Llueve en Buenos Aires. Son las 18 y 30 de un día viernes cualquiera. Miles de personas se agolpan, debajo de los refugios de ómnibus y colectivos esperando volver a sus hogares. Los refugios son parte de lo que se denomina Mobiliario Urbano de la Ciudad, que se completa con las pantallas verdes de la municipalidad, las transluminosas y otros soportes en la vía pública.

Difícilmente, la gran mayoría de quienes, bajo cualquier rigor climático, viven esta experiencia diariamente, alguna vez se hayan puesto a pensar mientras esperaban la llegada de su transporte, que sitios como esos constituyen una de las presas más apetecibles, económicamente hablando, para un reducido pero poderoso grupo de empresarios.

Sus empresas están todas vinculadas a la actividad publicitaria, y han venido controlando el negocio por años, aportando al fisco porteño una insignificante 20 misuma, en contraposición a las fabulosas ganancias obtenidas.

Cabe recordar que tanto Fernando De la Rúa, como sus sucesores al frente de la Jefatura de Gobierno fueron prorrogando las viejas concesiones existentes hasta el presente y prolongando una situación altamente irregular cuya explicación, no así su justificación porque no la tiene, hay que buscarla en el explosivo cóctel de intereses económicos y políticos en juego.

Tener la concesión de la vía pública en la ciudad de Buenos Aires es sinónimo de poder político. En todas las campañas electorales los refugios, los carapantallas, los chupetes luminosos, son codiciados como el oro por las fuerzas en pugna. El negocio del Mobiliario Urbano se calcula oscila entre los 80 y los 120 millones de pesos anuales, si no más.

Como en tantos otros temas que hacen a la vida de la ciudad, Macri prometió solucionar el problema que esta vez sí, aseguró, llegaría a buen puerto y le permitiría a la ciudad percibir ingresos acordes al volumen de dinero que generaba la actividad.

Para ello el gobierno porteño llamó a licitación, convocando a una serie de empresas, resultando ganadora una que, ¡oh! casualidad, mantenía amistosos vínculos con Nicolás Caputo, un íntimo del mismísimo Mauricio Macri.

Sin embargo, la licitación del “mobiliario urbano” porteño, fue suspendida recientemente por la Justicia por irregularidades en la adjudicación, a partir de un causa iniciada por una tradicional empresa del medio que no fue convocada.

“Detalles”

El fallo del juez Facundo Cubas se apoyó en que los hermanos Terranova, ganadores de la compulsa y titulares de Publicidad Sarmiento, fueron procesados por ser coautores prima facie del delito de uso de documento falsificado. Habrían presentado documentación apócrifa sobre prestaciones en Mendoza y San Miguel de Tucumán, para acceder en 2007 al contrato con el gobierno porteño.

En su fallo, el juez le ordenó al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a los responsables de la empresa ganadora, que se abstuvieran de ejecutar el contrato.

Pese a ello, “el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribió el decreto 142/09 por el cual se aprobó la licitación pública denominada vulgarmente de mobiliario urbano y adjudicar por diez años las tres unidades funcionales territoriales en las cuales se dividió a estos fines la metrópoli.

De acuerdo a las investigaciones que obraban en la causa, desde antes del otorgamiento de la concesión a la firma de los Terranova, el Gobierno de la Ciudad estaban al tanto de la acusación que pesaba sobre ellos de falsificar documentación con el objetivo de ganar el multimillonario contrato.

Finalmente, el gobierno de la Ciudad decidió acatar el fallo del juez Luis Rodríguez -a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49 por licencia de su titular, Facundo Cubas- que hizo lugar a un recurso presentado por una de las empresas participantes.

Sobre esa misma base, el juez Rodríguez dictó los procesamientos y suspendió la adjudicación del contrato, y, avanzó también contra los funcionarios públicos que avalaron la adjudicación del contrato.

El pedido de indagatoria, plantea que las conductas de los funcionarios públicos, entre ellos Macri, podría constituir “fraude a la administración pública, violación de los deberes del funcionario público y negociación incompatible con la función pública”.

Experiencias como la mencionada, nos hablan de la inescrupulosidad de empresarios dispuestos a todo, incluso a burlar a la justicia, para ganar un negocio prometedor de suculentas ganancias.

Pero, al mismo tiempo, siguen poniendo al descubierto el otro yo, el verdadero, del Ingeniero Mauricio Macri, a quien parece no importarle los “detalles”. O es que en este caso tampoco tuvo tiempo de leer los antecedentes de una empresa y sus directivos a los que les entregaba una importantísima concesión.