La emergencia estadística del Indec devino en un apagón de datos con efectos tangibles sobre la economía real. Por ejemplo el CER (coeficiente de estabilización de referencia), un dato que se usa para ajustar las deudas del Estado con los acreedores de los bonos Par, Cuasipar y Discount, depende del índice de precios (IPC) del Indec.

Ante ese vacío, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, resolvió que para el CER se utilizaran el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y el índice de la provincia de San Luis, ambos avalados por las autoridades del Indec que conduce Jorge Todesca.

La manipulación del CER le causó sólo en febrero y marzo una pérdida de 4.000 millones de pesos al FGS de la Anses, el fondo que debe garantizar el pago de las jubilaciones.

El problema es que Hacienda utilizó primero el indice de la Ciudad porque le daba más bajo, y la semana pasada optó por apelar al de San Luis porque arrojó una drástica rebaja de la inflación que lo ubicó casi a la mitad de su par porteño. Esa decisión de Hacienda tira para abajo la ganancia de los bonos, incluidos los que tiene en su cartera la Anses para defender la rentabilidad del dinero de los jubilados.

Por eso un grupo de diputados del justicialismo solicitó hace un mes al Ejecutivo que informara a la Cámara de Diputados, acerca de que "fundamento jurídico se tuvo en cuenta para utilizar como motor de cálculo la base de variación diaria de la evolución mensual del índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar a los bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), apartándose de la obligación legal de utilizar el índice nacional que debiera elaborar el Indec."

La ultilización del IPC más bajo en ese momento había levantado sospechas entre los dueños de bonos afectados por ese coeficiente y abría la posibilidad de nuevos juicios al Estado por parte de los bonistas.

Por eso, los diputados también pedían al Ejecutivo que "indique si ha evaluado, contemplado y cuantificado las consecuencias legales de este accionar teniendo en cuenta que el Estado argentino tiene aproximadamente 20.000 millones de pesos en bonos, (bonos Par que se cancelan en el 2038 y bonos Discount que se cancelan en el 2033) y numerosos contratos bancarios que ajustan por CER."

La solicitud de los diputados al Ejecutivo no tuvo respuesta hasta hoy, pero cobró relevancia cuando, esta semana Alfonso Prat Gay, firmó una resolución ministerial cambiando el IPC de la Ciudad por el IPC de San Luis.

Alejandro Rodríguez, director del Departamento de Economía del CEMA, estimó que la modificación del CER mediante este artilugio representa una quita para los bonistas cerca de $2.900 millones, considerando que el saldo de la deuda ajustada por CER al 31 de diciembre eran US$ 15.700 millones, de acuerdo con las cifras oficiales.

Las razones del cambio

“El cambio no lo hicieron porque en febrero dio más baja la inflación de San Luis, sino porque en los próximos dos meses la inflación en la Ciudad se va a disparar y quieren ahorrarse esa plata", dijo un consultor a LPO que prefirió reservar su nombre respecto de esta opinión.

La apreciación tiene sentido, ya que en los próximos meses impactará plenamente en el área metropolitana la suba dispuesta de transporte, agua y gas, lo que debería redundar en un aumento del índice de precios de la Ciudad.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, junto a su par de la AFIP, Alberto Abad.

Presidencia

Lo cierto es que de esa pérdida de rentabilidad de 2.900 millones, cerca del 60% están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses por lo que esto significa una pérdida para la Anses del $1.700 millones solo en función de febrero. "No son menos de $4.000 millones si se contempla marzo", agregó el consultor.

Sin pelos en la lengua, Alejandro Rodríguez evaluó que "esto es un nuevo default para la Argentina. Arbitrariamente están eligiendo un índice u otro, cuando no reconocen que si bien subió mucho la electricidad, durante años no subió. Y si no subía eso daba que el IPC era más bajo. Sólo estás reconociendo ahora todos los aumentos que no reconociste antes, es medio tramposo", dijo el economista a La Nación.

Y la palabra default no es casual. Mientras todos hablan de los hold-out, Prat Gay se olvida de los hold-in. Es que precisamente los bonos que se les dieron a los bonistas que entraron al canje en 2005 son bonos que ajustan por CER. Por lo que, aparte de los hold-in que residen en el exterior que no están cobrando por las medidas cautelares de los fondos buitres, los hold-in con bonos en pesos ven que, además de hacer aceptado una quita superior al 66%, ahora el Estado los vuelven a burlar recortándoles los intereses mediante la elección discrecional del índice que más le convenga a Hacienda.

"Los bonos se emiten por ley del Congreso. Son ley. No los podés modificar por una resolución ministerial. No me sorprendería que los privados estén haciendo cola para hacer juicios", concluyó un especialista en el tema.