Justicia
¿Baja de edad de imputabilidad o un régimen integral penal juvenil?
Por Alberto Lucchetti
Si creemos que esta única modificación le dará mayor legitimidad y respuesta a la problemática juvenil estamos equivocados. Si esto es asi es solo maquillaje.

El debate por la edad de imputabilidad de los menores resurgió en los últimos días luego del crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, asesinado por otro chico de 15 años en el barrio de Flores.

El llamado urgente a armar una Comisión de trabajo para elaborar un anteproyecto de reforma a la problemática juvenil, no se sabe a ciencia cierta -hasta el momento- si se trata de pirotecnia electoral en un año en que hay elecciones de medio término o no. Seguramente esto lo sabremos con el pasar del tiempo y según como se lo enfoque y se lo aborde al tema en cuestión

Además, también sabremos si es verdad o mentira la voluntad del conjunto de la sociedad política –relevante y con vocación de poder- de modificar la grave situación de los menores.

El régimen actual de imputabilidad de los menores se rige por un decreto de un gobierno de facto, más precisamente de los últimos tiempos del genocida Jorge Rafael Videla, integrante de la nefasta junta militar.

En apariencia muchos fueron los intentos de reformar el régimen penal para ellos, pero estos intentos se basaba sólo en el ánimo de modificar la edad de imputabilidad, bajo el argumento falaz de que esa es una norma que tiene su origen en un gobierno militar, proponiendo otra similar que la modifica en poco –como ser la baja de la edad- pero promulgada durante un gobierno democrático.

Si creemos que esta única modificación le dará mayor legitimidad y respuesta a la problemática juvenil estamos equivocados. Si esto es asi es solo maquillaje.

Todo lo contrario, el problema no pasa por si es un decreto del gobierno militar o una ley de un gobierno democrático, en principio.

El problema transita por otros caminos más arduos y complejos, dado que a la vista ninguna fuerza política con posibilidad de gobernar propone soluciones de fondo. El mero hecho de modificar la edad de imputación no solucionará de cara al futuro la problemática juvenil.

Todas las fuerzas políticas utilizan este sensible tema como propaganda política en sus extensas campañas. Como la que ya comenzó y que terminará con el sufragio libre, popular y universal en octubre del corriente año. Será el momento en que las luces del escenario se apagarán y los actores se retirarán y el ´público se quedará esperando una vez más. Dios quiera que ello no suceda.!!

No hay en la actualidad proyecto de ley alguno para modificar la situación de los menores criminalizados en comisión, no hay a la fecha proyecto de Régimen Penal Juvenil y a simple vista me animo a decir que al menos durante el corriente año, no lo habrá

Que pasa por el arco político relevante: para el opositor Sergio Massa durante su campaña fue uno de los ejes centrales de su discurso, pero hoy lo enfrenta con su socia táctica Margarita Stolbizer a quien se le escuchó en reiteradas oportunidades decir que el problema no se soluciona con la baja de la edad de imputabilidad; pero lo llamativo de la oposición es que la mismísima ex presidente Cristina Elizabet Kirchner llegó a aceptar tal extremo, diciendo en algunos discursos que hay que amoldarse a los nuevos tiempos “En caso de duda ver you tube”

Esta situación invita a recordar la sangrienta disputa por la ley de medios, que pocos motivos eran centrales al Kirchnerismo y lo camuflaba diciendo que la ley de medios audio visuales vigente en aquél entonces era un resabio de la última dictadura militar.

Me parece que esta película ya la vi, podrán cambiar los actores y directores pero el guión es el mismo. Ojalá no sea así.

Abordando un poco más técnicamente la problemática, lo cierto es que el régimen penal juvenil actual, viola en un todo los derechos humanos de los menores habida cuenta que un juez competente puede dispones de un menor, puede ordenar su encierro, inclusive hasta su mayoría de edad, es decir, un menor que delinque no tiene las garantías que si posee un mayor, tan básicas como de gozar de un juicio justo con todas las reglas procesales legales que ampare sus derechos y garantías y que también, le exija sus deberes, bien puede ser que de encontrárselo penalmente responsable de un delito debe someterse a un tratamiento que quedará al arbitrio del juez, pero dentro de un menú legal de posibilidades no antojadizo como es ahora. De esta manera el juez también – de apartarse de la norma- podrá tener su reproche.

