En un ejercicio de timming pocas veces visto en la justicia argentina, la Sala I de la Cámara Federal sacó un fallo clave en el preciso momento que el vicepresidente Amado Boudou se aprestaba declarar frente al juez federal Ariel Lijo.

El efecto fue de un bálsamo sobre el vicepresidente, que se aprestaba a tirar las columnas del templo y apenas enterado del contenido del fallo de Cámara, se moderó. En un movimiento espejo, en el juzgado de Lijo aparecieron caras largas.

El fallo de la Cámara es vital para Boudou por dos cuestiones claves: Por un lado declaró abstracta la impugnación de los testimonios de Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, porque el propio Lijo ya los pasó de la calidad de testigos a imputados.

Son dos testimonios claves que complican al extremo la situación del vicepresidente. Al pasar de testigos a imputados, pierden densidad, ya que para los imputados no rige la exigencia de decir la verdad.

De manera que si en un eventual procesamiento, Lijo volviera a apoyarse en estos testimonios su defensa de inmediato lo impugnaría ante la Cámara por esta cuestión. Y algunos medios, acaso apresurados, interpretaron hoy que al rechazar esta nulidad por “abstracta” la Cámara perjudicó a Boudou. Todo lo contrario: No dijo que era improcedente sino abstracta. No es lo mismo.

Lo segundo es que a través del camarista Farah, la Sala I pidió ampliar la lista de indagados incluyendo al titular de la Afip, Ricardo Echagaray y otros poderosos personajes. Fue un planteo que en términos generales sus colegas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero parecieron avalar.

 Concretamente Freiler y Ballestero sostuvieron que sobre las demandas para investigar la ruta del dinero que hace la defensa de Boudou: "Tocará al juez de grado evaluar las diversas presentaciones que en el expediente ha formulado quien detenta la titularidad sobre el ejercicio de la acción penal y la defensa de la legalidad del proceso –art. 120 C.N.-, respecto a otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas".

Quien detenta la acción penal es el fiscal, en este caso Jorge Di Lello, un entusiasta de profundizar la ruta del dinero. De hecho los camaristas reconocen explícitamente que se refieren a "aquellos dictámenes que proponen internarse en el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A.".

Esta parte del fallo -más explícito en Farah, pero avalado por Freiler y Ballestero- desbarata el relato de la convocatoria a indagatoria de Lijo que quiso limitar la maniobra de Ciccone a Boudou y sus allegados. Se trata en rigor de un apoyo fuerte a la estrategia más de fondo de Boudou que consiste básicamente en ampliar el campo de batalla para meter a mucha gente muy poderosa adentro, de manera que Lijo vea multiplicadas las presiones que ahora sólo recibe de su lado.

La idea fuerza de esta movida es poner el foco de la investigación en la denominada "ruta del dinero" que se utilizó para apropiarse de Ciccone, una ruta que Boudou debe tener la certeza que conduce a oficinas muy distintas a su despacho del Senado.