Dos proyectos de ley, uno con origen en la Cámara de Diputados y otro con origen en la Cámara de Senadores, proponen limitar los despidos tras la perdida de 120 mil puestos de trabajo en los primeros cuatro meses del año. Ambos proyectos declaran la emergencia ocupacional en todo el país.
Aunque tienen diferencias, ambos proyectos plantean que se dupliquen los costos de despedir trabajadores y que el Estado desista de la política de "reordenamiento" a cargo del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Uno prohíbe los despidos sin justa causa por 180 días. El otro los prohíbe desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 y obliga a la renovación automática de los contratos laborales con vencimientos.
Sin embargo, las Pequeñas y Medianas Empresas que hace pocas semanas llamaban la atención sobre los efectos del tarifazo sobre la rentabilidad del sector y advertían sobre la cantidad de puestos de trabajo en riesgo, hoy se oponen a esta medida.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) emitió hoy un llamado a diputados y senadores a "evitar avanzar con iniciativas que podrían convertirse en un remedio peor que la enfermedad".
"La UIPBA considera que cualquier iniciativa que impulse una doble indemnización podría derivar en niveles alarmantes para las PyMES, especialmente en las más pequeñas, que provocaría el cierre definitivo de muchas", señaló el organismo que representa a de 35 mil pymes y entidades empresariales.
Según los industriales bonaerenses, es cruvial que el Estado aplique “políticas activas” destinadas a paliar la situación de caída de la producción y el consumo. En especial, bajar "las altísimas tasas de interés del mercado" y dar incentivos fiscales que reviertan en impacto del ajusto tarifario que "se viene aplicando en forma muy dura y eleva los costos de las pymes a la estratósfera". la economía está trabada porque el Estado se endeuda a tasas exorbitantes. Esto lleva a muchas pymes a gastar recursos en el sistema financiero que deberían destinarse a la producción y el emple
"La UIPBA considera que la economía está trabada en buena medida porque el Estado se endeuda a tasas exorbitantes. Esto lleva a que muchas pymes deban financiarse al 70% anual o más, transfiriendo recursos al sistema financiero que deberían destinarse a la producción y el empleo."
Por su parte, representantes de las diferentes ramas sectoriales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron con el diputado Pablo Kosiner, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, en la que le manifestaron su alerta ante el proyecto de ley de declaración de Emergencia Pública en Materia Ocupacional.
Además, solicitaron la exclusión de las PyMES de la medida mediante una serie de peticiones entregadas a los diputados y senadores vinculados a ambos proyectos de ley.
La CAME y la UIPBA no estuvieron solas en su oposición al proyecto de ley. Hoy la Cámara Argentina de Comercio (CAC) consideró que esos proyectos "resultan inoportunos y faltos de fundamentos, ya que, si bien existe una emergencia económica, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país".
La CAC argumentó en un comunicado que "si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos las que contribuirán a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas" y advirtió sobre las complicaciones adicionales que traerá la ley por la elevación de "los índices de litigiosidad y conflictividad".
"Aun cuando se reactive firmemente la economía, en virtud del ingreso de un flujo de inversiones, si existe una prohibición para el empleador de despedir, difícilmente lo alentará a incorporar personal aún cuando por las razones antes mencionadas se torne necesario hacerlo", alegó la CAC.
Y aunque uno de los proyectos de ley obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y el otro cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, los proyectos difícilmente vean la luz. El presidente Macri ya se mostró en contra por considerar que promueven el desempleo y el empleo informal.
Una fuente del Gobierno informó a Ámbito que "Si avanza el proyecto que establece el doble despido, el Gobierno tiene las herramientas para impedir su aplicación". De esta forma se corroboró que Macri piensa vetar una ley resultante de estos proyectos de ley.
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