La presidenta Cristina Kirchner anunció hoy en cadena nacional la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia como organismo reemplazante.

La AFI se involucrará en "hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad nacional y los habitantes" del países y actuará en caso de "amenazas telefónicas, narcotráfico, tráfico de armas y personas, ciberdelitos y delitos económicos y financieros". Sólo podrá intervenir en "delitos federales complejos y que atenten contra el orden constitucional".

La disolución de la SI se enmarca en la crisis institucional que desató la denuncia del fiscal Alberto Nisman y su muerte hace una semana, pero lo cierto es que, desde que el kirchnerismo perdió el control de la ex SIDE y se enfrentó a ella, la presidenta emprendió una transferencia del área de inteligencia interna al Ejército.

Desde que César Milani fue designado al frente de la fuerza, el Poder Ejecutivo le asignó 1000 millones de pesos, una cifra insólita si se tiene en cuenta que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto que requieran un gran despliegue de inteligencia externa.

Lineamientos de la nueva Agencia

La mandataria precisó que la nueva repartición será conducida por un director general y un subdirector que serán designados por el Poder Ejecutivo, pero sus designaciones requerirán del acuerdo del Senado. 

Hasta ahora, los dos funcionarios principales de la agencia de inteligencia, el director y el subdirector eran designados directamente por el Presidente a cargo del Poder Ejecutivo y no necesitaban acuerdo del Congreso.

Sin embargo, el requerimiento de la aprobación del Senado que anunció Cristina Kirchner será por mayoría simple, un número que el kirchnerismo alcanza cómodamente sin apoyo de la oposición. Es de esperarse que los otros bloques del Congreso exijan que se necesite de los dos tercios de la Cámara Alta, una medida que realmente implicaría un acuerdo político a la hora de designar a los titulares de la futura AFI.

Además, Cristina Kirchner anunció que se transferirá el sistema judicial de escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal, ya que se trata de "ser el único ministerio extrapoder", es decir, que no depende de ninguno de los tres poderes del gobierno.

La presidenta intentó ponerlo en claro explicando que lo que se transferirá es la oficina que encarga de los casos en los que "se pinchan los teléfonos por orden judicial", que dentro de la SI se conocía como "Ojota".