La Corte de Apelaciones Nueva York le complicó los planes a Alfonso Prat Gay al demorar hasta el 13 de abril la resolución sobre el levantamiento de los embargos, un día antes de la fecha límite acordada con los fondos buitre para que Argentina le pague la deuda.

El llamado se conoció hoy a través de una nota encabezada del juez Robert Katsmann que fijó la audiencia para el miércoles 13 de abril para las 10 de la mañana hora de Nueva York (12 hora argentina). De esta forma, el tribunal no hizo lugar a un pedido de la Argentina para que la audiencia se celebre en la semana del 4 de abril, lo cual le hubiese dado al país el plazo mínimo necesario para realizar la emisión de bonos y el posterior pago a los holdouts.

El problema para el Ministerio de Hacienda es que el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados contiene un artículo que prohíbe expresamente que el país realice un pago a los holdouts hasta tanto la Corte de Apelaciones no levante los embargos. Se entiende que hasta que eso no suceda el Gobierno no podría realizar la emisión de bonos, con lo cual los tiempos serían imposibles. No obstante, Griesa ya dispuso que esa emisión no esté sujeta a ningún bloqueo.

La cartera de Prat Gay le restó importancia a la decisión de la Corte, y sostuvo que la fecha límite puede ser "ajustada de común acuerdo" con los buitres. "La fecha del 14 de abril prevista en el acuerdo con NML y otros fondos para el cierre de la operación no impide que, a la luz de la fecha estipulada por la Cámara de Apelaciones para la audiencia oral, pueda ser ajustada de común acuerdo con estos fondos, para que no pierdan su condición de acreedor con preacuerdo vigente y alcanzado antes del 29 de febrero", señaló Eugenio Bruno, abogado del Ministerio.

El letrado explicó a la agencia DyN que "una vez aprobada la ley (presumiblemente el 30 de marzo) y expedida la Cámara de Apelaciones acerca de la cautelar, Argentina le pagaría a todos los acreedores con los que llegó a un acuerdo, sin que la fecha del 14/4 opere como un impedimento".

La explicación de Bruno coincide con lo que fuentes del mercado financiero habían explicado a LPO acerca de la condición prevista en el acuerdo para que se levanten las cautelares antes de que Argentina pague la sentencia. “No es sólo el sentido común, sino que los acuerdos están sujetos al levantamiento del injunction. Si el fallo de la Cámara sale en contra, entonces los acuerdos se caen automáticamente”, detalló un analista de Wall Street.

El 26 de febrero Griesa dispuso que si la Argentina derogaba las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y además cumplía con la cancelación de los convenios firmados con los holdouts, antes del 14 de abril, quedarían sin efecto los embargos que impiden que el país abone los títulos de deuda reestructurada.

Los holdouts en búsqueda de mayores garantías apelaron a la Corte del Distrito que dispuso que el fallo de Griesa quede en stand by hasta que se pronuncie sobre los requerimientos que recibió.

Analistas jurídicos e incluso el mercado financiero descontaba que la Corte de Apelaciones fijaría la audiencia con la suficiente antelación para que la Argentina pudiera realizar la emisión de títulos, pero finalmente la convocó para un día antes de la fecha apuntada por Griesa y ahora se dispara una nueva controversia judicial.

Hoy, los holdouts presentaron por escrito sus argumentos en rechazo al fallo de Griesa, que luego serán explicados en la audiencia oral.

La decisión de la Corte es un golpe a los planes de la Casa Rosada luego de que ayer había recibido un contundente respaldo del Gobierno de los Estados Unidos, que se presentó como Amicus Curiae de la Argentina y respaldó la posición del país, solicitándole a la Corte de Apelaciones que apruebe lo actuado por Griesa.

Según el texto que fue presentado el miércoles, Estados Unidos respaldó "una rápida solución del conflicto" para facilitar el retorno de la Argentina al mercado de capitales. Además subrayó que "desde la toma de posesión del presidente argentino Macri en diciembre de 2015 la Argentina ha adoptado medidas importantes para normalizar sus relaciones con sus acreedores".

Al respecto, el abogado Bruno consideró que "el Amicus presentado por el gobierno de los Estados Unidos ratifica la necesidad de proceder con el levantamiento de todas las medidas cautelares para que Argentina pueda implementar los acuerdos de cancelación de deuda firmados con los distintos acreedores con el producido de una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales".