Dirigentes empresarios y de la oposición salieron a cuestionar el proyecto de Cristina Kirchner que impide vender las acciones que tiene el Estado en diversas empresas. El jueves pasado, la presidenta anunció que enviará al Congreso un texto para condicionar el margen de maniobra de quien resulte su sucesor, en este caso, exigiéndole una mayoría de dos tercios en caso de que quiera deshacerse de los activos de compañías que estén en manos del gobierno.

El escrito crea una agencia presidida por el director de Anses, entidad que maneja hoy las acciones a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que pasaron a manos del estado cuando se expropiaron las AFJP.

“Para decidir la venta de estos importantes activos de los jubilados y de los trabajadores, ya no bastará con la lapicera de nadie. Tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del Parlamento, para que sea un reaseguro, para que nadie disponga alegremente de los de los bienes de los argentinos”, celebró Cristina, en un acto en Casa Rosada que fue su primer reaparición tras las primarias del 9 de agosto.

En rigor, el proyecto no incluye solamente las acciones que conforman el millonario FGS, sino también todas aquellas firmas en donde haya presencia del sector público, como Arsat, Correo Argentino y varias centrales térmicas, tal como adelantó hoy Página 12.

La iniciativa ya empezó a generar ruido entre los empresarios. Ya el mismo día del anuncio, el directivo de la Unión Industrial Argentina(UIA) Francisco Gliemmo, le había dicho a LPO que “es peligroso porque puede frenar la libertad de decidir de alguna empresa”, aunque había reconocido que hasta ahora ninguna empresa tuvo problema para tomar decisiones por los directores del Estado, entre otras cosas porque en ningún caso representan más de una minoría.

El mercado tampoco recibió con buenos ojos la propuesta. Ayer la bolsa se desplomó más de un 3 por ciento, justo un día después del anuncio, en una jornada en donde se combinaron las turbulencias financieras internacionales con cuestiones internas como esta, que tanto rechazo generan en el mundo empresarial, en donde de todas formas confían en que la iniciativa terminará bloqueada en la Justicia, como reveló La Nación.

Es que, de acuerdo a la Constitución Nacional, los únicos casos en donde se requiere de una mayoría especial es para una reforma de la misma, el nombramiento de jueces de la corte, un juicio político o la remoción de un legislador.

Esto es lo que, para el PRO, hace al proyecto “ridículamente inconstitucional”.

En diálogo con este medio, Federico Pinedo planteó que “no se puede ser tan ridículo ni tan antidemocrático”. El jefe de bloque del partido amarillo en la Cámara Baja denunció que “Cristina pretende que una minoría gobierne por sobre la mayoría, que un tercio más uno tenga más poder que dos tercios menos uno”.

Es que, de acuerdo al diputado, a partir del año que viene el kirchnerismo ocupará un bloque legislativo minoritario, pero con su mayoría actual lograría imponerle de antemano al próximo presidente la forma de gestionar los fondos jubilatorios, lo que considera una contradicción.

“El único que puede fijar los dos tercios es la Constitución”, se indignó Pinedo, y adelantó que el próximo presidente “no tiene ni que aplicarlo ni darle cinco de bola”.

Por otro lado, el legislador macrista consideró que “estaría violando el derecho de los jubilados”, porque la Anses no tendría la autonomía de poder decidir si vende parte de esas acciones y, por ejemplo, pone un plazo fijo, si su titular observa que es más rentable la segunda opción que la primera. “No se puede perjudicar a los jubilados para darle el gusto a la presidenta”, sentenció.

En tanto, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios(Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que “puede darse el caso de que convenga vender posiciones”, para lo cual primero debería conseguirse dos tercios-algo con lo que difícilmente cuente el sucesor de Cristina-, lo cual demoraría la operación, justo en un mercado tan volátil como el de las acciones, en donde lo que cuenta primero es hacer las compraventas en el momento exacto.

Consultado por este portal, Funes de Rioja subrayó que “si se está buscando un manejo más transparente, habría que emplearlo por otros medios. Hay caminos legales más adecuados”.

“¿Acaso la Anses le pide la mayoría al Congreso cuando tiene que vender un bono? No. No veo la diferencia en este caso”, puntualizó el dirigente de la UIA. Como se sabe, el organismo tiene invertidos sus fondos no sólo en acciones sino también en títulos públicos.

“No creo que sea el mecanismo adecuado, ya sea para la Anses o para las otras acciones que tenga el Estado”, concluyó.