Provincia
Exclusivo: el borrador de la ley de Obra Pública que Cenzón envió a la Legislatura
Acortará los plazos de licitación a seis meses. Agrega un apartado anticorrupción.

Sigiloso, Edgardo Cenzón, pasó ayer por la Legislatura bonaerense para dejar el anteproyecto de ley de Obra Pública, una extensa normativa que buscará trazar los lineamientos básico para la obra pública, una de las obsesiones de María Eugenia Vidal.

El proyecto viene a modernizar la ley actual que tiene 56 años. Y busca delinear los principios básicos a los que debe sujetarse el procedimiento de selección del contratista. El texto -al que LPO pudo tener acceso- promueve participación de pequeñas y medianas empresas en los procesos licitatorios y agrega un marco regulatorio anticorrupción, inexistente en la ley actual.

Pero, además, busca agilizar procesos de contratación y atender los desequilibrios de las partes que pueden sobrevenir sobre la marcha del contrato.

A diferencia de la gestión de Daniel Scioli, en el gabinete de Vidal la figura del ministro de Infraestructura es clave. El propio Cenzón sostiene que la provincia necesita diez años intensos de obra pública y, en una reciente entrevista, dejó en claro que la Provincia tiene un déficit equivalente a un presupuesto anual en obra pública.

En ese marco es que surge la nueva ley de Infraestructura. Un proyecto que ingresó en la Legislatura por Diputados, esquivando los roces entre Cambiemos y el Frente Renovador que existen en el Senado.

Una de las premisas del anteproyecto es acortar los plazos de licitación. Con la ley actual, un proceso licitatorio lleva entre 12 y 15 meses. Con la emergencia en infraestructura que la Legislatura aprobó a pedido de la Gobernadora, esos plazos se reducen a nueve meses. Pero el objetivo de la ley es concentrar aún más los procesos de licitación y bajarlos a seis meses.

Como parte de ese proceso, el proyecto pone el foco sobre los Organismos de Control del Estado bonaerense y sostiene que concluido el proceso de selección de la oferta y previo a la adjudicación, deberá intervenir la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia.

Estos organismos deberán expedir sus informes y dictámenes en el plazo máximo de diez días hábiles. Además, aclara que, en el caso que esos organismos no remitan el informe en los plazos establecidos, se entenderá que no existen objeciones que formular.

En tanto, el apartado 13 del proyecto incorpora un marco regulatorio anticorrupción y sostiene que será causal del rechazo de la oferta en cualquier estado de la licitación o de la recisión del contrato el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a funcionarios.

También aplica lo mismo en caso que funcionarios hagan valer su influencia de su cargo ante otro funcionario. Y a cualquier persona que hiciere valer su relación o influencia sobre el funcionario a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al proceso licitatorio.

Además, se incluye la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas que deben suscribir los directores, administradores, representantes y gerentes de los oferentes. Y aclara que las ofertas que omitan estas declaraciones juradas serán desestimadas.

Entre los principales cambios respecto de la ley actual, fuentes del Ejecutivo resaltan que este borrador parte de un concepto onmicompresivo de obra pública e incluye la figura del project manager (el tablero de control que obsesiona a los funcionarios del PRO).

Pero, además, prevé posibles contingencias del financiamiento internacional, la modalidad de ejecución en mano y pago diferido, y reconoce el sistema de contratación ágil en caso de trabajos necesarios para la satisfacción de urgencias de orden social impostergables.

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Fredy brañeiro, mira si no estare en todo que estoy adentro de tu compu y smartphone
2
Perfecto!
Pocho estas en todo pareces dió
1
Este muchacho es bien conocido en la caba por desviar fondos para la campaña via publicidad, y contrar a su testaferro para hacer obras para el gob de la ciudad. Ojo al piojo!