El Gobierno quiere sancionar cuanto antes la ley de extinción de dominio, que obligaría a recuperar los fondos obtenidos por hechos ilícitos, entre ellos la corrupción.

Los proyectos están dormidos hace años en los cajones de la Cámara de Diputados, pero el miércoles se pondrán a consideración en un plenario de comisiones que incluirá también la ley del arrepentido, presentada por el Gobierno.

Esta última tuvo muchos reparos por el kichnerismo, porque en caso de usarla para temas de corrupción podría desatar un escándalo similar al de Barsil, que le costó el cargo a la presidenta Dilma Rousseff.

Con el allanamiento escandaloso del ex secretario de Obras Públicas José López, Cambiemos vio el momento de acelerar el trámite.

No necesita del kirchnerismo para avanzar: con el respaldo del massismo y el bloque Justicialista le sobra para mandarlo al Senado.

Pero la discusión sobre extinción de dominio no será menor, porque en este caso hay antecedentes del FpV planchando el tema el año pasado en la Comisión de Legislación Penal, que estaba presidida por Patricia Bullrich.

En aquel momento la discusión circulaba en torno a las propiedades de delincuentes de alto calibre, como los vinculados al narcotráfico que aún atesoraban mansiones en el delta.

Pero el caso López abrió otra veta. La iniciativa que redactan en el oficialismo proponen regular "la acción de Extinción de Dominio en favor del Estado Nacional de aquellos bienes que ingresen al patrimonio de personas físicas o jurídicas a través de actividades ilícitas".

Télam

“Es fundamental aprobar esta ley. Va a permitir que la Justicia le restituya al Estado los fondos robados a través de la corrupción", exigió hoy Miguel Bazze, diputado de la UCR.

"No se debe hacer diferencia respecto a narcotraficantes, secuestradores, falsificadores, traficantes de armas, de personas u otras actividades delictivas igualmente lucrativas y perjudiciales, como tampoco entre la corrupción oficial y paraoficial", agregó.

Los 8 millones y medio de dólares hallados en el domicilio de José López en su casa fueron alojados en la casa matriz del Banco Provincia, en La Plata, y la justicia definirá su destino. 

Con la ley de decomiso podría volver al Estado para fines específicos. El proyecto tomaría cosas del presentado por Sergio Massa y Graciela Camaño, una forma de avanzar acuerdos.

Se crearía la “administración de bienes en extinción de dominio y pasa el tema a la justicia civil, que debería “garantizar la prueba necesaria o adaptar las medidas cautelares que permitan asegurar los fines del proceso”.

Un dato: buscarían que el decomiso se aplique si el dueño de la propiedad fallece. No pocos piensan que apuntan a los bienes de Néstor Kirchner.

Los proyectos se aprobarían el jueves 30 en Diputados, porque el 29 el recinto está reservado para un nuevo informe de gestión de Marcos Peña, dispuesto a cumplir con las visitas mensuales al Congreso exigidas por la Constitución a los jefes de Gabinete. 

La postura del peronismo en el Senado es otra de las incógnitas, porque la vieja guardia que responde a los gobernadores no está muy convencida de darle a la justicia tanto poder sobre las investigaciones de corrupción.

¿Más límites a los fueros?

Por si fuera poco, Cambiemos abrirá otro debate sobre el alcance de los fueros parlamentarios, tras el frustrado intento por solicitar un allanamiento al domicilio de Julio De Vido.

Sería a través de un proyecto que ya redactaron los diputados del PRO Nicolás Massot y Silvia Lospennato y permitiría al juez irrumpir en la casa de un legislador sin pedirle permiso al Congreso.

En la sesión del miércoles, el oficialismo volvió a fracasar por el intento de aprobar un proyecto que habilita el allanamiento a la casa del ex ministro de Planificación, una autorización que el juez Luis Rodríguez nunca requirió. 

Graciela Camaño tiene presentado un proyecto y por lo tanto se espera el respaldo del Frente Renovador. Pero no será una discusión fácil en la Cámara alta: Miguel Pichetto suele repetir que nunca estuvo de acuerdo con la ley de restricción de fueros sancionada tras el escándalo por coimas en el Senado. Bastará un llamado de gobernadores para que cambie de opinión.