“Nos están agrediendo, pero los sanjuaninos las tenemos bien puestas y cuando tenemos que salir a aclarar lo hacemos”. Así respondió José Luis Gioja, gobernador de San Juan, a un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que indica que el agua de la localidad sanjuanina de Jáchal tiene altos niveles de metales pesados tras el derrame de cianuro en la mina de Veladero, explotada por la minera Barrick.

La respuesta no se hizo esperar, y desde la Universidad Nacional de Cuyo, encabezada por el rector radical Daniel Pizzi, se afirmó que el informe cuenta con “objetividad y calidad técnica” y se destacó que “el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo” realizó el trabajo con fines meramente informativos. 

Asimismo, se descartó cualquier intencionalidad política con la revelación del estudio, realizado por Universidad.

Gioja incluso había querido hacer de la disputa un conflicto regional, cuando apuntó a la provincia de Mendoza como responsable de las críticas a San Juan. “Recién me entero de que desde una provincia que está al sur de San Juan dicen que el frío este es por culpa de la minería. Vamos a tratar de demostrar que no. Nos están agrediendo, pero los sanjuaninos las tenemos bien puestas y cuando tenemos que salir a aclarar lo hacemos”, disparó Gioja.

Gioja intentó disimular el desastre de la contaminación con cianuro de la Barrick, buscando provocar un conflicto con Mendoza.

El origen del caso se remonta al 13 de setiembre, cuando en la mina Veladero, de oro, explotada por la Barrick, se produjo un derrame de solución cianurada al cauce del rio Jáchal, en el departamento de Iglesias, 350 kilómetros al noroeste de la capital provincial. En un primer momento se habló de “pequeño derrame”, pero luego la misma minera admitió que se virtieron al río un millón de litros.

El caso derivó primero en el descabezamiento de la minera en San Juan, y luego en varias investigaciones en paralelo de diferentes estamentos del Estado provincia.

El que investiga desde el punto de vista judicial, es el juez Pablo Oritja, quien ha imputado y a 9 altos directivos de la Barrick. Al mismo tiempo, deja bastante mal parado a Gioja cuando afirma que el informe de la UNCuyo cuestionado por el gobernador, es “coincidente” con el realizado por la Universidad Nacional de San Juan. Asimismo, indica que ambos trabajos están sumados a la causa.