El Gobierno nacional volvió a contratar a la polémica empresa española Indra, denunciada por fraude en otras elecciones, para que se encargue de la carga, el procesamiento y la difusión del recuento provisional en las primarias y generales de este año.

La firma se encarga del recuento de votos desde 1997 y, como siempre, fue la única en presentarse a la licitación. El gobierno le pagará a la empresa española 330 millones de pesos por el servicio.

A través de una decisión administrativa firmada por el ministro Florencio Randazzo, el Gobierno le adjudicó a Indra Sistemas S.A. la “contratación del servicio de diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el Recuento Provisional de Resultados a nivel nacional y distrital —en el caso de simultaneidad de elecciones—, para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones de Presidente y Vicepresidente y Legisladores Nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provinciales que se realicen de forma simultánea y la eventual segunda vuelta para las elecciones Presidenciales a llevarse a cabo durante el año 2015”.

La contratación de Indra siempre genera polémica por las sospechas de fraude que ha cosechado en los últimos años.

En 2011, cuando el ex candidato a presidente Eduardo Duhalde denunció un “fraude informático escandaloso” en las PASO. Como en esa y otras denuncias, la empresa española se defendió diciendo que ha participado en cientos de elecciones en todo el mundo, sin ninguna condena en su contra.

Indra había sido relacionada con el posible fraude en las elecciones venezolanas en las que Nicolás Maduro se consagró presidente. Sin embargo, la firma aclaró que desde el año 2000 no es parte de los comicios en ese país. En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez la apartó tras unos comicios plagados de denuncias de irregularidades. La firma española también tuvo participación en comicios en los que se reportaron irregularidades en países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola.

Otro antecedente que despierta polémica es una denuncia que vinculó a Indra con Ricardo Jaime. En 2010, se reveló que Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte, ofreció en 2005 a los españoles que aporten fondos a la campaña electoral del kirchnerismo a cambio de ganar contratos con el Estado.