El gobernador de Mendoza, Paco Pérez, ya no sabe que inventar para enderezar la complicada situación económica de su provincia. Ahora, intentó hacer de la necesidad una virtud y buscó unir las urgentes necesidades financieras de su provincia y la caída del precio del vino que golpea a la industria de bandera de Mendoza.

Con el aval de los poderosos bodegueros mendocinos, Pérez quiere lanzar un título público que tenga como garantía el vino. El problema en el mercado local es que hay un sobre stock de entre 300 y 400 millones de litros de vino, que no se han vendido por la caída de la demanda en destinos de exportación tradicionales para Mendoza. Esto ha hecho que el litro hoy esté muy barato y los grandes productores o bodegueros no lo quieran vender. La idea entonces es lanzar una serie de títulos con garantía de vino a un plazo máximo de 6 años.

La semana pasada, en la Legislatura, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo García, defendió el proyecto y dijo que una vez implementado se espera aumentar con este título el precio de los vinos blancos de 2,40 pesos a 3 y de los tintos de 2,70 a 3,50.

La idea del gobierno provincial es emitir cuatro series de títulos. Estiman que con las dos primeras se podrían sacar del mercado varios millones de litros, lo que ayudaría a levantar el precio. Y además, en una estrategia que Paco presenta como “win-win”, los fondos recaudados se destinarían a cancelar acreencias con el Estado provincial o negociarse en el mercado.

Más allá de las chicanas de los radicales –“Es evidente que el INV no sabe hacer pronósticos de cosecha”, afirman–, este proyecto es el que tiene mayor posibilidades de lograr apoyo opositor, sobre todo porque al ser presentado por Pérez en la Bolsa de Comercio local hace dos semanas, recibió buenas críticas por parte del influyente sector vitivinícola.

El TiVi (Título Vitivinícola) le costará al estado unos 1.650 millones de pesos en 6 años, pero los radicales lo apoyan porque coinciden que es una buena chance para intentar levantar el precio del vino y bajar el sobrestock que hoy deprecia el mercado.

Como sea, la movida forma parte de una estrategia más amplia para sacar a Mendoza del atolladero financiero en el que se encuentra, agravado tras el default.

Urgido

Un mes después de que el Gobierno provincial acordara con la UCR que le aprobara el Presupuesto 2014 con un rojo de 800 millones de pesos como máximo, Paco Pérez envió en los últimos días tres proyectos a la Legislatura solicitando mayor endeudamiento. Se trata de tres propuestas que tienen que ver con viviendas, un plan para productores agropecuarios en emergencia y el mencionado título del vino.

Los tres proyectos fueron ingresados a la Legislatura provincial por el Gobierno en los últimos días, lo que prendió las alarmas entre los radicales, que puso el grito en el cielo por el incumplimiento del pacto suscripto en julio y que le ponía techo a la deuda.

El primero de los proyectos tiene que ver con el llamado Plan Poda, un subsidio de hasta 30.000 pesos para productores agropecuarios que hayan sufrido o heladas o granizo que les haya destruido la producción. Para este plan Paco quiere obtener, vía crédito, 100 millones de pesos. La idea cuenta con el aval de los productores y de los intendentes peronistas del sur provincial, la zona más afectada por inclemencias del tiempo.

Los radicales afirman que es posible costear el plan con fondos nacionales. El senador radical Juan Carlos Jaliff, sostuvo que el Plan Nacional de Emergencia Agropecuaria “tiene 1.200 millones de pesos que podrían hacer frente al Plan Poda”.

El otro pedido de endeudamiento tiene que ver con un ambicioso plan de viviendas. El año pasado, cuando Pérez visitó China, firmó un acuerdo con bancos asiáticos para obtener un crédito por hasta 480 millones de dólares a una tasa de 4,5% anual, en un plazo a definir. La intención es con ese dinero construir unas 6.000 casas a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Los radicales rechazan este crédito de plano, afirmando que según la cuenta que presenta el Ejecutivo, “cada casa social va a costar uno 600.000 pesos, a razón de 12.000 pesos el metro cuadrado, una locura”.

En el oficialismo han acusado recibo de las cuentas que han sacado los opositores. Es por eso que el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, admitió que “aún han muchos aspectos que analizar, como el valor del metro cuadrado, el reparto por municipios y el impacto que tendrá en el sector de la construcción”, reconoció. =]\r(: