Cuando parecía afuera de la causa por los rumores de su desplazamiento, el juez federal Ariel Lijo anunció este viernes que el llamado a declaración indagatoria del vicepresidente Amado Amado Boudou, sospechado de presuntas negociaciones incompatibles con su función pública en la trama de la venta de la ex Ciccone.

Boudou fue citado a indagatoria el 15 de julio próximo. Lijo también indagará a José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente; a Alejandro Vanderbroele, supuesto testaferro y titular de The Old Fund; a Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP; y a los empresarios Nicolas Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.

La declaración indagatoria a Boudou es una medida inédita y es otra confirmación de la embestida judicial del fuero federal contra la Casa Rosada. Se trata de una maniobra gestada en el seno de los tribunales que el kirchnerismo controló durante años, pero que entró en caos desde la irrupción de Carlos Zannini y Julián Álvarez, que corrieron a los históricos operadores oficialistas.

LPO viene dando cuenta del cambio de clima en ese fuero federal, donde tramitan las causas de corrupción que más preocupan al Gobierno. Las malas noticias que recibió el kirchnerismo en los últimos veinte días no hacen más que confirmar el avance y en los tribunales coinciden en que esto se profundizará después del Mundial (Boudou deberá declarar dos días después de la final).

En ese lapso, se ordenó investigar a Cristina por el acuerdo por Chevron, se declaró inconstitucional el acuerdo con Irán, se rechazó un pedido de sobreseimiento de Boudou, se confirmó una condena de prisión en suspenso a Ricardo Jaime y se reabrió una causa por enriquecimiento contra Julio De Vido.

Este medio también reveló que, percibiendo el fin de era kirchnerista, el juez Rodolfo Canicoba Corral logró aglutinar detrás de sí a un grupo de jueces que empezaron a mover causas dormidas como Lijo y María Servini de Cubría, al que se acerca también Claudio Bonadío y que tiene como protegido a Sebastián Casanello. Se trata de una maniobra de autoprotección pero que también apunta a reciclarse de cara a 2015, cuando los magistrados deberán hacer equilibrio con el nuevo Gobierno.

El caso de Lijo suma otro dato para nada menor. A principio de mes, el juez visitó al Papa Francisco y mantuvo una larga reunión en la que también participó el legislador Gustavo Vera. LPO reveló que en ese encuentro Bergoglio le trasmitió a Lijo un mensaje para los jueces federales: que las causas de corrupción no caigan en la “inacción” y que luchen contra la impunidad de esos delitos.

La justificación de Lijo

"En base al requerimiento del fiscal federal Rívolo y del dictamen del fiscal federal Di Lello, las medidas probatorias realizadas a lo largo de la instrucción han permitido circunscribir el objeto procesal en los siguientes términos: Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial", sostiene el escrito del juez.

Lijo agrega que "Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa «Ciccone Calcográfica» a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública". 

Luego, agrega que el vicepresidente "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP". 

Al respecto, añade que también habría intervenido para el levantamiento de la quiebra "con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional". "Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda", continúa.

El escrito de seis páginas publicado por el Centro de Información Judicial se describe el proceso de conformación de The Old Fund -la empresa que adquirió Ciccone-, su participación y la de Boudou en una maniobra de reestructuración de deuda en Formosa, y el derrotero de la ex Ciccone hacia la quiebra.

"Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma The Old Fund, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador", agrega el texto de Lijo.

"Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol", resume la acusación.

 Lijo enumeró las supuestas reuniones de la familia Ciccone con Boudou y sus colaboradores y describió que "una vez que se concretó la operación, se habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado Nacional para la impresión de billetes".