Horacio Corti
"El gobierno no tiene una política habitacional"
En diálogo con LPO, el Defensor General de la Ciudad cuestionó al Tribunal Superior.

Horacio Corti es el Defensor General de la Ciudad desde hace dos años y lleva adelante varios juicios contra el gobierno porteño por la emergencia habitacional de las villas y asentamientos.

Ex camarista del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Corti recibió a LPO en su oficina de San Telmo y se refirió al déficit de vivienda que padecen los porteños pese a que la población es prácticamente la misma desde 1947.

Además cargó duramente contra algunos de los fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la última instancia judicial de la Ciudad, en materia de seguridad.

¿Qué juicios lleva adelante la Defensoría?

Nuestro eje central es la defensa de los derechos y en ese camino estamos litigando varios casos ante los tribunales, con diferente suerte. Muchos casos están vinculados a la problemática estructural de vivienda de la Ciudad. Es notorio que la Ciudad tiene un déficit de vivienda muy claro y a su vez una ausencia de políticas estructurales de vivienda. Eso no es tanto una opinión política sino una cuestión objetiva. 

En las últimas administraciones no fue una prioridad el déficit de vivienda y como no fue una prioridad no hubo políticas para solucionar la vivienda. Básicamente hay una política de subsidios habitacionales, pero es claro que esa política no es la que ha dado una solución al problema, sino simplemente para paliar la situación, y a su vez es muy insuficiente. Ahí nosotros tenemos una línea de discusión y de juicios con el gobierno porque el subsidio es insuficiente. 

El régimen de subsidios es limitado en el tiempo: a una persona se lo dan por 10 meses y luego se lo dejan de dar sin generar en ese período ningún mecanismo para que esa persona se inserte en el mercado de trabajo o alternativamente encuentre una situación definitiva de vivienda. Entonces hay una contradicción, es una medida insuficiente, transitoria y que cuando concluye no soluciona el problema. Ahí tenemos toda una discusión en los tribunales, que es una larga historia que tiene la Defensoría desde los inicios de su gestión. 

En general hay una visión positiva de los jueces, más restrictiva del Tribunal Superior. En cuanto a lo más estructural, nosotros somos abogados de muchas villas, barrios, comunidades donde a diferencia del caso de los subsidios, donde son juicios individuales, acá somos patrocinantes de todo un barrio. Un caso que estamos llevando es la urbanización de la Rodrigo Bueno. Somos abogados de la junta vecinal y de todo el barrio en sí mismo.

¿Qué significa urbanizar?

Urbanizar suena muy abstracto. Significa que hay un barrio en un lugar de la Ciudad y que tiene condiciones precarias de existencia. Entonces urbanizar significa pasar de la precariedad a ser como cualquier otro vecino de la Ciudad: en vez de tener un agua que llega por un caño precario y que no es potable, a tener agua potable; a tener recolección de basura; a tener un tendido eléctrico; a que haya calles construidas y cuidadas; que haya espacios verdes. 

Es decir, que los vecinos que viven en ese lugar, tengan el acceso a los servicios y el derecho a la Ciudad al igual que un vecino de cualquier otro barrio. Urbanizar significa cambiar el statu quo, porque si no se urbaniza el barrio las personas siguen viviendo ahí, no hay un desalojo del lugar. En la Rodrigo Bueno hay familias que viven hace 30 años ahí, que han tenido hijos, que han construido su vida en ese lugar, como sucede en todas las villas y asentamientos de la Ciudad.

¿En qué situación está la Rodrigo Bueno?

La jueza de primera instancia Elena Liberatori hizo lugar a la urbanización. Lamentablemente la sala II de la Cámara dijo que no. Me gustaría destacar el voto en disidencia de la doctora Daniele, que de la Cámara fue la única que fue a visitar el barrio y los vecinos dicen que la única que los fue a ver fue quien votó a favor. 

Esa sentencia nosotros la recurrimos ante el Tribunal Superior y es lo que estamos ahora esperando que se resuelva. Paralelamente, al TSJ le hemos pedido por la trascendencia institucional que tiene el problema, una audiencia pública. Muchas organizaciones de la sociedad civil, de la más diversa índole e ideología, desde el Cels, Acij, el instituto Gino Germani de sociología, también la Facultad de Arquitectura, se presentaron y pidieron ser amicus curiae. El TSJ rechazó el pedido de amicus curiae y el pedido de audiencia pública, que la verdad que son decisiones que nosotros vemos muy negativamente.

¿Cuál fue el argumento?

