El ex marino Alfredo Astiz fue condenado esta noche a la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

Así lo dio a conocer el Tribunal Oral Federal Número 5 en la lectura de su fallo en el histórico juicio por los crímenes en el mayor centro clandestino de detención y la sala de audiencias de Comodoro Py estalló en festejos de familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos.

También fueron condenados a prisión perpetua los represores Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Raúl "Mariano" Scheller, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice.

Todos ellos fueron considerados responsables por delitos de lesa humanidad, incluidos los secuestros y desapariciones de Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga; del periodista y escritor Rodolfo Walsh, y de las monjas francesas.

En tanto, el tribunal condenó a 25 años a Manuel García Tallada y a Juan Carlos Fotea, mientras que Carlos Capdevilla recibió 20 años y Juan Antonio Azic 18, y Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos.

El largo camino de Astiz a la cárcel

Alfredo Astiz, el ex marino condenado hoy a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue el primer integrante de las patotas de la ex ESMA de quien se conocieron datos en forma pública acerca de su perfil de feroz represor, al punto de convertirse en un emblema del terrorismo de Estado en la Argentina, durante la última dictadura militar.

Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres.

Su infiltración entre el grupo de Madres posibilitó los secuestros de la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977, en el barrio porteño de San Cristóbal, lo que derivaría en sus motes de "ángel de la muerte" o "ángel rubio", cuando ya había trascendido que su nombre falso era Gustavo Niño, y decía que su hermano estaba desaparecido.

Hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.

En 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, por lo que le fue aplicada la prisión preventiva.

El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.

Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".

Sin que nunca se haya podido comprobar, dijo también que había estado infiltrado en territorio chileno durante los días del conflicto por el Canal de Beagle, pero sí pudo comprobarse en cambio que se rindió a las tropas inglesas en las Islas Georgias, durante la guerra de Malvinas, sin haber disparado un solo tiro.

Astiz se caracterizó a sí mismo, en una de esas entrevistas, como el hombre "mejor capacitado para matar a un político o a un periodista", y el escándalo concluyó con su expulsión de la Armada y la pérdida de su rango militar.

En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.

El 10 de septiembre de 2003, el gobierno argentino recibió formalmente el tercer pedido de extradición de Astiz, cursado por Francia, por la condena que le fue impuesta en ausencia en ese país por la desaparición de Domon y Duquet.

Ya en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad por el asesinato de las dos religiosas francesas: desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.

Sobre Astiz pesa además una querella judicial en Suecia presentada por Ragnar Hagelin, el padre de Dagmar Hagelin, la joven sueca cuya desaparición también se le atribuye.

En su larga lista de acusaciones, está incluido también un sumario abierto por la Audiencia Territorial de Nuremberg (Alemania) sobre la ejecución o desaparición de ciudadanos de origen alemán a manos de militares y policías argentinos durante la dictadura.

El círculo sobre Astiz se cerró hoy en la Argentina, donde un tribunal federal dictaminó la cárcel como el lugar donde el ex marino pasará los próximos años.