Con el acuerdo con Repsol listo para ser convertido en ley por el Congreso, Miguel Galuccio debe enfrentar una pelea extra con los gobernadores de las provincias petroleras, quienes resisten el intento del Gobierno para que se endeuden y paguen el 49 por ciento de los 5.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones de YPF.

La propuesta de la Casa Rosada fue planteada por Carlos Zannini en su exposición ante el Senado. “Un buen concepto sería, por ejemplo, que las provincias pudieran adquirir eso como lo está adquiriendo la Nación en este momento, replicando de alguna manera las obligaciones nacionales. También podrá entrarse en negociación y fijar otro valor que sea conveniente, que pueda incluir desde cesión de activos, regalías”, afirmó el secretario de Legal y Técnica.

Tras la polémica y luego de que Jorge Sapag, Martín Buzzi y Francisco Pérez anunciaron su oposición al endeudamiento, surgió la propuesta de que el pago se realice con las utilidades que vaya aportando YPF a futuro, un esquema similar al que estableció con el ingreso de la familia Eskenazi en la empresa. Pero Galuccio ya avisó que no está de acuerdo.

En una reunión privada que el lunes pasado mantuvieron Galuccio y Axel Kicillof con los integrantes del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el neuquino José Ciampini planteó su inquietud respecto a cómo será el pago que deberán realizar las provincias.

Con su habitual tono diplomático, Galuccio dejó en claro que no aceptará que los gobernadores planteen la negativa a endeudarse y dio detalles sobre las ventajas económicas que tendrán a futuro las provincias siendo accionistas de YPF, con lo cual el pago de los bonos no sería algo imposible de afrontar.

La bronca de Galuccio tiene otra razón y es por los manejos que hicieron los gobiernos provinciales con algunos yacimientos que entregaron en concesión a empresas privadas por valores muy inferiores a los reales.

Un caso que cita por estas horas es el del yacimiento neuquino de Loma La Lata. En el año 2000, el entonces gobernador Jorge Sobisch y el gobierno de Fernando De la Rúa impulsaron una muy polémica extensión del contrato de explotación que tenía Repsol. Aunque vencía en 2017, la extensión se hizo 17 años antes, algo similar a lo que ocurrió con Cerro Dragón en Chubut y Santa Cruz. En ese momento, los españoles pagaron 300 millones de dólares –sin que hubiera una tasación oficial- y prometieron una millonaria inversión que nunca hicieron.

En diálogo con LPO, el especialista en temas energéticos Gustavo Callejas recordó que Repsol presionó porque suponía que podría encontrar nuevas reservas convencionales de gas y tan escandaloso fue el acuerdo que derivó en la renuncia del secretario de Energía, Daniel Montamat, que fue reemplazado por la hoy ministra de Industria, Débora Giorgi.

Pero lejos de seguir explorando lo que hizo Repsol, según explicó Callejas, fue poner a sobreproducir el yacimiento y comenzó a exportar el gas a Chile, lo que terminó derivando en una feroz caída de la producción.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y el descubrimiento de reservas de shale oil convirtió a Loma La Lata en una de las joyas de la YPF estatizada. De hecho, los réditos económicos ya comenzaron a llegar para Neuquén con las cuestionadas inversiones de Chevron en esa zona.

El manejo de los recursos provinciales ha sido objeto de innumerables cuestionamientos y las denuncias por supuestos sobornos en la extensión de la concesión en Cerro Dragón es una muestra de ello. De hecho, en Neuquén sostienen que las regalías petroleras permitieron a Jorge Sobisch ser el primer gobernador de la provincia en tener autonomía del poder central, al mismo tiempo que llevaba adelante su campaña presidencial.

Es por eso que Galuccio está molesto con los gobernadores de provincias petroleras, pero particularmente con el neuquino Jorge Sapag, que sería el más beneficiado con la llegada de inversiones a Vaca Muerta.

Es por eso que el ejecutivo no quiere ni escuchar cuestionamientos sobre la alternativa de que las provincias se endeuden para pagar la indemnización y repite que la emisión de bonos nunca podría ser un mal negocio, ya que lo podrían ir solventando con las regalías que recibirán a futuro por las acciones que tienen en YPF.