Por un lado, con los amicus curiae, que no está regulado, y que a su vez el gobierno de la Ciudad no aceptó la participación. Pero en términos procesales nosotros habíamos pedido que se le dé traslado al gobierno d la Ciudad, a lo que el Tribunal dijo que no. Es un tecnicismo que además se produce en el momento en el cual si bien son del mismo signo político cambió el gobierno de la Ciudad, cambió el Procurador, entonces parece racional que se le haya dado un traslado formal, para que expresamente dé la conformidad o expresamente diga que no. 

Pero como no se le dio ese traslado, no es que es se le presentó el expediente y el gobierno dijo que no. En cuanto a la audiencia pública dijo que ya estaban todas las piezas en el expediente y que el juicio ya se había demorado lo suficiente. Pero la verdad es que los que piden la audiencia pública son los propios interesados, que son los que han sufrido durante décadas que el Estado no se ocupe de ellos y no les solucione la situación. Es como algo paradójico, porque en definitiva los que sufren el factor tiempo son ellos mismos. 

Es interesante para reflexionar que es una comunidad que eligió una vía institucional muy sofisticada, porque hizo una acción de amparo y le fue a solicitar a los jueces que les satisfagan lo que ellos consideran sus derechos. Es decir que no han hecho un reclamo puramente político, sino que utilizaron vías institucionales sofisticadas. En ese marco pedir una audiencia pública significa que más allá de que pueda estar todo en los papeles, hay una problemática que ellos consideran que tiene que ser escuchada por toda la ciudadanía, porque es diferente que un debate transcurra en el papel a que transcurra en una audiencia pública que pueda ser presenciada por los medios, que pueda ser filmada, que genere otro en la opinión pública y en los medios de comunicación. 

Urbanizar no es dar simplemente un título de propiedad 

Puede ser que eso sea visto simplemente como un espectáculo, pero la verdad es que no fue esa la idea de los vecinos. Tenemos un antecedente que es la política institucional judicial que ha llevado adelante la Corte Suprema en los últimos años. Y es que ha generado justamente un régimen de amicus curiae, lo ha puesto en práctica y en casos de trascendencia institucional ha realizado audiencias públicas. Y no hay una regulación del Congreso nacional sobre el funcionamiento de la Corte: es la conciencia jurídica de los miembros de la Corte que han dicho “hay que abrir la Justicia a la sociedad” y a pesar de todos los riesgos que implica realizar audiencias públicas consideraron que eran mayores los beneficios. 

En el caso Mendoza, la discusión sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, en la discusión de la Ley de Medios, en muchas otras cuestiones han hecho audiencias públicas. Eso creo que favorece la deliberación pública y no prejuzga sobre lo que luego va a definir la Corte. Acercar la justicia a la comunidad es importante y sobre todo que lo haga la última instancia: la Corte como última instancia federal, pero en el ámbito de la Ciudad es el Tribunal Superior. Es muy bueno que los vecinos conozcan que hay un Tribunal Superior y que conozcan estos debates que tienen otros vecinos en la Ciudad.

¿Cree que el Tribunal está actuando bajo presiones del Ejecutivo?

No, para nada. Creo que es la visión que tiene el Tribunal sobre un modelo de Justicia, que lo tiene la Corte y no lo ha hecho bajo presión. Son tribunales independientes que tienen su manera de entender la política judicial. Creo que hay un contraste muy grande en cómo ve la política judicial la Corte Suprema en estas cosas que se refieren al propio trámite de las causas. Muestran algo que el propio Lorenzetti habla en términos de justicia abierta. 

Recientemente el ministro de Justicia nacional Germán Garavano presentó su proyecto de Justicia 2020 y uno de sus lemas es la justicia abierta. Entonces más allá de las presiones y demás yo creo que hay una sintonía entre esa visión de la justicia abierta que tiene el gobierno nacional y que tiene la Corte Suprema y que no comparte el Tribunal Superior en la Ciudad, que tiene una visión mucho más tradicional de la justicia. Una justicia donde las cuestiones transcurren en los papeles, no hay debates públicos y no interviene la sociedad civil a través de algunas figuras como la de amicus curiae que ya no es tan novedosa, tenemos ya décadas de experiencia de este tipo de figuras a nivel nacional y en el ámbito internacional. Me parece que la urbanización de un barrio de la Ciudad es algo que tiene trascendencia pública.

¿El resto de las villas se ha acercado a la Defensoría?

Sí, en diferentes barrios y asentamientos llevamos a cabo juicios que tienen un diferente avance y diferente suerte. Todo eso a su vez porque tampoco hay una política del gobierno de la Ciudad de urbanización.

