El juez Claudio Bonadio se quedará con la causa Hotesur luego de que el Gobierno fallara en su intento para que la Cámara de Casación le quitara el caso por el que se investiga el supuesto lavado de activos a partir de un entramado empresario de la familia presidencial.

Tras las repercusiones que generó en el ámbito de la Justicia federal la exclusiva de LPO sobre el apartamiento de Claudio Bonadio, las negociaciones del Gobierno con los camaristas fracasaron y el funcionario quedó confirmado en la causa.

El voto decisivo fue el del juez Gustavo Hornos, uno de los tres integrantes de la sala I de la Cámara de Casación, que hoy firmó en contra de quitarle la causa a Bonadio.

Con el voto cantado contra Bonadio de Ana Figueroa, que está alineada con Carlos Zannini, el Gobierno esperaba el voto de Hornos para remover al juez federal, una medida que solicitó Romina Mercado, la sobrina de Cristina y titular de Hotesur.

El tercer voto, de Luis María Cabral, alineado con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se sabe que será a favor de Bonadio. Se especula con que Cabral firme mañana, aunque no se sabe si Figueroa firmará pronto o dormirá el fallo, lo que en la práctica es lo mismo puesto que Bonadio retendrá el caso Hotesur.

Esta investigación penal mantiene en vilo a la presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia. La presidenta teme que el juez pueda imputarla por delitos gravísimos como lavados de activos, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública. Más grave aún para ella, la investigación podría derribar las aspiraciones políticas de Máximo.

Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados y actual representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, pretendía salvaguardar su nombre a través de su voto disidente. Pero exigía a sus colegas, Hornos y Figueroa, que constituyan la mayoría que lograra separar a Bonadio.

En las trastiendas del edificio de Comodoro Py, se habla de “acuerdos” y del posible arribo de Figueroa y Hornos a la Corte como presuntos “negocios”.

Sin embargo, altas fuentes judiciales confirmaron la intervención del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti quien le habría bajado línea a Hornos y Cabral, luego de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los conjueces nombrados por el Ejecutivo.

Fracaso oficialista

Pese a las transacciones intentadas, la cuestión lo habría colocado a Cabral en una situación incómoda en la puja que enfrenta al Gobierno y la Justicia.

Miembros de la actual gestión que lidera el camarista civil y comercial, Ricardo Recondo le habrían advertido que impugnarían cualquier “decisión fraudulenta” en contra de los cánones que la organización representa.

También directivos del Colegio Público de la Capital Federal como la Asociación de Fiscales y Magistrados de la Nación le habría hecho llegar diversos mensajes a través de allegados para “que mantenga a Bonadio en la causa en defensa de la independencia judicial.”

Esta insistencia para que se respete la letra de la ley habría hecho retobar a Cabral quien junto a sus colegas habrían cambiado la decisión en las últimas horas.

A tal punto habría sentido la presión Cabral que por su accionar no podría acceder al edificio de la Asociación de Magistrados, ubicado sobre la calle Lavalle entre Uruguay y Talcahuano, explican socios de la institución.

Cabral, ha hecho de la política judicial el arte de “volver posible lo imposible”. Mantiene afinada sintonía con Lorenzetti, pero también con el oficialismo a través del Secretario de Justicia, Julián Alvarez y el Secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zanini.

El magistrado construyó su carrera en base a “irregularidades”. Arribó a  Casación como subrogante con un nombramiento “ilegal”, ya que la norma establece que los jueces del Máximo Tribunal Penal del país, deben ser suplidos por colegas de los tribunales orales federales. No fue el caso de Cabral, quien depende de la justicia criminal ordinaria.

Pese al cuestionamiento legal que hiciera el CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales-, presidido por el periodista Horacio Verbistsky, la Corte Suprema avaló el nombramiento que hoy lo mantiene en el Máximo Tribunal Penal del país.