“A veces, cuando Cleary pierde, gana”. La irónica frase pertenece a una nota publicada por The Economist en donde destroza a los abogados de la Argentina, acusándolos de hacer perder a sus clientes para estirar al máximo el tiempo de los juicios y así poder seguir cobrando.

El prestigioso semanario de finanzas recuerda que el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamillton ha asesorado a prácticamente todos los países emergentes cuyas deudas soberanas hayan atravesado períodos de crisis desde 1983 hasta la fecha.

Es decir, la Argentina no es la excepción a la hora de contratar a sus defensores, que hasta ahora no le permitieron ganar ni un solo litigio en los tribunales de Nueva York. 28 de las 54 reestructuraciones de deuda contaron con los consejos de los abogados de ese estudio, puntualiza The Economist, y sus últimos trabajos incluyen a Grecia e Irak. Esto le permitió ubicarse en el séptimo lugar de la lista de estudios más prestigiosos, de acuerdo a la publicación especializada Valt.

Sin embargo, los clientes de Cleary Gottlieb han tenido un 2014 para olvidar, no sólo para la Argentina, que recibió un duro revés cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar el caso, lo que dejó en pie los fallos a favor de los fondos buitre de las dos instancias previas por más de U$S1500 millones.

También sufrieron los consejos del estudio el National Westminster Bank, quien deberá resarcir económicamente a víctimas del terrorismo en Israel. Además, Cleary fracasó al representar a Google cuando quiso intentar prevenir el “derecho a ser olvidado” establecido en Europa, que obliga a la compañía a borrar ciertos resultados en su buscador.

Otras versiones periodísticas vincularon al estudio con las operaciones que hizo el BNP Paribas con gobiernos de Iran, Sudan y Cuba, por los que la entidad debió pagar U$S9.000 millones.

“En cualquier otra industria, la magnitud de esas pérdidas le harían perder sus clientes”, reflexiona el periódico inglés. El problema es que muy pocas firmas tienen el prestigio y la capacidad suficiente que necesita un gobierno cuando quiere colocar un nuevo bono en el mercado. Y ahí es donde Cleary aparece como una de las escasas opciones a las que pueden acudir los gobiernos: tiene presencia en once países.

“Si la Argentina o Rusia hubieran ganado en sus últimos casos, el trabajo legal probablemente se hubiera acabado. En cambio, sus derrotas pavimentaron el camino para más años de batallas judiciales, con jugosos pagos para sus abogados”, concluye el artículo.

En definitiva, el país siguió todos los pasos que recomendó Cleary y nunca le salió bien. Hoy, los abogados neoyorkinos apuestan todo a que Argentina vaya hacia una nueva reestructuración de deuda para evadir la sentencia y poder pagar aquí a los acreedores que aceptaron el canje. No hace falta decir que eso abrirá la puerta a una nueva andanada de juicios en la que el Gobierno necesitará de la defensa del propio Cleary.

La estrategia del estudio para prolongar el juicio el máximo posible y hacerse de suculentos honorarios le permitió a los abogados embolsar una cifra estimada en unos U$S100 millones desde que comenzó la disputa con los buitres. Esta maniobra incluso fue advertida por algunos sectores del gobierno, que critican a Cleary por no hacer lobby.