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Nueva ola de amparos de Pymes y presión de la UIA contra el tarifazo
Los industriales apuntan a que el Gobierno recapacite la "racionalidad" de la subas para la producción.

Tanto los comerciantes como las pequeñas y medianas empresas consideran que la recesión no les permite afrontar subas del 500% en la energía y por eso el viernes pasado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió una acción de amparo ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N°1 del distrito de San Martín. La jueza a cargo, Martina Isabel Forns, ya había concedido medidas similares respecto de la energía eléctrica.

Es que, como adelantó LPO, los argumentos del fallo de la Corte Suprema para obligar al Gobierno nacional a dar marcha atrás con el tarifazo de gas para los usuarios residenciales hasta tanto hiciera la correspondiente audiencia pública, le abrieron la puerta a empresas y comercios para pedir un amparo similar.

Este lunes la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) presentó otra acción de amparo ante el mismo juzgado. La medida pide detener los aumentos de gas y convocar a las Pymes a las audiencias públicas. Este recurso contra del tarifazo, se suma también al presentado por la Cámara Tecnológica de San Martín con el apoyo del Intendente Gabriel Katopodis.

Julio registró la mayor caída del año al retraerse la actividad industrial 7,8% interanual y argumentan que el 500% en inoportuno y desproporcionado. Y no se descartan nuevas medidas cautelares.

“Hoy presentamos un recurso ante la Justicia Federal por las entidades y las empresas vinculadas a CGERA en la Provincia de Buenos Aires porque queremos que se haga la audiencia pública y poder discutir la tarifa hacia las industrias”, afirmó Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA). “Nos parece una exageración el tope del 500%. Hay industrias gas dependientes que no pueden pagar”, agregó.

A tres semanas de la audiencia pública por la suba del gas, los números de actividad presentados por la CAME muestran que la producción de las pymes industriales registró en julio la mayor caída del año al retraerse 7,8% en relación a igual mes de 2015 y del 2% respecto de este junio. Con la retracción de julio, en el año el sector acumula un desplome del 4,9% interanual. “Es el décimo mes consecutivo de caída interanual en el sector pyme”, destacó el titular de la CAME, Osvaldo Cornide, y advirtió que “creció fuerte la cantidad de empresas con problemas para pagar a sus proveedores”. 

En este sentido, argumentan que el 500% en inoportuno y desproporcionado. Y no se descartan nuevas presentaciones judiciales en busca de medidas cautelares contra las subas.

Fernández agregó que “no hubiéramos querido judicializarlo pero la Corte al dejarnos afuera de la resolución nos obliga a presentarnos porque así lo han querido nuestros asociados”.

Aunque los empresarios esperaban que la Corte resolviera la cuestión de fondo para todas las personas jurídicas alcanzadas por las resoluciones del ministro Aranguren, el máximo Tribunal acotó su fallo a los usuarios residenciales por tratarse de una causa iniciada por asociaciones de defensa al consumidor residencial.

“Esto no es contra de nadie sino a favor de hacer la audiencia pública en donde podamos discutir las tarifas y donde cada uno pueda demostrar el porqué de su argumento. Esperemos que sea favorable y tengamos muy pronto fecha de la audiencia pública para las industrias Pymes”, añadió Fernández.

Por su parte los industriales ya han transmitido al Gobierno sus dificultades para soportar los aumentos y consiguieron un plan de refinanciamiento para el pago de las nuevas tarifas de luz. Este beneficio les reduce hasta el 20% la factura ahora a cambio de pagarlo en los meses de menor demanda.

Como dijo el vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, a LPO ellos apuntan a ir por el camino del diálogo, que ya les dio resultados. En este sentido, la CGERA también destacó hoy que seguirá apostando al diálogo económico y social. “Se lo hemos pedido a la Iglesia y a los sindicatos y también lo hacemos con el Gobierno porque es la última alternativa que tenemos para poder discutir qué es lo mejor para los trabajadores, la industria, y el Estado”, dijo Fernández.

Para Urtubey, el Gobierno “debería revisar el cuadro tarifario porque hay muchísimos casos que no van a poder afrontar los aumentos”. En este sentido, la UIA apuesta que sea el mismo Gobierno el que modere las subas sin necesidad de batallar en la justicia.

Asimismo, Fernández consideró que “este camino serviría también para combatir la inflación, viéndonos las caras sabríamos quién puede no estar diciendo la verdad o no estar procediendo como corresponde, generando a veces aumentos de precios o de costos que las Pymes deben trasladar al consumo y los trabajadores”.

La presentación ante la Corte Suprema presiona al Gobierno ya que el requerimiento constitucional de “racionalidad” puede vulnerarse para alguna de las 8000 pymes afectadas por el tarifazo. Otro revés judicial sería políticamente demasiado costoso.

De momento, los industriales de la UIA no han resuelto un curso de acción de cara a la audiencia pública convocada para el 16 de septiembre por el Gobierno. Esperan poder participar en ellas y dejar plasmada su posición respecto de las subas y de las posibilidades del sector de enfrentar nuevos aumentos.

Mientras tanto, aseguran no poder presentar una acción colectiva como la que derivó en el fallo de la Corte Suprema, pero no por eso descartan que sus socios individualmente soliciten medidas cautelares. Lo que sí analizan es acercarle a la Alto Tribunal un documento en calidad de “amicus curiae” donde dejen asentada la situación del sector y su opinión respecto de la actualización de las tarifas.

Esto presiona al Gobierno por la vía judicial ya que el requerimiento constitucional de “racionalidad” de los aumentos puede verse vulnerado para alguna de las 8000 pymes que la UIA declaró que se veían afectadas por el tarifazo o por aquellos comercios que ya debilitados por la recesión económica, interpreten la suba de tarifas como el golpe letal que los obligue a cerrar sus puertas. Así, incluso después de la audiencia pública, el Gobierno podría verse obligado a moderar la suba, al menos hasta que se recomponga el nivel de actividad. Otro revés judicial sería políticamente demasiado costoso.

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