El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, le comunicará a Cristina Kirchner el lunes en la quinta de Olivos que resistirá la ley de hidrocarburos promovida por Miguel Galuccio, por considerarla perjudicial para las provincias.

Sapag ya lo habló con sus pares de Chubut, Martín Buzzi y de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, dos de los diez gobernadores de las provincias petroleras que el pasado lunes recibieron el borrador del proyecto de ley para regular las inversiones petroleras en Argentina.

Después de leerlo en detalle, el gobernador de la provincia con mayores reservas hidrocarburíferas -sede del megayacimiento de Vaca Muerta- se decidió a dar batalla y lo hizo saber. “No queremos ser una isla, pero tampoco una colonia”, disparó.

“Los neuquinos tenemos la obligación de captar inversiones”, agregó y advirtió que se opondrá a lo que entiende es un proyecto que destruirá a la compañía provincial Gas y petróleo (GyP).

De hecho, Sapag se encargó ayer de difundir el crecimiento de su empresa, anunciando que ya tieneactivos por más de u$s 1.400 millones e inversiones proyectadas por u$s 5.500 para este año, empujadas en gran medida por la gira de su ministro de Energía, Guillermo Coco, por Houston.

Sapag entiende que el proyecto de Galuccio aniquila la posibilidad de crecimiento de las empresas petroleras provinciales, para concentrar la inversión externa en YPF.

Su plan es llegar al lunes con un anteproyecto de ley propio para dejárselo a Cristina, que reemplace el borrador escrito por Galuccio. “El proyecto de Galuccio quiere solucionar los problemas de YPF, con un decálogo de problemas para las provincias”, advirtieron a LPO cerca del gobernador.

La mayor bronca de Sapag es que, según interpreta, Galuccio pretende que las provincias sólo puedan cobrar regalías e ingresos brutos y pierdan la posibilidad de asociar a sus empresas a los proyectos de exploración y explotación de sus propios recursos. "Ni siquiera podremos cobrar sellos",  lamentan.

La iniciativa que impulsan Cristina y Galuccio les impide aplicar el sistema de “acarreo”, por el cual perciben un canon para habilitar una inversión y luego retornan una parte cuando aparecen ganancias.

Bajo esta modalidad, fue que Sapag armó su empresa provincial, Gas y Petróleo de Neuquén (G&P), las asoció a firmas de la talla de Exxon y Shell y salió a buscar inversiones para Vaca Muerta, el yacimiento de shalle oil Vaca Muerta, el más prometedor del país.

Es por eso que Sapag se encargó de difundir que ni los ejecutivos de Exxon Mobil ni el presidente de Shell Argentina, José Aranguren, se oponen al sistema de carry.

De hecho, es el sistema utilizado por YPF con Chevrón, sólo que la compañía estatal destinó los 300 millones de dólares que recibió a la inversión inicial y aportó otros 800. Sapag se quedó con el 5%.

Ese es el punto central de la polémica, Galuccio entiende que las provincias destinan estos aportes de las petroleras con las que se asocian para proyectos de exploración a otros gastos y de esta manera desfinancian o ralentizan las inversiones.

Por eso la idea de Galuccio es que las provincias sólo puedan hacer acarreo bajo estas modalidades -esto es reinvirtiendo en el proyecto todo lo que reciben-, pero para Sapag esto es injusto. “Nosotros somos los dueños de los recursos. No nos pueden sacar de todas las UTE y sumar a YPF”, repiten en Neuquén.

El más duro en esa provincia fue el senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Julio Pereyra (ver recuadro), quien también es secretario del gremio de empleados petroleros de su provincia.

“Aquí está todo el pueblo de Neuquén defendiendo lo que es nuestro: nuestra riqueza, nuestros recursos. Lo que queda claro es que Nación se quiere quedar con todo”, desafío Pereyra, con intenciones de ser candidato a gobernador.

Sapag está convencido de que Galuccio no podrá salirse con la suya porque cualquier ley deberá tener el aval de las legislaturas provinciales, dueñas de los recursos según la Constitución Nacional. Alcanzaría con no aprobarla para que YPF no haga lo que quiera en Neuquén.

Aún así, en su entorno ya empezaron a porotear los senadores nacionales que podrían sumar para bloquear el proyecto. Están dispuestos a presionar a los tres representantes de las provincias petroleras y a la oposición, que el Gobierno ya empezó a persuadir a través de gestiones de la senadora neuquina Lucilla Crexller, sobrina de Sapag.

En la Casa Rosada creen no tener problemas para conseguir aliados en el ala progresista, en parte de la UCR y en el PRO. El primer paso será saber hasta dónde llega la rebelión de Sapag, dispuesto a no quedarse de brazos cruzados.