En este sentido, creo en las buenas intenciones del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano y en su equipo y me consta que es de los Ministros que realmente trabaja, prueba de ello es el proyecto de justicia 2020, los denodados esfuerzos de diálogo para que los jueces –hoy nacionales- cumplan con la Constitución Nacional empero si la reforma sólo se trata de disminuir la edad de imputabilidad no solucionaremos nada y estaremos solo haciendo política.

Se puede delinquir con 18, 16, 14 y 12 años si se quiere, pero la solución no sólo pasa por el andarivel de la baja de edad de imputación punitiva, la problemática es multicausal.

La cuestión va mucho más allá de un número cardinal, y la solución pasa por una correcta inversión de los recursos del estado.

Debemos convencernos que es una inversión a largo plazo Una correcta implementación de la baja de edad de punibilidad debe ir acompañada de una política de estado específica en la materia penal juvenil. Se debe contar con mayor cantidad de granjas, psicólogos, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos y profesionales de muchas otras disciplinas ajenas al mundo del derecho, una mejora de los recursos de los Ministerios Públicos de la defensa quienes trabajan en una real huerfandad y desigualdad, en comparación a otros organismos que componen al Poder judicial, pero que deben interactuar si queremos obtener resultados positivos.

También entiendo que el estado debe ser el último eslabón que atienda esta problemática, hay muchas instancias previas al estado y bien pueden nombrarse entre algunas a los clubes de barrio, a las sociedades de fomento a las asociaciones, fundaciones iglesias cualquiera sea el culto o religión y ahí si por último es el estado quien debe aparecer.

Para comenzar por un buen camino direccionado a brindar una solución concreta y no quedarnos en el terreno de la política –al menos- se precisa de Establecimientos granjas de contención cerca de su lugar de vida habitual de un conjunto de profesionales de múltiples disciplinas: psicólogas, psicopedagogas, asistentes sociales, enfermeros, acompañantes terapéuticos y religiosos, por un lados y por otro, una reorganización en la capacitación de las personas que estén a cargo del cuidado de los menores ESTO ES UNA OBLIGACIÓN POSITIVA DEL ESTADO, es una obligación internacional de la que la argentina no debe eludir y que de no ser así, quedaría como un canto de sirenas, como algo que a la sociedad le gusta escuchar y mágicamente se transformará en política y no en política de estado, será una mera promesa de campaña más para seducir a los electores y LOS JOVENES SEGUIRAN MURIENDO O MATANDO

La solución es posible, hay que generar y comprometer recursos para ello pero la reinserción de estos jóvenes no puede esperar debe ser inminente, ya no se puede más, al igual que con los llamados jóvenes (NI) (QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN).

En este sentido la Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros “establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no infringiendo la ley penal”

Sin embargo, no se especifica cuál debe ser la edad. La Regla 4ta. De Beijing recomienda que la edad mínima “no sea fijada a una edad demasiada temprana, teniendo en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual”. Apoyándose en estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, el Comité proporcionó recomendaciones complementarias.

En la Observación General N° 10 sobre la administración de la justicia penal juvenil, este cocnluyó que la edd mínima de responsabilidad penal de los menores de doce años no se considera aceptable en virtud de las normas internacionales. En consecuencia, los estados miembros deben considerar doce años como un piso, como la edad mínima aceptables y que se siga aumentándola. Según el Comité catorce o dieciséis años de edad representa la edad mínima “adecuada” de responsabilidad penal recomendable de conformidad con los estándares exigidos por la Convención.

En consecuencia, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano aconsejó al señor Presidente Mauricio Macri convocar a una comisión de reforma de la problemática penal juvenil y así se hizo,

El Presidente de la Nación convocó a una comisión de trabajo para elaborar el anteproyecto que modifique la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años con distintas escalas que dependerá del delito que se lo encuentre responsable y la creación de un régimen integral penal juvenil.-

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