Mucho ruido, y pocas nueces. Ese es el saldo de las recientes polémicas en torno al problema del narcotráfico. Mientras el gobierno nacional invierte energías en relativizar la magnitud y complejidad del problema, sacarlo de la agenda pública y emplear una táctica política de “control de daños”, la Argentina sufre las consecuencias de haberse convertido en los últimos diez años en un país de consumo, de fabricación y de exportación de drogas, y en un destino de lavado de dinero fruto del narcotráfico.

En efecto, nuestro país ostenta niveles altísimos de consumo de drogas. De acuerdo a las encuestas oficiales sobre consumo realizadas por la SEDRONAR, entre el 2001 y el 2011 el consumo de cocaína en estudiantes secundarios creció un 170%, el de marihuana un 200%, el de pasta base un 100%[1] y el de éxtasis un 1.000% (ver Gráfico).

Asimismo, la Argentina se ha convertido en este mismo periodo en un país de fabricación de drogas, lo que implica un dato estratégico de singular importancia.

Tradicionalmente, nuestro país contaba con centros de adulteración y de corte de drogas. En los primeros, se agregaban al “ladrillo” de cocaína sustancias como azúcares reductores, xilocaína, manitol, cafeína, psicofármacos, etc., para “estirar” la droga que se compraba y así hacerla rendir más. En los segundos, se fraccionaba para su venta minorista (“papelitos”).

Pero en los últimos seis años, producto de varios factores regionales y domésticos, las redes de tráfico de drogas comenzaron a instalar en Argentina centros de fabricación ilícita de drogas. En lugar de traer la cocaína ya elaborada, se comenzó a enviar la materia prima aquí para su purificación y cristalización. Comenzó entonces la proliferación de “cocinas” (para el caso de la cocaína) y “laboratorios” (para el caso de las drogas sintéticas, como el caso de Ing. Maschwitz) donde se fabrica hoy día la droga[2].

Esta situación comporta consecuencias mucho más graves. Implica, entre otras cosas, que un componente sensible de las narco-organizaciones se muda y establece en la Argentina, lo que requiere un grado de control mayor sobre el conjunto de organismos estatales que debieran reprimir su actividad. En otras palabras, un grado de corrupción mayor en las fuerzas de seguridad, los funcionarios judiciales y los organismos migratorios y aduaneros. Asimismo, un nivel de interacción mayor entre las redes regionales y/o globales y sus necesarios socios locales.

Por otra parte, la Argentina acentuó su rol de país exportador de drogas a los grandes mercados de consumo, como indican diversos informes internacionales. Después de Brasil y Colombia, Argentina es el tercer país de origen mencionado en los cargamentos de cocaína decomisados en los países de consumo[3]. Contrariamente a lo que la mirada del autodenominado progresismo en seguridad ha querido explicar, ser una plataforma de exportación no es inocuo para la Argentina. No es un problema solo de los grandes centros de consumo, ya que la droga no baja de un globo aerostático directamente al contenedor ubicado en el barco que la llevará a Europa. Es decir, no ingresa, se fabrica, se transporta, y se despacha sin costos para nosotros. Requiere, por el contrario, toda una ingeniería de corrupción y violencia que nos afecta directamente. El caso de Rosario es paradigmático al respecto: en solo seis años duplicó la tasa de homicidios. Por ello, perseguir la estructura y logística encargada de la exportación de drogas hace al interés nacional.

Finalmente, el país se ha convertido en un destino conveniente para el lavado de dinero fruto del narcotráfico. Este es el elemento más importante, y menos atendido, de cualquier respuesta estatal al problema del narcotráfico. La experiencia internacional indica que concentrar esfuerzos en perseguir y reprimir el narcomenudeo es ineficaz e ineficiente, pues se están atacando los activos más baratos y reemplazables de las redes de tráfico (ya es hora de evaluar y replantear la ley 26.052 que en el 2005 desfederalizó las causas de drogas, y también de dejar de ufanarse por haber decomisado más droga que al año anterior). Por el contario, la persecución del lavado de activos es clave. El capital del narcotráfico es “cobarde” como cualquier capital: huye de los lugares agresivos. La Argentina, por el contrario, solo ha sido capaz de sancionar penalmente el lavado de activos producto del narcotráfico en dos causas…[4] En lugar de agresivo, es un destino amigable.

En los últimos diez años, funcionarios gubernamentales han querido convencernos que la Argentina es sólo un país de tránsito, al tiempo que referentes de los sectores autodenominados progresistas han explicado que es un problema sólo de los países desarrollados que son los consumidores de la droga. Mientras eso sucedía, el país escaló un nivel en el problema del narcotráfico, convirtiéndose en un país de consumo, fabricación y exportación de drogas, y en un destino para el lavado de dinero producto de su tráfico. Seguir haciendo lo mismo que nos llevó a esta situación, va inexorablemente a movernos a otro escalón más en este drama. Ver lo que sucede en Brasil, Colombia, Centroamérica y México debiera ser motivo suficiente evitar eso. Por ello, menos ruido, y más nueces. 

[1] Ver Observatorio Argentino de Drogas (2011). “Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2011. Informe Final de Resultados”, SEDRONAR, Buenos Aires.

[2] Ver SEDRONAR (2011). “CENTROS DE PROCESAMIENTO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN ARGENTINA Un análisis a partir de los casos judicializados”, Buenos Aires.

[3] Ver Unodoc (2013). “Informe mundial sobre drogas 2013”, Naciones Unidas, Viena.

[4] En la causa “SÁNCHEZ, PEDRO Y OTROS S/LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO – ART. 278 INC. 1° A y B” del 2013, se sentencia en Corrientes a 7 individuos a 7 y 6 años de prisión como co-autores del delito de Lavado de Activos de origen delictivo. En la causa “ALTAMIRA, JORGE GUILLERMO Y OTROS. INFRACCIÓN LEY 23.737” del 2009, se sentencia en Córdoba a 3 individuos a 2 años de prisión en suspenso y $ 100 mil de multa como autores responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo.