La Asociación Bancaria (AB) anunció que el jueves realizará un paro nacional de horas (todo el día en Tucumán) en rechazo a la brutal represión policial que sufrieron ayer en Tucumán, cuando reclamaban por 36 despidos en la intervenida Caja Popular de Ahorros (CPA), el motivo real de la pelea entre el gremio y el gobernador José Alperovich.

"Hay 22 heridos por perdigones de bala. Entre ellos el cesanteado Facundo Rosales, que está con pronóstico reservado. También fueron detenidos los secretarios adjunto y de Finanzas del gremio provincial, Rubén Moisello y José Gómez. El titular del sindicato, Eduardo Bourlé, tiene heridas de bala", explicó el secretario de Prensa de la AB, Eduardo Berrozpe.

La represión se produjo cuando los bancarios intentaron irrumpir en la sede de la Caja Popular de Ahorros, tras una manifestación por el centro de la capital provincial. De los incidentes también participaron trabajadores que responden al interventor de la CPA, el alperovichista Armando Cortalezzi.

“Había empleados de la Caja armados, entre los que estaban los de ‘El Eter’ (anterior interventor) y el grupo que responde a Cortalezzi. Había karatecas y patovicas, todos al nivel de Cortalezzi. Empleados que estaban armados comenzaron a agredir a los muchachos que repartían volantes”, dijo Bourlé, titular del gremio en Tucumán.

"Esta gente ya nos tienen acostumbrados a los tucumanos a ingresar en instituciones bancarias y agredir a gerentes y empleados. No es la primera vez que ingresan y rompen todo. No podemos dejar que sigan dándose estas situaciones", replicó Cortalezzi.

El origen de la pelea

La disputa por los 36 despidos en la CPA comenzó el año pasado y ya tuvo repercusión nacional con un paro de tres horas que realizó La Bancaria luego de que el organismo tucumano se negó a cumplir la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Incluso, la cartera de Carlos Tomada sancionó al gobierno tucumano por no reincorporar a los cesanteados.

Pero el origen de la pelea entre La Bancaria y Alperovich se remonta a los inicios de la gestión del gobernador, allá por el año 2003.

Apenas llegado al sillón provincial, Alperovich dispuso la intervención de la Caja Popular de Ahorros y desplazó a todo el directorio. La CPA estaba presidida en ese momento por el dirigente bancario Carlos Cisneros, hoy secretario de Administración del gremio a nivel nacional.

Según contaron a LPO fuentes provinciales, Cisneros es quien conduce los hilos del gremio en Tucumán y la disputa con Alperovich viene incluso desde los tiempos en que el ahora mandatario provincial era ministro de Economía de Julio Miranda. Ese antecedente fue uno de los motivos para la intervención, pero también la limpieza de “mirandistas” que hizo el gobernador.

Los bancarios y la oposición creen que el verdadero motivo de la intervención (y de no haberla levantado en once años) es el manejo de una importante caja de varios cientos de millones de pesos por año, la cual el alperovichismo maneja a discreción, según denuncian.

La CPA es un banco de fomento creado con el objetivo de financiar proyectos productivos y dar créditos a empresas y comercios de la provincia. Pero también amplió sus horizontes a tarjetas de créditos, seguros y administra los fondos de la Lotería de Tucumán, que tiene su principal negocio con el Telekino.

Además, todos los empleados provinciales pueden acceder a créditos personales a muy baja tasa. Según comentaron en la provincia, en la oposición hay sospechas de manejos turbios en esos créditos y hasta se habla de financiamiento a firmas que a su vez prestan el dinero a mayores tasas.

En tanto, en La Bancaria asegura que Alperovich usa la CPA para tapar el déficit de las arcas provinciales. En 2012, hubo otro pico de tensión cuando el gobernador tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la CPA, a cambio de Letras del Tesoro. La denuncia de La Bancaria contra el interventor Eduardo El Eter derivó en su desplazamiento y la designación de Cortalezzi.

La disputa entre Cisneros y Cortalezzi fue aún más feroz y derivó en el despido de los 36 trabajadores, denuncias cruzadas por agresiones y corrupción (La Bancaria demandó al interventor por una apropiación indebida de 200 millones de pesos) y hasta un intento de pasar los trabajadores de la CPA de la rama bancaria a estatales.

En tanto, en el sector de Alperovich acusan a Cisneros de intentar desestabilizar sistemáticamente a los interventores de la CPA. En el Gobierno denuncian desde el año pasado que el ex mirandista ahora trabaja para la candidatura del radical José Cano. Incluso, una fuente dijo a LPO que el bancario financió parte de la campaña del año pasado a cambio de lugares en las listas del año que viene y en un hipotético gobierno provincial del diputado.