El ministro de Planificación Julio De Vido salió a negar que el gobierno impulse una ley para acotar el poder de los gobernadores sobre las concesiones hidrocarburíferas, en el marco de la guerra fría que mantiene el presidente de YPF Miguel Galuccio con el neuquino Jorge Sapag por el control provincial de las áreas petroleras, que adelantó LPO.

Con su irrupción en escena, De Vido se convirtió en el primer funcionario nacional en dar una postura oficial sobre el tema, que hasta ahora venía siendo manejado en forma solapada, con “filtraciones” y desmentidas desde todos los jugadores de la disputa.

El titular de Planificación dijo que el Gobierno "jamás propiciará" una norma "contraria al federalismo y los recursos hidrocarburíferos", y apuntó contra el diario La Nación, que había publicado que asesores del ministro de Economía, Axel Kicillof, impulsaban una nueva ley de hidrocarburos que limitaría el poder de las provincias.

"Luego del gigantesco esfuerzo que realizó la Presidenta para recuperarla, YPF tiene que estar perfectamente alineada con las empresas y gobiernos provinciales; cualquier desalineamiento que se produzca es favorecer al interés extranjero contra el nacional", aseguró el ministro.

De Vido insistió en que "eso no significa en absoluto que el gobierno nacional propicie una ley que vaya contra el federalismo, ni mucho menos de los recursos hidrocarburíferos, por los cuales Néstor, en gran parte, dejó su vida en esa pelea".

De esta manera, el ministro salió en defensa de la "ley corta" que implementó de la mano del ex presidente en el 2006, durante los años mozos de su gestión al frente de la cartera de Planificación. 

La denominada “ley corta”  es la reglamentación de la potestad que las provincias tienen sobre las áreas petroleras según el artículo 124 de la Constitución, en su reforma de 1994.

La ley no sólo confirma los derechos de todos los permisos de exploración y concesión de la explotación de hidrocarburos, sino que en le confiere a las provincias “la autoridad de aplicación y la función de contraparte”.

Con esta norma, desde 2006 los gobernadores de las provincias petroleras cerraron jugosos contratos con petroleras de todo el mundo. Es que las concesiones les permiten a los caciques provinciales cobrar un monto inicial y un canon especial, además de las regalías mensuales.

A Galuccio no le simpatiza la libertad con la que se manejan y lo dejó claro en el decreto reglamentario de la ley de expropiación de YPF, que plantea un contralor compartido entre Nación y provincias. Esta modificación molestó a los gobernadores e incluso generó la salida del directorio de la compañía del petrolero Guillermo Pereyra, hoy senador por el movimiento Popular Neuquino.

Pelea enfriada

Ni bien se firmó el acuerdo con Repsol, el gobernador neuquino Jorge Sapag hizo filtrar el borrador de un proyecto de ley en el que proponía pasar automáticamente a la empresa provincial Gas y Petróleo (GyP) la concesión de las áreas hidrocarburíferas que fueran venciendo.

Esta iniciativa hubiera sido un duro golpe para Galuccio, porque le quitaría privilegios a YPF: no tendrá prioridad ninguna empresa que ya haya administrado concesiones.

La movida favorece directamente a los gobernadores: los acuerdos pueden ser más jugosos con privados que con YPF, aunque no esté a tono con la política energética de Cristina. De ahí que el titular de GyP, Guillermo Coco, salga a buscar inversiones al exterior aún con mayor frecuencia que Galuccio.

Lo cierto es que si llegaban a imponerse estas nuevas restricciones Galuccio o quien lo suceda no podrán planificar inversiones a largo plazo sin pedirle permiso al gobernador.

La medida marcaría un duro antecedente para las otras provincias: la mayoría ya está armando empresas provinciales similares a GyP.

Además, el CEO de la petrolera estatal estaba preocupado porque a YPF se le vencen este año varios permisos exploratorios obtenidos en las primeras rondas de G&P y debería devolverlos si no anuncia descubrimientos.

Galuccio respondió a la jugada del neuquino haciéndole llegar a oídos del mandatario la amenaza de que iba a derogar la “ley corta”.

Pero la pelea parece haberse enfriado. De acuerdo a fuentes del sector, la puja se saldaría de forma más diplomática, publicó hoy el diario La Mañana de Neuquén.

Según señala el matutino, la idea es aplicar una nueva regulación del sector para unificar los criterios de las licitaciones y las concesiones, al igual que las cargas impositivas, sin vulnerar los derechos de las provincias.

De esta forma, Neuquén seguiría controlando las áreas petroleras pero debería tener las mismas condiciones que el resto de las provincias productoras. Eso permitiría más previsibilidad a los inversores, reglas de juego claras y, como reclama YPF, igualdad de condiciones en la competencia entre las petroleras.

Así, se cumpliría el principal objetivo de que GyP no se quede con las concesiones una vez que venzan y que esa política no se contagie al resto de las provincias.