Mauricio Macri no quiso recibir a Estela de Carlotto pese a las gestiones de un sector de su gobierno y envió a su jefe de gabinete, Marcos Peña, a una reunión en Casa Rosada con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Carlotto fue acompañada por Tati Almeida y otras Abuelas y Madres que reclamaron por la liberación de Milagro Sala y manifestaron "preocupación" por "despidos masivos" y "achicamiento en lugares de trabajo".

El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y el ministro de Justicia Germán Garavano .

Carlotto manifestó su molestia por no haber sido recibida por el presidente, Mauricio Macri, calificó la reunión como "extensa, clara", y también admitió que "hubo momentos de discrepancia, donde nosotros nos sentimos muy preocupadas por los despidos masivos, por la detención de Milagro Sala, y la estructura de achicamiento en lugares de trabajo de derechos humanos".

Garavano, por su parte, aseguró que el Gobierno "ratifica la política del Estado en materia de memoria y justicia", aunque reconoció que "hubo puntos de coincidencias y algunos de divergencia".

Las organizaciones entregaron un documento a las autoridades nacionales, en donde solicitaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad; de la búsqueda de personas nacidas en cautiverio; de la búsqueda e identificación de los cuerpos de miles de desaparecidos; y de los sitios y espacios de memoria.

En el texto, también, reclamaron por que no se nombren represores en la nómina del Estado y por el funcionamiento del Congreso, y señalaron que "sus puertas cerradas en el debate de temas centrales de nuestro país, nos remite a períodos a los que los más de 40 millones de Argentinos ya dijimos Nunca Más", concepto que molestó a Peña por la comparación a la época de la dictadura militar, de acuerdo expresó Carlotto a los medios.

"Ellos expresaron su disenso, no les gustó la palabra Nunca Más que nos recuerda el Parlamento cerrado", afirmó Carlotto, y añadió que el objetivo del encuentro no fue "agraviar, sino dialogar, si hubiéramos sentido como agravio cuando, en campaña, el presidente dijo que éramos un curro, no hubiéramos venido, son accidentes que hay que dejarlos pasar".

Con relación a la continuidad de los juicios, Garavano consideró que es algo que "está fuera de discusión" y que la política en el área es "una política de estado", al tiempo que puntualizó las diferencias: "Muchas nos han planteado algunas cuestiones que exceden a la agenda de Derechos Humanos, que tiene que ver con una agenda política, y nosotros señalamos que no compartíamos ese enfoque".

"Ellas nos plantearon que algunas decisiones administrativas (impulsada por el nuevo gobierno) podría implicar algunos cambios para la política de derechos humanos", explicó el funcionario, y agregó: "es responsabilidad del gobierno, del que gestiona el Estado, llevar adelante las políticas públicas".

A su vez, Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, pidió "que se tenga cuidado a quienes se están nombrando para que juzguen" a los responsables de la dictadura militar, y cuestionó que "todavía por parte del señor Macri no se sabe cuál la política en lo que hace a Derechos Humanos".

Participaron de la reunión, además, las organizaciones HIJOS, CELS, APDH, Buena Memoria, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.