La Justicia Federal dio inicio a una investigación por presunto lavado de dinero contra la expresidenta Cristina Kirchner por negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el fiscal Carlos Rívolo imputó a la exmandataria y a su hijo Máximo Kirchner por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Tras el impulso fiscal, el juez Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación, que se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

Según la denuncia de Stolbizer, tras 2008, la firma Los Sauces, integrada por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, empezó a alquilar distintos inmuebles a Báez y López, "empresarios vinculados de la obra pública".

Pese a que "en 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades, ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones", al año siguiente "las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos".

"Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios", según la denuncia.

"Que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años", subrayó Stolbizer.

Además, acusó de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta en los últimos años, y de allí la imputación por falsificación de documentos públicos.

Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que la causa quedara en poder de Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas presentadas entre 2010-2013.

Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur, junto con las inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner durante ese año, quedaron a cargo del juez Julián Ercolini, tal cual lo resolviera la Cámara Federal.