Hubo promesas en la campaña…

Hay promesas. Hay un régimen legal que ya tiene muchos años en la Ciudad y que dispone que con respecto a los barrios la política legislativa es la urbanización. Eso está decidido legislativamente, en contraste con lo que sucedía en la dictadura cívico-militar que la postura era la erradicación. La Legislatura con la ley 148 estableció que la política es urbanizar. Eso luego no se llevó a cabo, no se llegó a implementar. La administración tiene un intento de urbanización pero para nosotros esa visión que hay es muy cuestionable. 

En algún lugar se está tratando de llevar a cabo sin poner el énfasis en el derecho a la Ciudad y que ese barrio tenga los servicios y esté integrado a la vida urbana –que es una expresión que utiliza la Iglesia, no tanto urbanización sino integración-, y luego de que esté concluido ese proceso uno puede pensar el punto final que es cuál es el tipo de derecho real que tienen las personas que viven ahí para asegurar la tenencia del bien que ocupan. 

Pero eso es diferente a partir de una distribución originaria de derechos de propiedad sin tener en cuenta la forma de vida de la gente del barrio, cuál es la arquitectura urbana, cuál es la organización familiar y desvinculándose de algo que es previo que es el trazado urbano, el acceso a los servicios y los espacios verdes. Urbanizar no es dar simplemente un título de propiedad. Tal vez uno puede imaginar otro tipo de formas de dominio que son mucho más acordes a la vida que transcurre en esos lugares. Es una visión muy privatista e individualista de la problemática.

¿Qué otro tipo de dominio?

Puede ser que lo que finalmente se otorgue sea el título de propiedad pero eso es el paso final de todo un proceso que tiene muchísimas otras partes anteriores y donde para nosotros y para la ley es esencial la participación de todos los vecinos. Porque la ley de urbanización es la establece las juntas vecinales, los procesos electorales, es la que establece que se formen mesas de urbanización con participación múltiple. Entonces es un proceso muy diferente al simple hecho de otorgar el título de propiedad. 

Por otro lado hay experiencias internacionales en las que el proceso de dar título de propiedad lo que hace es mercantilizar la situación que luego genera la disgregación de los barrios, la introducción del mercado, es decir, otro tipo de mecanismos diferente a lo que llamamos propiamente integrar esas personas a la Ciudad. 

Por otro lado tenemos otra actuación en la villa 21-24, en Lamadrid y en las villas adyacentes al Riachuelo, porque ahí nosotros somos abogados de todas las personas que están afectadas por el caso Mendoza. Ese caso lo que dijo es que toda la cuenca Matanza-Riachuelo está en un estado de riesgo ambiental. Entonces eso implica por un lado remediar la situación ambiental propiamente dicha. 

Pero por otro lado realizar toda una serie de acciones con respecto a las personas que viven de manera precaria en esa zona. Eso ha implicado que gran cantidad de familias que viven en el camino de Sirga deban ser relocalizadas. Pero eso significa que se les debe asegurar su derecho a la vivienda, no significa que las personas como si fueran un objeto puedan ser pasadas de un lugar a otro. Es también para nosotros todo un proceso de participación, de información y de que el resultado final sea asegurar el derecho a la vivienda, situación que no está ocurriendo lamentablemente.

¿Por qué?

Porque por un lado se cumple muy poco. Se ha cumplido el 20 por ciento la sentencia, con respecto a la relocalización. Las viviendas que se han construido tienen enormes defectos de todo tipo y hay riesgo a la salud, al punto tal que los propios vecinos que no han sido relocalizados dicen “para relocalizarme así me quedo donde estoy”, con un riesgo ambiental, viviendo al lado del Riachuelo.

¿Ese 20 por ciento dónde fue relocalizado?

En el barrio Mugica. Se han construido distintos complejos, y esos complejos no cumplen ningún estándar mínimo de habitabilidad.

¿Los sacaron de una situación de riesgo ambiental y los llevaron a un asentamiento?

Exactamente, pasaron de una precariedad a otra. Esa es una tarea que estamos llevando a cabo de cientos de familias que nosotros patrocinamos. Ahí es importante por un lado el resultado final pero también el proceso, porque las personas no son cosas que se pasan de un lugar a otro. Ellos tienen derecho a saber en qué momento van a ser relocalizados, de qué forma, porque de esa manera pueden planificar su vida. Hay una cuestión de derecho a la información y en segundo lugar de participación, de en ese proceso poder dar su voz, su opinión.

¿Qué implica el derecho a la vivienda?

