Enfrentadas desde sus orígenes en la década del 90 y siempre atentas a que sobresalgan los contratiempos sufridos por la otra parte, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur—las dos más grandes del país por cantidad de usuarios y facturación—tienen ahora un objetivo común: lograr que el gobierno de Mauricio Macri restablezca las reglas de juego originales del negocio eléctrico.

Tras la confirmación de Juan José Aranguren como futuro ministro de Energía y Minería, los directivos de ambas empresas comenzaron a mover sus fichas e influencias para que el tema eléctrico figure en la lista de prioridades de la gestión macrista.

Sin hacer ruido y lejos de la mirada de los funcionarios kirchneristas, tanto Marcelo Mindlin (de Pampa Energía, el dueño mayoritario de Edenor), como Maurizio Bezzecheri (el CEO regional de ENEL que pilotea Edesur) ya habían manifestado antes del ballotage su preferencia por Macri, convencidos de que su llegada a la Casa Rosada podía facilitar la adopción de las medidas de fondo que se necesitan para reordenar el sector.

Los timoneles de Edenor y Edesur confían en que la próxima administración aportará las soluciones a los tres problemas más significativos que arrastran desde varios años por las medidas y parches que fueron implementando los ministros de Planificación, Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof.

La primera cuestión saliente gira en torno de la “normalización contractual” de las concesiones y la “actualización del VAD” (Valor Agregado de Distribución) que es su principal fuente de ingresos.

La herencia de Kirchner y Kicillof

En materia contractual, lo que deberán resolver las futuras autoridades es si mantienen en pie las “renegociaciones” que el ex presidente Néstor Kirchner había acordado y aprobado con ambas empresas a fines de 2006.

Esos contratos establecieron metas anuales de inversión y una “revisión tarifaria integral” que nunca se llevaron a la práctica. Lo único que llegó a aplicarse y siempre en forma tardía han sido los “reconocimientos de mayores costos operativos” que las empresas cobraron vía subsidios y compensaciones.

La nueva administración tendrá que readecuar los plazos y compromisos fijados en esas “renegociaciones” o fijar otras reglas de juego con la firma de nuevos contratos que establezcan los futuros niveles de inversión y los aumentos de tarifas para el corto y mediano plazo.

El segundo punto crítico para las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana pasa por eliminación de los “veedores internos” que tienen en sus directorios.

El dueño de Edenor, Marcelo Mindlin y el minstro de Planificación, Julio de Vido.

En el caso de Edenor, la presencia estatal se da por medio de los cinco directores que representan a la ANSES y que fueron puestos por Kicillof. Se trata de Emmanuel Alvarez Agis, Eduardo Setti, Santiago Durán Cassiet, Juan Cuatromo y Eduardo Endeiza. Si bien el Gobierno seguirá siendo dueño de las acciones clase B y C, lo que espera el grupo Mindlin es que Aranguren envíe a otros directores estatales menos ideologizados y más consustanciados con la situación de la compañía.

En tanto, por el lado de Edesur la intromisión estatal está dada por el vicepresidente del ENRE, Luis Barletta a quien De Vido designó como “interventor” en la empresa a mediados de 2012. En este caso, los accionistas italianos y locales entienden que esa presencia no tiene sentido y que el nuevo ministro del área debería darle de baja.

Controlar las obras

El tercer asunto relevante que tienen en carpeta las distribuidoras es la recuperación plena del manejo de las obras de expansión y mantenimiento del servicio.

Junto con el congelamiento tarifario, en los últimos años el Ministerio de Planificación les fue quitando la administración de las obras. Las empresas se quedaron con una parte de los trabajos y otra parte fue canalizada en forma directa por la cartera de De Vido y por la vía de los municipios.

La intención de Edenor y Edesur es retomar el control de las obras que hoy maneja el Estado, para maximizar el manejo de la caja de las compañías.

Ahora la intención de Edenor y Edesur es retomar el control integral de las obras en lo que respecta a la selección de los contratistas, los mecanismos de adjudicación y –fundamentalmente— en las condiciones de pago que permiten orientar y maximizar el manejo de la “caja”.

Por último, en el caso de Edesur existe un aspecto que puede generar polémica y ser usado políticamente por la futura oposición kirchnerista para cuestionar cualquier medida que suene favorable para la distribuidora.

Se trata de la presencia de la empresa de Nicolás Caputo –el mejor amigo y principal asesor económico de Macri—en el grupo SADESA, el socio local de ENEL.

Caputo —quien jugará un rol clave en la administración de Macri como consultor en las sombras y virtual coordinador del plan de obras públicas—comparte el manejo de SADESA con las familias Bemberg-Miguens y Escasany.