El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó hoy una sanción de descuento del 30 por ciento del sueldo de un mes al juez federal Claudio Bonadio, en la mira del kirchnerismo por el allanamiento que ordenó contra una firma de Cristina.
El magistrado, a cargo de una investigación por presuntas irregularidades contables de la empresa Hotesur, propiedad de la Presidenta, viene siendo blanco de durísimas críticas desde sectores kirchneristas en las últimas semanas.
El oficialismo basó la sanción en las demoras en que incurrió Bonadio en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y créditos a la ex curtiembre Yoma, pero en realidad es una represalia por la investigación contra la Presidenta.
La medida fue aprobada por una estricta mayoría de siete votos contra seis integrada por el bloque kirchnerista más el representante del Consejo Académico y la presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez.
El viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo ante el Consejo, Julián Álvarez, había presentado un dictamen proponiendo la suspensión de Bonadio hoy mismo y el envío a un Jurado de Enjuiciamiento. Pero para ello eran necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes, es decir nueve sobre 13, y el oficialismo no llegaba a esa cifra.
Entonces, el consejero académico Jorge Candis, introdujo la moción de la sanción económica, e inmediatamente Julián Alvarez retiró su propuesta de máxima y adhirió al recorte del 30 por ciento del salario de un mes para el magistrado.
A esa postura se sumaron los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Héctor Recalde -todos del Frente para la Victoria- y definió con su séptimo voto la jueza Gabriela Vázquez.
Los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés, y la abogada porteña Adriana Donato, se inclinaron por rechazar la sanción argumentando que desde el inicio del proceso contra Bonadio se había excedido el plazo máximo de tres años para adoptar una resolución, en tanto que el abogado del interior Miguel Piedecasas y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes directamente desestimaron los argumentos acusatorios contra el juez.
La decisión fue adoptada tras un por momentos áspero debate, en el que los consejeros se enrostraron la supuesta pertenencia de Bonadio a los "jueces de la servilleta" y sus vinculaciones con la "década infame", en alusión a los nombres de magistrados que el ex ministro del Interior Carlos Corach habría anotado como jueces adeptos al menemismo en los 90.
El viernes pasado, el viceministro Alvarez, uno de los más ásperos críticos del juez federal, llegó a advertir que "Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa".