El derecho a la vivienda incide en todos los otros derechos, porque si uno tiene una vivienda donde hay hacinamiento, eso incide en las condiciones de salud; si uno no tiene agua potable incide en las condiciones de salud; si uno tiene malos tendidos eléctricos hay riesgo de vida; si uno no tiene un sistema cloacal hay posibilidades de accidente; si uno vive hacinado las condiciones para que los chicos estudien son mucho menores y así sucesivamente. 

Las pistolas Táser son un instrumento que implica la tortura. 

Es un derecho que afecta al ejercicio de todos los otros derechos. La prueba de eso es que comparemos cada uno de nosotros con nuestra propia vida. Uno transcurre su vida en el ámbito laboral o en el ámbito de su hogar. Entonces si uno no tiene un hogar digno, gran parte de su vida no transcurre dignamente, imagínese si a su vez las personas no tienen trabajo o tienen precariedad laboral. La vida así no sólo es difícil sino que se violan derechos claramente reconocidos por la Constitución.

¿La respuesta del gobierno en estos temas es nula?

Cuando es positiva es puntual: hay una política puntual de los subsidios, pero a su vez es escasa. Con respecto a los barrios no hay una política de urbanización consistente y en todo caso hay respuestas puntuales ante problemas en particular y luego hay respuestas ante las acciones judiciales. El gobierno en este punto va haciendo en la medida que haya decisiones judiciales que exijan el cumplimiento del orden legal y constitucional de la Ciudad. 

Hay casos en los que hay leyes en las que se establecieron políticas concretas como en los complejos de Soldati, que lamentablemente cuando hubo el accidente, eso aceleró los tiempos. Pero la verdad es que ahí había obras que debía haber hecho el gobierno. Había una ley y actas que detallaban las obras que había que hacer. Y luego de esa situación trágica y de una pluralidad de decisiones judiciales que nosotros incitamos es que esa situación se va revirtiendo.

Si no hay un conflicto no se avanza.

Por eso también hay un argumento que algunos jueces más conservadores y a veces el Tribunal Superior sostiene, y es que nosotros con estas acciones nos inmiscuimos en la política habitacional del gobierno y la verdad que no es así, porque no hay políticas. Entonces no estamos perturbando, como si el gobierno quisiera ir hacia un lado y nosotros dijéramos que queremos que vaya hacia otro. En realidad no hay ninguna política y entonces lo que nosotros solicitamos es que se cumpla la legislación existente, que finalmente es la política que estableció el organismo republicano que es la Legislatura.

Al mismo tiempo el mercado inmobiliario es prácticamente incontrolable. Quienes tienen vivienda también sufren la suba de alquileres y expensas. ¿Tienen denuncias en ese aspecto?

En la Ciudad también se da esa situación muy compleja que es que aumentó la construcción de viviendas pero no se solucionó el déficit habitacional. Entonces, en cierto sector significa que siguen viviendo en la precariedad y en otros sectores sociales significa que las personas en vez de ser propietarias –porque tampoco hay un mecanismo para acceder a la propiedad- les aumentan las locaciones. Entonces también hay una gran problemática respecto a las locaciones. 

Tampoco es un mercado regulado, es simplemente la oferta y la demanda. La población se ha mantenido constante y el déficit habitacional ha aumentado y la construcción ha aumentado también. Es un fenómeno sociológico complejo y que muestra que la Ciudad no sólo no tiene una política habitacional para las personas que viven en villas y asentamientos: no hay una política habitacional en general y yo diría que no hay una política sobre el derecho a la Ciudad en ese aspecto, algo un poco más profundo. Hablamos en términos del derecho a la Ciudad en la medida en que las personas tienen derecho a disfrutar de la Ciudad en igualdad de condiciones y el conjunto de servicios que tiene la Ciudad. Y eso requiere a su vez una política integral. Creo que eso es lo que está faltando hoy en día y eso no es compensado por la libertad de acción de las personas a través de una actividad mercantil.

¿La Defensoría tiene una postura sobre la Agencia de Bienes del Estado que impulsa el PRO para vender terrenos públicos?

Nuestra postura es poner el eje sobre el derecho a la Ciudad y que cualquier propuesta política debe respetarlo. Luego puede haber una política u otra que puede ser más o menos afín a la que nosotros consideremos.

Seguridad

La Defensoría se pronunció contra la habilitación de la Justicia para que la Policía pueda pedir el DNI en la calle a cualquier persona. ¿Por qué?

