Entre los jueces de la Corte Suprema
crece la convicción que el camino imaginado por la Casa Rosada para reponer el
tarifazo en un plazo corto, quedó herido de muerte por el contundente fallo de
la Cámara Federal de La Plata que este viernes anuló el incremento de los
servicios públicos.
El plan original del Gobierno es que la Corte aceptara alguno de los per saltum que presentó el Gobierno contra los amparos que anularon el tarifazo, en distintos distritos como Jujuy, Salta, Córdova, el municipio de San Martín, entre otros. Ese camino hubiera significado que mientras la Corte analizaba la cuestión de fondo –el tarifazo-, las cautelares quedaban sin efecto y el tarifazo recobraba vigencia.
No es un tema menor, porque cuando hablamos de tarifazo hablamos de déficit. Un par de meses mas de vigencia o no, es un cambio muy significativo en el resultado final que tendrá el déficit este año, que el gobierno prometió bajar de los 7 puntos heredados a un 4,8 por ciento.
Los subsidios a la energía representan más de dos puntos del PBI, es decir casi un tercio del déficit, para tener una idea de la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno.
El problema es que al existir un fallo de Cámara que directamente declaró nulo el tarifazo y ordenó realizar las audiencias públicas que ordena la ley y que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quiso ahorrarse apelando a un argumento poco sólido –que se habían realizado en el 2005-. LPO ya había advertido en enero, que ese incumplimiento ponía en riesgo toda la operación de reestructuración tarifaria.
Como sea, llegada esta instancia, en la Corte creen que es ridículo tratar en la reunión de acuerdos de este martes los per saltum, cuando apenas termine la feria, deberán analizar el fallo de la Cámara Federal que el Gobierno ya anunció que apelará ante el máximo tribunal.
Además, es obvio que los magistrados no le encuentran atractivo a hacerse cargo de pagar el costo de convalidar un tarifazo –ese sería el efecto de aceptar el per saltum- que por defectos de implementación política ya tuvo sucesivas modificaciones –luego de lanzado se anunció la tarifa social, después la implementación de un tope de 400% para Pymes y 500% para industrias-.
Es decir que lo más probable es que este martes en el mejor de los casos se “analicen” los pedidos de per saltum, se discutan y no se tome ninguna decisión. O sea que habrá que esperar que termine la feria judicial de julio, para que en agosto, los jueces empiecen a analizar el fallo de la Cámara Federal, que abordó el fondo del asunto.
Esto, es muy posible, derivará en amplios pedidos de los jueces de la Corte de información al Gobierno, consultas con especialistas, organizaciones de consumidores y demás pasos previos para el diseño de una medida tan trascendental y de impacto tan profundo en la sociedad, antes de fallar.
Proceso que si se confirma, dejará muy en evidencia el apresuramiento que tuvo el Gobierno para sacar el tarifazo, que ahora deberá corregir el Poder Judicial, acaso avanzando sobre un área propia del Ejecutivo como es la definición de medidas macroeconómicas.
Pensar que ese proceso se liquide en Agosto parece más una expresión de deseos que un análisis convalidado, afirmaron a LPO fuentes al tanto de la situación.
Además, una vez que la Corte falle, en el mejor de los casos si da algún tipo de vía libre a alguna versión de un tarifazo, deberán realizarse las audiencias públicas que fija la ley, lo que sumará tiempo al proceso.
Las fuentes consultadas evaluaron que hasta ese momento, sigue vigente el fallo de la Cámara Federal que lo anuló. Es decir, no sería extraño que hasta bien entrado el segundo semestre, no haya tarifazo, con el profundo impacto que esto tendrá en el plan de ajuste fiscal del gobernó de Macri.
