El costo de distribución eléctrica a los usuarios de Edenor y Edesur ha sido congelado por el Gobierno, por supuesto a cargo de los fondos nacionales. De no ampliarse al resto, esa medida va en directo detrimento al interior del país, que se queda afuera de ese reparto inequitativo de recursos. Las provincias que deseen adherir a estas medidas, por el momento, deberán afrontarlas con sus propios recursos. Esto configura una clara discriminación contra el resto de las provincias.

Lo mismo sucede con congelamiento de la tarifa de transporte. Sólo aplica al AMBA. Así fue aclarado por los funcionarios actuales, que anunciaron que con esta medida "beneficiamos a 15 millones de argentinos". Otra vez la discriminación.

El impacto que genera esto en las economías regionales, máxime lo que a distribución energía eléctrica, genera un diferencial de costos de producción del interior del país respecto a la metrópolis, subsidiado por las mismas pymes perjudicadas, entre otros. En lo que concierne al transporte público, se genera también un altísimo costo de vida hacia el interior, bregando sólo por la economía familiar de los habitantes de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Tuvimos nuestras críticas a la política energética llevada adelante por ministro Aranguren, planteadas dentro del Gobierno y finalmente tomaron estado público. En aquel momento sostuvimos en que no se podía implementar una política tarifaria que apuntara sólo al reconocimiento del costo a las empresas para lograr las inversiones, sin tener en cuenta el impacto que esos montos estaban generando tanto en la población como en el sistema productivo nacional.

Alertamos que esas medidas iban a generar mayor inflación por el aumento de los costos de producción y de toda la cadena de comercialización de los bienes y servicios.

Propusimos una recomposición de las tarifas acordes al crecimiento económico del país, con algunas medidas, como fue el aplanamiento de la facturación en el gas. Solicitamos que se deje de lado al sendero de precios definidos en dólares para el gas que se utilizaba para producir energía eléctrica y para el consumo.

También planteamos una serie de subsidios tendientes a disminuir el impacto de dichos montos en virtud de la difícil situación económica que atravesaba el país.

Todo ello sin dejar de lado que el mayor problema que aquejaba a nuestro país cuando asumió el presidente Macri estaba ligado al infernal déficit energético heredado, de la mano de la pérdida del autoabastecimiento que supo tener Argentina hasta el año 2010.

Prácticamente todos los recursos presupuestarios estaban orientados a suplir dicho déficit, viviendo épocas de grandes apagones para la industria y de falta de combustible fósil.

Hoy estamos a punto de caer en ese mismo problema con las medidas que se están implementando, con el agravante que estos subsidios, de los que no se tiene información del costo final que tendrá que afrontar el Estado, están orientados específicamente a los habitantes del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Excluyendo por completo al interior de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y el resto del país.

Nombramos como ejemplo estas regiones porque es en dónde se encuentra buena parte del sistema productivo nacional y tienen diversas realidades de economías regionales que se ven altamente resentidas ante este tipo de políticas, que atentan directamente contra la competitividad de los sectores que allí se desarrollan y tienen un alarmante costo fiscal que deviene en un déficit que en parte será costeado con una mayor presión impositiva para la población económicamente activa.

En definitiva, si el Gobierno quiere avanzar con estas medidas tiene que hacerlas extensivas al resto del país, porque allí también la crisis hace estragos. Caer nuevamente en la discriminación en la distribución de los recursos es un error y atenta al corazón de la Argentina productiva.