En la Casa Rosada hay bronca con el secretario de Empleo, Miguel Ángel Punte, por el proyecto de Primer Empleo que le presentó a Mauricio Macri tras semanas de demoras y que tuvo que ser modificado de apuro, lo que obligó al Presidente a presentar algunas líneas generales sin tener la letra definitiva.

Punte es un ex director de Recursos Humanos de Ternium Siderar, una de las firmas del Grupo Techint de Paolo Rocca, que llegó a la administración pública en diciembre pasado como tantos otros ejecutivos de grandes empresas.

La relación entre Rocca y Punte tuvo idas y vueltas, al punto que el empresario italiano lo habría echado y vuelto a contratar en un par de oportunidades. El ahora funcionario es considerado una especie de filósofo, muy culto (acaso porque también es profesor en la UBA), al que Rocca metió en Recursos Humanos como una especie de coach, un motivador. Bien al estilo PRO.

Pero Punte no es abogado ni experto en políticas de empleo, como requiere su cargo. Esto quedó en claro apenas tuvo que cumplir con el primer encargo que le hizo Macri apenas asumió: el programa de primer empleo que había prometido durante la campaña.

Miguel Punte habla en un acto del Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo

Tras casi cinco meses de gestión, a Punte lo apuraron en los últimos días para que entregue el proyecto, que Macri necesitaba para contrarrestar el embate del kirchnerismo y el Frente Renovador con las leyes para suspender despidos. El ex Techint entró en crisis y presentó un texto que repetía en líneas generales uno que en 2008 lanzó el kirchnerismo.

El que más se enojó fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que tiene a cargo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Quintana le reprochó a Punte que el proyecto tenía errores básicos y no tenía ninguna idea nueva, ya que el texto solo planteaba algunas exenciones impositivas y condonar multas a empresas que tuvieran trabajadores en negro.

Tras cinco meses dandole vueltas al tema, Quintana estalló y le exigió a Punte que le entregue el proyecto, que era poco más que un refrito de una mala ley del kirchnerismo del 2008.

Ante el fastidio de Quintana y el apuro de Macri, el ministro Jorge Triaca tuvo que intervenir y encargarle a su equipo que haga un proyecto nuevo, casi de urgencia. De hecho, el texto definitivo todavía no estaría terminado, aunque en la cartera laboral dijeron a LPO que está tarde ingresará al Congreso.

Esa es la razón por la que ayer en la presentación Macri apenas dio unas líneas generales, sin precisiones sobre los detalles del programa. No las tenía. Tampoco esas precisiones fueron informadas luego por Presidencia, algo que hace habitualmente cuando se presenta un proyecto.

Por caso, no se habrían hecho los cálculos del costo fiscal del programa -"esfuerzo" como le gusta decir a los funcionarios del PRO-, un tema clave para finiquitar los beneficios reales que tendrá. Se trata de un punto sobre el que el aparato comunicacional del Gobierno suele hacer hincapié cada vez que anuncia beneficios sociales, pero en esta oportunidad no se mencionó. La razón es que ni Hacienda ni la AFIP lo habrían analizado.

Así las cosas, en la cartera laboral y las otras dependencias afectadas están trabajando contrarreloj para llevar el texto final al Parlamento y no dejar en ridículo el pedido que Macri le hizo ayer a los legisladores: “Espero que el Congreso trate este proyecto lo antes posible”.