La crisis política en
que están atrapados los gobiernos del peronista José Manuel de la Sota y el
radical Ramón Mestre, como consecuencia del caso de la financiera CBI, cuyas
ramas amenazan con llegar hasta el corazón de sus administraciones, impulsó a ambos
mandatarios a realizar una promocionada cumbre “de gestión”.
Desde el mediodía, y por un par de horas, De la Sota y Mestre conversaron a solas. Al concluir, oficialmente dieron la versión que más se adecua a sus necesidades: gobernador e intendente acordaron políticas en temas sobre los que coinciden las jurisdicciones de ambos.
Por ejemplo, la Provincia ratificó el compromiso de avanzar en la expropiación y donación de los terrenos en los que la Municipalidad de Córdoba depositará sus residuos. Los residuos urbanos y el transporte son los dos temas más importantes y demandantes de recursos (además del pago de la planilla salarial) del Palacio 6 de Julio.
También repasaron las obras públicas que se realizan en la Capital provincial, como nudos viales y avenidas, entre otras.
La semana pasada, De la Sota y Mestre habían tenido un encuentro a solas en Buenos Aires, que no trascendió en forma oficial, en el que sentaron las bases de esta reunión más promocionada. Es que la crisis que se desató por el caso de la financiera CBI amenaza con llevarse puesto a buena parte del sistema político cordóbés.
Esta financiera manejaba fondos de la política y se sospecha que incluso la gestión de Mestre derivaba directamente parte de su recaudación para que la "trabaje" financieramente y recibir las diferencias correspondientes.
En particular se afirma que manejaban la recaudación de la tarjeta Red Bus (una suerte de SUBE de Córdoba), pero en lugar de liquidarla cada 72 horas, se la quedaban 30 dias, que después se hicieron 60 y terminaron con 90 días, para "trabajarla".
De hecho, según supo LPO, también se menciona como parte de una triangulación de fondos negros, en sintonía con CBI, a la firma de caudales de Bacar de Juan Carlos Barrera, que se suponía debía garantizar la entrega en tiempo y forma de la recaudación de la tarjeta Red Bus. Esto motivo el allanamiento a la firma que también maneja cajas de seguridad, en las que encontraron cuantiosos fondos con una curiosidad: Las cajas no estaban a nombre de ningún cliente.
Por eso, la cumbre de ayer buscó mostrar a De la Sota y Mestre como dos “hacedores”, despegándolos de su última tarea de defensores de funcionarios aparentemente complicados por la causa CBI, como el presidente del Banco de Córdoba, Fabián Maidana, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, o el viceintendente Marcelo Cossar y el secretario privado Juan Pablo Ostanelli.
Se trata de un caso gravísimo que ya causó la muerte de uno de los socios de la financiera, supuestamente por un suicidio que nadie cree tal en la política cordobesa, en medio de acusaciones cruzadas por un supuesto faltante de u$s 500 millones. La causa está en manos del juez federal Ricardo Bustos Fierros, que tendría escaso interés en mover el expediente, pero está muy presionando por su resonancia pública y las movidas que empuja la Casa Rosada, como la activa participación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que dirige José Sbatella (ver recuadro).
De hecho, esta presión que siente el juez fue la que habría forzado la reaparición del socio de la financiera, Eduardo Rodrigo, cuyos abogados recibieron un mensaje inapelable: "Que se presente a declarar porque lo vamos a declarar prófugo".
La preocupación De la Sota por este tema es tan acuciante que de hecho ayer también buscó reposicionarse desde un lugar distinto en la agenda pública, sumándose a la cubre de gobernadores peronistas que se concretó en el barrio porteño de Las Cañitas, un espacio que había abandonado desde que rompió lanzas con la Casa Rosada.
Gobernador e intendente sospechan además que el escándalo CBI puede ser aprovechado tanto por el kirchnerismo como por Luis Juez, que factura a su favor cualquier caída de los mandatarios del bipartidismo tradicional.
Al comienzo de las gestiones de ambos, a fines de 2011, las relaciones eran casi idílicas. Luego, naturalmente, surgieron diferencias. Pero De la Sota y Mestre están llamados a estar mejor que peor, ya que los destinos de ambos no se entrecruzan. De la Sota imagina un futuro nacional, no como candidato a presidente, aunque sostenga esa hipótesis públicamente, sino como ministro, canciller o senador. Mestre quiere repetir en la Municipalidad o, si el escenario aparece favorable, intentar ganar la Gobernación.
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Enterado del poco entusiasmo que tendría el juez federal Ricardo Bustos Fierro por ir al fondo del escándalo de la financiera CBI que manejaba fondos negros de la política cordobesa, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, concretó una jugada muy fuerte y se presentó como querellante en la causa, con la obvia intención de impulsarla y marcarle la cancha al magistrado.
Según la investigación impulsada por el fiscal cordobés Enrique Senestrari, CBI realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba. Allí ofrecía servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultoría financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general, a pesar de no estar habilitada para ello. Además ofrecía actividades financieras ilegales que habrían derivado en la evasión del impuesto a los créditos y débitos; y se estima lavaban de dinero proveniente de la evasión de impuestos y hechos de corrupción, informó la UIF.
De hecho, el requerimiento fiscal de Senestrari, detalla una serie de estafas cometidas por la financiera a través la simulación de plazos fijos, con un interés de entre un 24% y 32% anual para las operaciones en pesos y 12% para el caso de que fueran dólares. Por lo menos 11 personas habrían celebrado contratos de este tipo con la entidad, sin el debido reintegro de su dinero ni los intereses pactados. Tan sólo esas maniobras, que constituyen una parte minoritaria del conjunto de las realizadas por y sus socios en el marco de su actividad ilícita, representan un monto de 1.574.973,88 pesos.
El fiscal Senestrari también advirtió, agrega la UIF, diversos elementos y acciones que dan cuenta que se trata aquí de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, la cual estaría integrada, en principio, por Eduardo Daniel Rodrigo –en calidad de jefe u organizador-, Jorge Enrique Suau, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis María De los Santos, Doris Liliana Puccetti, José María Núñez y Víctor Alaniz.
Así, por ejemplo, el fiscal identificó la utilización por parte de la financiera de un segundo sistema de registración de las operaciones realizadas, denominado “Servidor 2” o “Servidor en negro”, el cual habría estado localizado en un domicilio particular ajeno a la empresa; y la firma de varios pactos de confidencialidad con las distintas personas físicas y jurídicas con las que operaban, a los fines de impedir la revelación de las maniobras.
En virtud de ello, la UIF pidió al juez proceda al embargo preventivo, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas de los imputados, a fin de asegurar los activos involucrados en la investigación.