El ministro Germán Garavano blanqueó la preocupación del Gobierno por las derivaciones del Mani Pulite que ahora golpea sobre Cristina Kirchner y su núcleo de poder, pero que puede complicar a empresarios muy cercanos a Mauricio Macri, que realizaron negocios multimillonarios con la obra pública en la década pasada. 

"Nunca es bueno para un país que una ex presidenta caiga presa", declaró Garavano con cierto sentido común que hasta ahora parecía ausente en la primera línea del Gobierno, que miraba casi como espectador el espectáculo que se despliega desde los tribunales de Comodoro Py.

Garavano reavivó así el debate que cruza a la coalición oficialista de Cambiemos, respecto de cómo pararse frente al avance de fiscales y jueces en contra de la administración anterior, que podría desestabilizar al país si entra en una espiral como el Lava Jato brasileño y avanza sobre los grandes empresarios y banqueros que participaron del sistema que construyó el kirchnerismo.

Nunca es bueno para un país que una ex presidenta caiga presa, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmando las presunciones de un giro del Gobierno de Macri que quiere cortar cuanto antes el incipiente Mani Pulite.

Una fuente del Gobierno explicó a LPO los riesgos que perciben: "La investigación sobre las operaciones de blanqueo de dinero de Lázaro Báez, puede llevar a descubrir un sistema que prácticamente involucró a todos los empresarios de obra pública y sus derivaciones serían explosivas". Es decir, el presunto testaferro de los Kirchner no es el problema, el problema es que a través de él quede expuesto un sistema que involucraría a las principales empresas, que necesita el presidente Macri para poner en marcha su plan.

LPO había advertido que era un camino riesgoso para Macri el fogoneo a las acciones judiciales contra la ex Presidenta. Es que el proceso puede ingresar en un peligroso círculo de paranoia y vale todo, justo en un clima económico delicado donde empiezan a sentirse con fuerza las protestas sindicales.

La posición de Garavano viene a dar respuesta, acaso, a un llamativo parate en el avance sobre Julio De Vido, el hombre que está involucrado de alguna u otra manera en todas las sospechas de corrupción de la era kirchnerista, por la sencilla razón que fue el ministro que en esos doce años adjudicó y pagó las obras.

Los tribunales federales se convulsionaron los últimos días cuando trascendió que un magistrado tuvo que suspender a último momento un allanamiento al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, aparentemente por presión política del Gobierno, como reveló LPO.

El ex ministr Julio de Vido en los tribunales federales de Comodoro Py.

DyN

La marcha atrás sobre De Vido alimentó la sospecha de un pacto entre el ex funcionario y el Gobierno, con el antecedente de que el macrismo no hizo nada por rechazar la designación del diputado como titular de la estratégica comisión de Energía en la Cámara baja. Hoy el ministro Garavano lo puso en blanco sobre negro.

"Yo creo que eso nunca es bueno. Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos", dijo Garavano en una entrevista con Perfil, consultado sobre si creía que es bueno o malo para el país que Cristina Kirchner esté presa.

Esta situación agudiza la contradicción de impulsar una enorme embestida contra Lázaro Báez por la corrupción con la obra pública, y no apuntar contra los jefes del empresario o al menos los que desde el poder posibilitaron su exponencial crecimiento patrimonial. 

A la presunta orden de pisar el freno en lo que respecta a De Vido, se le suma ahora un explícito "pedido de prudencia" del Gobierno a los jueves que investigan a Cristina.

Es que la citación como imputada de la ex Presidenta a los tribunales de Retiro, sin duda golpeó al Gobierno, que vio cómo Cristina retomaba la agenda mediática y convertía una debilidad en puro rating para su proyecto político personal.

Cristina Kirchner en el acto en los tribunales de Comodoro Py.

Télam

El inconveniente es que el Gobierno debe esperar mucho más que eso. Cristina está imputada en la causa conocida como "ruta del dinero K", por supuesto lavado de dinero, pero también en una nueva causa "Los Sauces", por falsificación de documentos públicos. Sin mencionar la causa Hotesur, donde está prácticamente probada la corrupción.

El problema que enfrenta el pedido de prudencia de Garavano a los jueces que investigan a Cristina es que la ex presidenta enfrenta numerosas causas y por ejemplo en Hotesur, está prácticamente probada la corrupción.

“Es un suicidio colectivo, hay una sobredosis de Comodoro Py”, había advertido el fiscal Jorge de Di Lello al aludir a la judicialización de las disputas políticas que buscan una resolución en los tribunales. Di Lello fue justamente el fiscal que debió pronunciarse sobre la hora de finalización del mandato de la ex Presidenta por las diferencias en torno a la asunción de Mauricio Macri ante el Congreso, a fines de 2015.

Este insólito episodio, tal vez, haya dado un punto de inicio a la extrema judicialización de la política que acaso ahora Macri quiere detener, conciente que está en las puertas de un proceso de consecuencias impredecibles.

El caso de Brasil bien puede tomarse como el testigo vecino de un proceso que amenaza no sólo con devorarse a todo el sistema político, sino que ya logró detonar a la que era la economía más pujante de Latinoamérica.