La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumergió en una nueva polémica al lanzar un nuevo protocolo antipiquetes que permite a las fuerzas de seguridad reprimir sin orden judicial y además no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El nuevo protocolo se lanzó ayer tras la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior, realizada en Bariloche, con presencia de los todas las provincias, excepto San Luis. Según la información oficial, el texto tuvo la “adhesión” del 80% de las provincias, aunque no se detalló quiénes lo firmaron y quiénes no.

El texto establece como primera instancia que "se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia". Pero esto último queda de lado a la hora de desalojar una protesta, ya que el protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a actuar sin esperar a una orden judicial.

Bullrich anunció que con el nuevo protocolo las protestas se desalojarán por la fuerza aún sin orden judicial, solo poniendo "en conocimiento" al magistrado.

"Resuelta positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación" y "retirarse". Si eso no sucede, "se procederá a intervenir y disolver la manifestación", solo “poniendo en conocimiento del magistrado competente”.

Bullrich lo clarificó esta mañana en una serie de declaraciones. "Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar", afirmó. "Si no se retiran se procederá a liberar la calle. Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", recalcó la ministra, es decir sin orden judicial.

La funcionaria aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario. "No podrán cortar las calles", indicó, y agregó que tampoco se aceptarán marchas sin aviso. "Deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente", explicó.

Armas de fuego

Uno de los temas más polémicos del nuevo protocolo es el uso de armas de fuego en manifestaciones, prohibido desde 2004. De acuerdo al texto, las fuerzas de seguridad federales y provinciales “dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.

Lo llamativo es que el texto no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego, como alertó el Cels. Las declaraciones de Bullrich al respecto también dejaron dudas. "Si sabemos que van a cortar la Panamericana, la primera línea de agentes tendrán armas no letales", afirmó respecto a las protestas “programadas”, sin dejar en claro que pasará con las “espontáneas”.

La represión a los trabajadores de Cresta Roja en Ezeiza.

Télam

En un comunicado, el organismo que conduce Horacio Verbitsky alertó que el protocolo “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ‘orden público’ por encima de todo”. Además, el Cels cuestiona que según el texto de Bullrich “la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”.

“El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones (…) Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles”, agrega el Cels.

Asimismo, alerta que el protocolo “limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales” ya que se restringe “el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”. “Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”, concluye el Centro de Estudios Legales y Sociales.

El protocolo establece que “se organizará” la tarea de los trabajadores de prensa para “desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada” para que “no interfieran con el procedimiento”. “El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”, aclara, como si de por sí hubiese motivos para hacerlo.