La expropiación múltiple de empresas de capital argentino en que está empeñado el aliado favorito del matrimonio Kirchner –el coronel Hugo Chávez- se ha transformado en algo más que un dolor de cabeza para Olivos y la Casa Rosada. Si el año 2008 fue el de la notoria derrota oficialista ante el interior y el campo así como el del enfrentamiento sin retorno con los sectores de la producción agropecuaria, el 2009 está mostrando los inequívocos signos de un distanciamiento en relación con el conjunto más amplio y significativo del empresariado industrial y de servicios.

Sería injusto, sin embargo, centrar exclusivamente en Chávez y sus rutinas de estatizador serial las culpas del divorcio en ciernes. Lo que hoy mide el mundo empresario no son ya los desvaríos del venezolano, sino los índices de simpatía de los Kirchner con esos métodos y con ese, digamos, programa. También se examinan los grados de compromiso o complicidad entre ambos regímenes.

Atiéndase, por ejemplo, a la embajadora Alicia Castro en sus declaraciones de esta semana al diario La Nación de Buenos Aires: “De las más de 120 estatizaciones decididas por Venezuela en los últimos dos años, sólo una empresa reclamó en los tribunales internacionales, Exxon Mobile, y el tribunal falló a favor del Estado venezolano”. Hay derecho a preguntarse si quien habla representa a la Argentina o a Hugo Chávez.

Es evidente que esos no son argumentos de quién protesta por la expropiación de una firma argentina, sino más bien de alguien que procura fundamentar la legalidad de las estatizaciones del gobierno de Venezuela.

¿Y la señora de Kirchner? Ella dedicó más palabras a quejarse de Techint -la reiterada víctima argentina de las expropiaciones venezolanas- que del expropiador o de la medida chavista, que dio por indiscutible. Se lamentó de que Techint no hubiera depositado en la Argentina la primera cuota de la indemnización que Chávez obló por la confiscación de Sidor, ocurrida un año atrás (réplica obvia: ¿no hicieron algo análogo los Kirchner cuando se llevaron al exterior los fondos de la provincia de Santa Cruz, los detalles de cuyo periplo y destino final aún se ignoran?). En cuanto a la decisión de Chávez, la defendió como “acto soberano “y sólo prometió, como su ministro de Interior Florencio Randazzo, “defender el precio”, es decir, la indemnización.

La respuesta desde la empresa la lanzó Daniel Novegil, el titular del conglomerado de aceros planos de la multinacional argentina: “Techint no compra empresas para venderlas. No es una concesionaria de empresas. Nuestra cultura agrega valor y desarrolla. Nuestras empresas son activos estratégicos. Eso no se paga con una indemnización”.

En efecto, el argumento oficialista revela una incomprensión esencial de la lógica productiva, a la que parece confundir con la especulación o los negocios de oportunidad. Ya en la batalla contra el sector rural el gobierno repetía ese estribillo, enrostrándoles a los agricultores el aumento del precio de la tierra como si ellos no fueran productores de cultivos o reses sino inversores inmobiliarios interesados en vender sus parcelas en lugar de trabajarlas.

Tibios reclamos

La notoria reticencia de los Kirchner a defender a la empresa argentina y a hacerle sentir la presión al expropiador ni siquiera cedió después de que el venezolano dio en Brasil pruebas manifiestas de que el amor del matrimonio hacia él no es parejamente correspondido. Chávez le aseguró al presidente Lula Da Silva que sus manías estatizadoras no alcanzarán a firmas brasileras. La Casa Rosada pidió tibiamente explicaciones con tono de circunstancias y se dio por satisfecha con la piadosa mentira de Chávez: “No fue más que una broma”. Florencio Radazzo repitió ante los micrófonos la frase que dictó Néstor Kirchner: "Con esto queda terminada la cuestión". Una expresión de deseos.

Lo cierto es que no terminó nada del episodio que se disparó con la estatización chavista. El gobierno observa que se van recalentando las relaciones con el mundo empresarial, que se va ensanchando su aislamiento del mundo de la economía privada y que las precipitadas declaraciones con las que intenta apagar el incendio no resultan creíbles, porque ha decaído marcadamente la confianza en la palabra oficial.

La Unión Industrial Argentina, que hasta hace algunos meses acompañaba disciplinadamente al oficialismo, planteó esta semana una posición que apunta a Caracas pero mide, en rigor, la disposición del gobierno argentino: reclama que no se permita a Venezuela el ingreso al Mercosur: “Venezuela no puede ser parte del Mercosur, ya que integración implica flujo de inversiones. Lo que está haciendo Venezuela va en contra de ese espíritu”. La UIA procura ahora que las organizaciones afines del bloque regional (empezando por la poderosa central de la industria brasilera) acompañen el planteo. El principal obstáculo para la incorporación de Caracas al Mercosur es, a esta altura, el Senado brasilero. El gobierno de Néstor Kirchner dio su aprobación en un periquete. El Congreso de Brasil hace ya tres años que examina el asunto y no termina de admitirlo. El problema principal venía siendo el hecho de el gobierno chavista no había cumplido el calendario para la desgravación del acceso de productos. La renovada ofensiva expropiadora de Chávez (inducida por las crecientes dificultades económicas y políticas que soporta su régimen) difícilmente facilite ese trámite.

La Casa Rosada dejó claro, de todos modos, que no hará nada por oponerse a Chávez. En verdad las ataduras que ligan al kirchnerismo con el régimen venezolano son tan sólidas como opacas, desde la perspectiva del interés nacional. Es cierto que el chavismo operó como palenque financiero del gobierno K cuando éste quedó aislado del Fondo Monetario Internacional y de los accesos normales al crédito. En cualquier caso, la “ayuda” de Caracas no fue barata: los Kirchner colocaron 1.000 millones de dólares en bonos y pagaron por la amistosa gestión una tasa de 15 por ciento. La deficiente gestión kirchnerista en materia energética fue emparchada por Chávez. ¿A qué precio? Señala el experto Alieto Guadagni que Argentina importó “desde 2004 centenares de millones de fueloil contaminante en compras directas y sin licitación de precios (Enarsa y PDVSA de Venezuela). ¿Cómo puede el ‘modelo’ justificar o explicar estas compras en un país que exportó 1,7 millones de toneladas el año pasado?” En fin, no hay que olvidar que como trasfondo de esos interrogantes sobrevuelan episodios como el de la maleta de Antonini Wilson, con sus cientos de miles de dólares presuntamente destinados a financiar una campaña electoral.

Mala señal

El gobierno paga precios políticos por su vínculo y su afinidad con el chavismo y él sabrá dónde y cómo los compensa. En estos momentos, esa conexión se ha convertido en una señal de alarma para el empresariado y, si se quiere, es una manifestación más de la tendencia del kirchnerismo al aislamiento internacional.

Esta semana, en Mendoza, la señora de Kirchner afirmó: “Nunca estuvimos tan vinculados al mundo”. Es muy curioso que haya dicho esto precisamente en momentos en que el aislamiento se vuelve más evidente y cuando hasta Chávez (con sus hechos venezolanos y sus palabras ante Lula) da pruebas irrefutables de la irrelevancia a la que hasido arrastrado el país de los argentinos. El gobierno parece observar toda la realidad –no sólo las variables económicas- con la óptica invertida y desviada de las estadísticas del INDEC. Ve crecimiento donde hay signos de recesión, ve estabilidad donde hay inflación, mejor distribución donde crece la pobreza. Y ve activismo internacional donde hay creciente insignificancia.

Conviene ilustrar esto con algunos datos. Véase, por caso, uno representativo: cómo trata a Argentina la inversión extranjera. En la década del 90 el país era el segundo receptor de inversión extranjera directa de América Latina en términos absolutos y el primero considerando la IED per capita. Hoy Argentina está cuarto en términos absolutos: ha sido superado por Chile y por Colombia (Brasil sigue siendo el primero).

Según los datos de la CEPAL, entre 2007 (que fue un mal año) y 2008 Argentina incrementó la recepción de inversiones en un 22 por ciento. Casi nada: Brasil en ese período aumentó en un319 por ciento, Chile, un 414 por ciento, Colombia un 379 por ciento y Uruguay un 1381 por ciento. A la luz de esas comparaciones queda claro que ese 22 por ciento del incremento argentino es equivalente a nada.

El progresivo aislamiento se observa mejor con una perspectiva temporal. A mediados de los 90 la inversión extranjera en la Argentina era equivalente a la mitad de la que recibía Brasil; hoy equivale al 17 por ciento.

En aquella época Argentina recibía una vez y media las inversiones que recibía Chile, hoy sólo recibe la mitad de lo que va a Chile; en los 90 la inversión extranjera que llegaba a Argentina era 44 veces más que la que iba a Uruguay, hoy es apenas 4 veces más.

Señalábamos en este espacio un año atrás: “Hay una armonía profunda entre el aislamiento internacional en que el gobierno ha sumido al país y su enfrentamiento con el campo: el campo es la llave maestra para la inserción competitiva de Argentina en el mundo. El gobierno confiesa esa íntima concordancia cuando define como objetivo el desacople argentino de la economía mundial. Subyace allí la fantasía o la quimera del aislamiento pleno, de una situación en la que la voluntad del gobierno tenga el monopolio total sobre sus súbditos, que su relato sea la única verdad del reino, que no haya interferencias externas ni resistencias internas que puedan retacear o recortar su imperio”.

Una quimera, está dicho: sin inversión extranjera, con una situación fiscal en franco deterioro, con la financiación externa cortada y con los puentes rotos con el campo, el franco deterioro de las relaciones del gobierno con el sector empresarial de la producción y los servicios pasa a ser decisivo en un año en el que se confirma la quiebra del modelo hegemónico instaurado por Néstor Kirchner. El 28 de junio también se elige entre desacople o integración al mundo.