Mauricio Macri quedó en una encrucijada con el conflicto por el corte que los vecinos de las villas 31 y 31 bis realizan desde hace ocho días en la autopista Illia, en reclamo de viviendas.

Los manifestantes, que comenzaron el piquete en la autopista Illia el lunes pasado, demandan viviendas o un subsidio de 50 mil pesos tras haber sido desalojados de terrenos del ferrocarril Belgrano, donde se habían asentado varias en sus casillas.

El Gobierno nacional, a través del secretario de Seguridad, Sergio Berni, le pidió a Macri que actúe para terminar con el conflicto y le advirtió que no necesita orden judicial para llevar a la Policía Metropolitana “porque es un delito en flagrancia”.

"La responsabilidad es del gobierno porteño y la recomendación que se la ha dado, de liberar la autopista, no ha sido tomada", señaló esta tarde Jorge Capitanich, que brindó una conferencia de prensa junto a Berni destinada únicamente al conflicto en la Illia.

Desde el gobierno porteño señalaron que la Metropolitana lleva adelante desde el viernes un “protocolo para preservar la integridad de los automovilistas” que consistió en cortar los accesos de esa parte de la autopista, puesto que tienen versiones que indican que los manifestantes ya atacaron a quienes intentaron burlar el piquete y hasta aseguran que un periodista habría recibido un botellazo.

Fantasmas

Pero desde la Ciudad no quieren que la Metropolitana avance y que esperan que se pronuncie la Justicia y “llame al diálogo”. “Si desalojamos nosotros después nos acusan de represores”, dijo una fuente del gobierno porteño a LPO.

Es que está muy latente el recuerdo de la represión en el Borda: el 26 abril de este año, el gobierno porteño incurrió en una de las medidas más cuestionadas de la gestión de Macri, cuando la Policía Metropolitana dejó un saldo de 50 heridos tras reprimir a trabajadores de ATE, enfermeros y médicos que trataban de impedir que el gobierno de la Ciudad demoliera el Taller Protegido del hospital para comenzar la construcción del Centro Cívico. 

Por otro lado, en el gobierno porteño aseguran que descartan la vía de resolución del conflicto que implicaría satisfacer el reclamo de los manifestantes. Es que quieren evitar un fenómeno como el que sucedió en diciembre con el acuartelamiento de policías en Córdoba que luego se replicó en casi todas las provincias. 

En el gobierno de Macri creen que si les pagan los 50 mil pesos que reclama cada uno de los 150 desalojados, se generaría una onda expansiva de reclamos similares en todas las villas o asentamientos precarios de la Ciudad. 

En este marco, en el PRO culpan al Gobierno nacional por haber desatado el conflicto en la Illia tras desalojar a los manifestantes de los terrenos federales del ferrocarril Belgrano sin brindarles una alternativa habitacional.

El propio Berni reconoció hoy que el conflicto viene a partir de un desalojo ordenado por el juez Sebastián Casanello y que fue llevado adelante por Gendarmería, aunque remarcó en el marco de ese operativo había ordenado a la ciudad "solucionar los problemas sociales".

Por otro lado, desde el gobierno porteño señalaron que aún no está prevista una reunión con Sergio Berni, aunque no la descartan si el conflicto continúa.