Extrañamente, la sucesión de delitos que azota al Gobierno bonaerense no provocaron la partida del Ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, ni siquiera en épocas de cambios de Gabinete. Ni los reiterados asesinatos del conurbano, ni la tardanza en hallar a la familia Pomar lo eyectaron de su cargo, y el costo debieron pagarlo jefes policiales menores.

Fuentes bonaerenses consultadas por LPO aseguran que su resistencia se basa en dos pilares: su cargo de fiscal federal, del que sólo se tomó licencia; y su cercana relación con la policía bonaerense, que influye a sobremanera sobre su accionar.

Sólo una vez Scioli se decidió a buscarle un reemplazante, pero tampoco tuvo éxito en ese intento. Fue cuando se reencontró con Santiago Montoya en su oficina porteña del Banco Provincia.

El ex recaudador pasó el examen de ese entrevista pero no salió airoso de la siguiente, que no fue con Scioli sino con Mario Montono, el empresario con peso fuerte en las licitaciones del Ministerio de Seguridad, y principal proveedor de chalecos antibalas y cámaras de seguridad de esa cartera.

Montoya no quedó para nada conforme con el papel que Montoto tiene sobre el Ministerio, desistió del ofrecimiento, y después cometió un pecado para el universo sciolista: filtró lo sucedido en varios diarios. Esa osadía debilitó las ansias de Scioli por repatriarlo.

Nunca más el Gobernador se permitió pensar en echar a Stornelli, a quien le expresa un respeto que roza el temor. Lo que más lo inquieta es la represalia que el ministro podría tomar ante una salida poco elegante, si a su partida le sigue el final de su licencia como fiscal federal, un fuero donde recaen la mayoría de las causas que investigan a los políticos.

La frialdad de Stornelli para condenar a sus ex padrinos políticos tiene un antecedente de peso: fue él quien en 2001 llevó adelante la investigación que tomó el juez Jorge Urso para condenar a prisión a Carlos Menem. Difícil garantizar que no actúe igual con un dirigente que lo haya maltratado.

Cuando se ve en apuros, Stornelli hace gala de su poder, e invita a su despacho -por ejemplo- al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de sus tantos amigos que le dejó la justicia. Con esa afinidad, exhibe su poder de daño.

Esta semana, Stornelli comprobó una vez más que esas intimidaciones tienen un resultado fructífero. Ni el papelón que significó haber admitido que la familia Pomar estuvo 24 días desparramada a la vera de ruta sin que los rastrillajes policiales la interceptaran pudo moverlo de su cargo.

Ese suceso sí les sirvió a varios funcionarios para comprobar una vez más la cercana relación que el ministro tiene con la fuerza policial. Uno de ellos la definió a LPO con una frase fulminante: “Hoy Stornelli es un policía bonaerense”, afirmó.

La lectura que hacen en La Plata es que el Ministro cometió “el pecado” de llevar su vínculo con los efectivos hasta terreno más lejanos que la propia gestión, una comunión que comenzó a condicionarlo. Lo supo, cuentan las fuentes, la noche de día en que puso en la cuerda floja a toda la cúpula policial.

Sugestivamente, no fue él quien anunció esa medida, ni tampoco la expulsión de los tres policías que pagaron por la negligente búsqueda de los Pomar: el jefe de la Departamental de Pergamino, comisario mayor Roberto Gabín; el titular de la Delegación Departamental de Investigaciones de ese distrito, Julio Argentino Golpe, y el del Destacamento Vial de San Andrés de Giles, Carlos Marano.

La ingrata tarea recayó en su segundo, Paul Starc, y el jefe de la policía Juan Carlos Paggi, y los superintendentes Antonio Torreira, de Investigaciones, y Ernesto Giménez, de Seguridad Vial. Estos dos últimos fueron parte de la quincena de superintendentes a los que Stornelli puso en disponibilidad, pero, para sorpresa de muchos, no echó. Lejos quedó de recibir castigos: hoy Scioli adelantó que seguirán las bajas en el Ministerio de Seguridad, pero confirmó al titular de la cartera.

Así lo informó él al día siguiente, cuando volvió a enfrentar las cámaras. Al parecer, su relación con la policía no condice con acciones que afecten el statu quo de la fuerza. Sólo resta recordar sus propuestas ante cada ola de inseguridad, todas tendientes a reforzar el poder de la policía. El cambio del Código Contravencional es el mejor ejemplo de esa conducta. Y no seria el último.