrer el país y a llevar a los compañeros del interior la esperanza y la certeza de que el peronismo iba a sobrevivir y a instarlos a la movilización y la lucha. El resto era silencio.

La noticia de la visita de inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (del 2 al 20 de septiembre) generó esperanza y revitalizó la lucha, al tiempo que despertó el temor y la ira del gobierno militar. Las grandes usinas de la propaganda oficial, que promovieron el rechazo de la visita, comprometieron a grandes sectores de la sociedad civil, cuyos autos circulaban con la oblea "Los argentinos somos derechos y humanos". Mientras tanto, en las mazmorras de la represión ilegal se aceleraban las desapariciones y el traslado de los secuestrados, para evitar que la Comisión pudiera entrevistarlos.

Esa fue la hora más gloriosa de la pequeña conducción justicialista. La "Declaración sobre los derechos humanos en la Argentina", que Bittel e Iglesias entregaron a la Comisión la noche del martes 12, fue un gran soplo de aire fresco, que recorrió el país, despertó el orgullo de los peronistas y golpeó la conciencia de los argentinos. La prensa complaciente y la propaganda oficial desataron una caza de brujas y una campaña difamatoria sobre los dirigentes que habían firmado el documento.

Vale la pena recordar, para que los jóvenes de hoy y las futuras generaciones lo conozcan, algunos párrafos de ese histórico documento:

"La presencia de la Comisión responde a una generalizada inquietud de la comunidad internacional -de la que nuestro pueblo forma parte-, que considera que el comportamiento de la autoridad militar que ejercita el mando en la República Argentina es francamente violatorio de los derechos humanos."

"No podemos aceptar que se quiera transformar la lucha contra una minoría terrorista -de la que también hemos sido víctimas- en una excusa para implantar el terrorismo de Estado."

"Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada, decía nuestro líder, el teniente general Juan Domingo Perón. Aceptar cualquier otro criterio significaría transformar la persona humana en simple objeto de los delirios represivos de las minorías."

"El justicialismo denuncia la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que, insólitamente, se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de las arbitrariedades cometidas. El justicialismo denuncia el padecimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz, y que han llevado o llevarán como pena desde un silencio impuesto hasta la muerte."

El impacto de esta dura denuncia sacudió al país.

Simultáneamente, en LA NACION del 4 de septiembre, un grupo de abogados (algunos de los cuales colaborábamos con el escribano Bittel) que integrábamos la Asociación de Abogados de Buenos Aires hicimos pública nuestra esperanza por la visita de la Comisión y nuestro reclamo de "defender la efectiva independencia del Poder Judicial, la vigencia de las garantías para el ejercicio profesional, obtener la libertad de los abogados detenidos a disposición del PEN e impulsar el esclarecimiento de los atentados y secuestros".

Firmábamos esta denuncia Pedro Cámpora, Nilda Garré, Roberto González Arzac, Alberto Pisano, Jorge Rampoldi, Mario Wainfeld, Jorge Angelini, Alberto Iribarne y yo, entre otros. Todos continuamos militando y seguimos con nuestra vida política por distintos caminos y circunstancias.

Frente al local en el que la Comisión se había instalado, había largas colas de familiares de los desaparecidos que aguardaban a ser recibidos, entre la indiferencia, cuando no la hostilidad, de quienes pasaban por la Avenida de Mayo.

Desde el café en el que se firmó el documento partidario (allí había sido citado para la firma el resto del Consejo), partieron rumbo a la entrevista el escribano Bittel y el único de los integrantes que había concurrido, Herminio Iglesias.

Así entraron ambos en la historia grande de las luchas por la libertad.

Con estos recuerdos, quiero rendir homenaje al coraje civil de quienes encarnaron, en ese difícil momento histórico, la dignidad y la inquebrantable voluntad de resistir.

El justicialismo fue derrotado en limpia justa democrática cuando se retornó a la democracia, y se instauró el gobierno de Raúl Alfonsín, que aseguró el respeto irrestricto de los derechos humanos. Diez años después de aquella visita de la Comisión, a su turno, el justicialismo llegaba al gobierno, elegido por la gran mayoría del pueblo argentino para garantizar la continuidad de la plena vigencia de los derechos humanos -como dijo el presidente Menem- a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, para pacificar el país y para que los hechos que habían motivado la presencia de la Comisión no se repitieran nunca más.

Columna publicada en La Nación el 10 de septiembre de 2009.