Decidido a dar respuestas a la emergencia en Seguridad a cualquier costo, el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, autorizó el funcionamiento de más de 50 agencias de seguridad sin que se haya demostrado que sus agentes no tienen antecedentes de violar los derechos humanos.

Quien tiene que llevar adelante ese control es la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Guido Carlotto. Sin embargo, fuentes en el ministerio aseguran que existe una orden de avanzar con habilitaciones exprés porque Carlotto no responde los requerimientos que le solicitan desde la cartera que conduce Granados.

Según destaca la web Otros Círculos, se trata de al menos unas 50 empresas que quedaron habilitadas aunque Carlotto no haya certificado que los empresarios y agentes que solicitan ser prestadores no son beneficiarios de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Ese requisito consta en el inciso 8 de la ley que regula a las empresas de seguridad privada. Por eso, en la cartera de Seguridad el alta laboral se resuelve con un texto que aclara: “De la documentación agregada surge que se encuentran cumplidos los recaudos legales, salvo el requisito previsto en el artículo 8° inciso 2° de la Ley N° 12.297, respecto del señor…”.

El mecanismo no es nuevo, ya era utilizado por Ricardo Casal cuando estaba al frente de Seguridad. Sin embargo, Granados lo apuntaló en los últimos meses, luego de la emergencia.

En el ministerio aseguran que Carlotto no responde los requerimientos que se realizan sobre el tema y que Granados se cansó de esperar y decidió agilizar los trámites sin ese control.

Las agencias de seguridad privada tuvieron un lugar importante en el esquema de la emergencia en seguridad decretada por Scioli a principio de abril. El artículo 9 destaca que “las empresas prestadoras de servicios de seguridad y su personal realizarán sus tareas en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública y tendrán la obligación de comunicar en forma inmediata a las fuerzas policiales toda situación que implique un riesgo para la integridad física de las personas y los bienes”.  

En la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, Granados puso a alguien de su confianza. Se trata del hijo de Edgardo Amarilla, ex presidente del Concejo Deliberante de Ezeiza y mano derecha del ministro para encargarse de las Relaciones Institucionales de su cartera.