Trabajadores de la fábrica autopartista Gestamp denunciaron que la empresa no les permitió esta mañana el acceso a la planta de Escobar, pese a que rige la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de Daniel Scioli.

"Nos encontramos con que la empresa no nos permite el acceso, argumentando razones de seguridad e higiene. Dicen que mañana supuestamente podemos venir a ejercer nuestras tareas", sostuvo un representante de los empleados. 

El empleado indicó que "se labró un acta" para constatar que los trabajadores se presentaron y agregaron que levantarán el campamento afuera del predio, pero se mantendrán en el lugar, apoyados por agrupaciones de izquierda y ante una importante presencia de gendarmes. "Vamos a mantenernos de pie al lado de la fábrica", sostuvieron en las puertas de Gestamp.

Tras las críticas de la Casa Rosada por su falta de reacción ante el conflicto y el reto de Cristina a Scioli, el gobierno bonaerense dictó el sábado la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral de la planta, tras lo cual los trabajadores levantaron la toma de la fábrica.

La medida exigió "la reincorporación de los trabajadores, el normal desarrollo de las actividades" e instó a las partes a "no adoptar ninguna medida de fuerza mientras esté en vigencia" la resolución del ministerio de Trabajo. 

Pero tanto la Casa Rosada como Gestamp cuestionaron esa medida. La posibilidad de no cumplir la conciliación obligatoria había sido adelantada ayer por fuentes de la empresa a la agencia estatal Télam. 

Desde la compañía indicaron que la medida "podría constituir una incitación a la ilegalidad y a la extorsión de un grupo minoritario sin que pase nada". "Nos parece inaudito tener que ceder a la extorsión de nueve personas que han cometido actos delictivos (...) Hasta donde sabemos no estaríamos obligados a acatar la medida en estas condiciones", adelantaron desde Gestamp.

La Rosada exigió una reacción más contundente contra los 67 despedidos, que rechazaron las suspensiones de la empresa. La ministra de Industria, Débora Giorgi, señaló que la medida del gobierno provincial "es una solución para la foto, no mira lo que puede pasar mañana, no resuelve el problema medular. Las extorsiones permanentes no se pueden tolerar". 

"La reincorporación de estos trabajadores, claramente pone en un estado de indefensión a los otros trabajadores que fueron violentados, amenazados", agregó ayer.

En tanto, esta mañana Jorge Capitanich ratificó que "la posición oficial del Poder Ejecutivo" se expresó "a través de la ministra de Industria, también por supuesto de Ricardo Pignanelli como titular de SMATA, y también de la empresa", que cuestionaron la toma de la planta y exigieron ser implacables con quienes llevaron adelante la protesta.

"Instamos a que exista la gestión necesaria y suficiente, y que se promuevan las acciones que garanticen el funcionamiento de la empresa, y que la industria pueda funcionar", reclamó Capitanich a Scioli.

El jefe de Gabinete dejó en claro que la postura oficial es no negociar con los grupos que llevaron adelante la protesta. "No podemos aceptar ni la ocupación ilegal de una planta ni el impedimento para que otros empleados trabajen (...) Es inadmisible que acciones de carácter político o medidas ilegales impidan que una industria funcione o que el resto de los trabajadores no puedan hacerlo", afirmó.

Ayer, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, le explicó a la Rosada que la solución que pretendía pudo haber terminado en una tragedia. "El conflicto había trascendido el ámbito que afecta estrictamente a los involucrados. Si se determinaba la disolución del conflicto por otra vía que no fuera la diplomática, había muchas posibilidades de que hubiera lesionados y muertos", afirmó.

El ministro de Producción, Cristian Breitenstein, ratificó hoy que "no se los podía desalojar sin un riesgo concreto de vidas" y le respondió a Giorgi que "jamás vamos a tirar una responsabilidad a otro lado, vamos a asumir las propias y no tomamos el camino facilista, sino el del diálogo". "El conflicto laboral tiene que ver con el marco de las suspensiones que se han venido llevando adelante y no es un fenómeno meramente provincial", añadió. 

El conflicto en Gestamp derivó en la paralización de la actividad en las automotrices Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, Ford, Fiat e Iveco. Esto generó una dura reacción del gremio Smata que en un comunicado llamó a desalojar a los trabajadores que tomaban la planta de Gestamp.

Roberto Amador, trabajador despedido, dijo al respecto que “SMATA está organizando una supuesta movilización para el jueves, y muchos compañeros de Ford, Volkswagen y Toyota nos están diciendo que los aprietan con los capataces y gerentes diciendo que el que no va, lo echan. Nos llegan decenas de mensajes contando esto. Esa movilización está siendo empujada por las empresas en acuerdo con la burocracia, no por los trabajadores”. 

"La empresa está maniobrando para no cumplir la conciliación obligatoria, como anticipó en todos los medios durante el fin de semana. Están buscando desesperados un juez que responda al Gobierno nacional para tratar de impedirnos entrar a los nueve compañeros que estuvimos en el puente grúa", completó Amador.