No hay declaraciones públicas del diputado Sergio Massa opinando sobre la minería, sus formas, límites o potencialidades, pero su representante en Mendoza, el intendente de San Carlos Jorge Difonso, ya plantó la bandera de la lucha “total” y “completa” en defensa del agua y en contra de la minería “contaminante”.

“Este nuevo intento de modificar la ley antiminera y, por otro lado, de cambiar la ley de aguas, son las musarañas previas a la guerra por el agua que se dará en Mendoza. Si estos sectores logran los cambios que pretenden en la ley antiminera, van a generar un conflicto social sin precedentes”. La advertencia con tono de amenaza de Difonso tiene que ver con la inclusión, en el plan de ordenamiento territorial que se comenzará a debatir en Mendoza este martes. En el documento, elaborado por un grupo de 70 especialistas, se recomienda a legisladores provinciales y al Gobierno de Mendoza, “modificar” varias normas en pos de ordenar el crecimiento de la provincia. Entre esas leyes, se incluye la 7.722, ley de minería (o antiminera), que prohibió en el 2011 cualquier yacimiento a cielo abierto y la utilización de cianuro o sustancias similares en los trabajos.

Esto acotó considerablemente las posibilidades de desarrollar la actividad minera en toda su magnitud en Mendoza, todo lo contrario a lo que ha ocurrido en San Juan, donde las inversiones mineras y las exportaciones son considerablemente mayores.

Inmediatamente conocido el plan de ordenamiento territorial, que debe ser aprobado por la Legislatura provincial, organizaciones ambientalistas como Oikos y la Asamblea Popular por el Agua, pusieron el grito en el cielo, y amenazaron con retomar las protestas sociales que en el 2011 promovieron la aprobación de la ley 7.722.

En ese contexto, Difonso salió a marcar la cancha y a erigirse en el dirigente político más firme a la hora de negar cualquier debate sobre cambios a la ley antiminera.

De pasado en el Partido Demócrata mendocino (conservador), y ahora referente del Frente Renovador en Mendoza, Difonso ocupó la escena que los radicales decidieron no ocupar. Es que para buena parte de los miembros del centenario partido, serán gobierno desde el 2015, y analizan la posibilidad de desarrollar la minería en Mendoza.

Para intentar calmar las aguas de un tema que se ha vuelto tabú en Mendoza, esta lunes salió el ministro de Tierra de Paco Pérez, Guillermo Elizalde, a “garantizar” que en el plan de ordenamiento territorial, “no habrá ni un párrafo referido a la ley 7.722 y mucho menos la indicación de que debe rediscutirse o modificarse”.

Si es así, de poco habrá servido el trabajo de más de 70 especialistas que durante más de un año elaboraron el plan de ordenamiento. La recomendación que está en el borrador de la iniciativa será, según Elizalde, eliminado sin más.

La intención de Paco Pérez es que, una vez llevada adelante la audiencia pública (no vinculante), que marca la ley de uso de suelo, esta martes, luego el plan sea presentado en la Legislatura el 1º de Mayo, cuando vaya a dar el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias de la Casa de las Leyes.

A partir de allí, la intención de Pérez, es que antes de fin de año sea ley el plan de ordenamiento territorial, ya que esa instancia es necesaria para que los municipios comiencen con sus respectivos planes y en un plazo razonables de unos dos años, de una vez Mendoza tenga todo su territorio bajo la legislación específica de ordenamiento territorial.