Hay varias cuestiones conflictivas al nivel de la regulación penal y de la seguridad pública en el ámbito de la Ciudad. Esa fue una decisión que nos preocupó mucho. Es una decisión del Tribunal Superior, en el caso Vera. Consideramos que esa decisión es contraria a todo nuestro ordenamiento jurídico y a toda nuestra experiencia jurídica de los últimos años, porque la historia de la averiguación de antecedentes ha tenido todo un derrotero en la historia argentina que condujo a situaciones trágicas: tenemos el caso Bullacio, la decisión de la Corte Interamericana y tenemos la propia decisión legislativa en su momento con la reforma Lázara. Todo eso implicó que esa no sea una potestad concedida a la Policía y sin embargo el TSJ haciendo una interpretación muy artificiosa de nuestro punto de vista, considera que es una potestad de las fuerzas de seguridad. 

Nos preocupa porque esa decisión fue hecha pública en el mismo día en el cual se dispuso la transferencia de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. Es preocupante porque es una detención: es detener a una persona en la vía pública y detener para requerir documentos al azar es algo que nuestro ordenamiento no lo permite. Además en nuestro ordenamiento no hay ninguna obligación expresa que nos imponga ejercer nuestra libertad ambulatoria por el espacio público con una identificación. 

En todo caso se requiere una identificación para hacer actuaciones administrativas o jurídicas específicas. Si uno va a hacer una actividad bancaria se le requiere identificación, y uno no es detenido si no la tiene, sino que no puede realizar el trámite que quería realizar. Lo mismo si uno quiere cruzar una frontera: si uno no tiene el documento, uno no cruza la frontera, no es detenido. Para nosotros es muy preocupante, vamos a seguir el debate en la Corte Suprema.

También se pronunciaron contra la habilitación de las pistolas Táser.

La administración local pretendió hacer una licitación de estos instrumentos y nosotros consideramos que es un instrumento que implica la tortura. Entonces no es un tipo de arma que deba ser usada en el ámbito de la Ciudad. La primera instancia y la Cámara en este caso confirmaron que no podían ser utilizadas estas armas y el Tribunal Superior revocó esa decisión. 

Lo mismo sucedió en la detención: un juez de primera instancia dijo que no era legítimo, la propia Cámara Penal de la Ciudad dijo que eso no era legítimo y eso fue revocado por el Tribunal. En el caso de las Táser lo llevamos a la Corte Suprema y lamentablemente dijeron que esa problemática no tenía interés. Para nosotros, lejos de eso, es algo que tiene excesivo interés.

Es decir que hoy el gobierno sigue habilitado para comprar estas pistolas.

Exactamente, el gobierno dice que ya no lleva a cabo esa licitación, pero podría llevarla a cabo. Entonces no es una situación abstracta. Hay actos que podrían ser llevados a cabo y nosotros consideramos que es jurídicamente legítimo que los vecinos de la Ciudad sepan que ese tipo de instrumentos no pueden ser usados, porque ya hubo una vez que se intentó hacerlo, entonces podría intentarse nuevamente. Dejar sin efecto la licitación es como un subterfugio que no concluye una discusión jurídica que estaba ocurriendo. De acá a seis podría iniciarse una nueva licitación y sería absurdo que iniciáramos un nuevo proceso.

¿Qué postura tiene la Defensoría respecto del protocolo antipiquetes que diseñó el Gobierno nacional?

También hemos intervenido cuando se realizó la movilización de la CTA (el 24 de febrero). Hicimos un hábeas corpus por algo muy preciso: el mismo protocolo cuando se aplique en los ámbitos locales va a tener que ser aplicado por las autoridades locales y de acuerdo al orden constitucional y legal local. Esa movilización de la CTA se realizó en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad. Entonces es competencia de la Ciudad. Más aún: en ese momento ya se había transferido la Policía Federal. O sea si intervenía la Policía Federal lo hacía bajo la dirección del gobierno de la Ciudad.

Entonces más allá de lo que uno pueda pensar del protocolo, ese protocolo tiene que ser adaptado al orden local. Tiene que ser aplicado por las autoridades locales, entonces para nosotros debía intervenir el ministerio Público Fiscal local y toda la situación tenía que ser dirigida por una autoridad política local que sea la responsable del operativo de seguridad en ese caso. Para nosotros no podía estar a cargo de la policía misma. 

A su vez nosotros consideramos que no debían utilizarse armas de fuego, motivo por el cual iniciamos ese hábeas corpus por el cual una jueza nos dio en parte la razón y la Cámara revocó esa decisión con un argumento que en algún sentido nos daba la razón, porque decían que el protocolo no estaba publicado, entonces como no está publicado la consecuencia es que no está vigente y no es aplicable. Esa decisión de la Cámara era contradictoria con el discurso público que decía que era la primera oportunidad en la cual se iba a aplicar el protocolo. Desde nuestra óptica, si no se aplicaba el protocolo no había una invasión a la autonomía local, que era lo que considerábamos que debía ser respetado.

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