AMPLIO FUNDAMENTOS DE LA APELACION -



Sr. Juez.

Eduardo R. Saguier, en la causa Nro. 10152/09 caratulada “AGENCIA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y OTROS s/delito de acción pública”, con el domicilio constituido en Corrientes 1515, piso 2do., C., Capital Federal., a V.S. digo:

Objeto:

El presente escrito esta realizado sobre la base del ya presentado con fecha 25 de abril de 2011 y en el marco de la nulidad pedida y reserva realizada, por lo que entiendo que resulta oportuno.-

En el entendimiento que la apelación ante el gravamen irreparable que la decisión causa por decidir que no hay delito y disponer el archivo antes deducida ha sido presentada en tiempo y forma, hecha la reserva de ampliar por los fundamentos expuestos, con el objeto de mejorar los fundamentos del recurso y a fin de que proceda la admisibilidad del mismo, se efectúa un detalle respecto a la específica indicación de las razones que justifican la elevación al superior para modificar el decisorio en cuestión.-

Fundamentos:

1. Falta de investigación de los hechos denunciados y omisión de producción de pruebas.-

2. Discrepancia en la interpretación del derecho.

3. Una cuestión institucional, dado que esta en juego no sólo una suma varias veces millonaria en dolares (préstamo del BID), sino la transparencia y la seriedad en que debe administrarse el conocimiento y la ciencia. Tanto la administración de los recursos, como la del conocimiento y la ciencia, deben estar alejados de toda sospecha, puesto que el manejo turbio, falto de transparencia o corrupto, tiene un solo resultado: El fracaso total y absoluto del esfuerzo invertido.-



Desarrollo.-

Que no se ha realizado la prueba que esta parte ofreció, tendiente a demostrar el incumplimiento de los deberes de los funcionarios involucrados, la malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y conflicto de intereses como V.E ordenara al intervenir.-

Y que no se haya ordenado la producción de la prueba sugerida por esta parte es particularmente grave, por cuanto la investigación es del todo deficiente por omisión de las pruebas ofrecidas. La producción de la prueba hubiera acreditado los hechos denunciados y que interpretados como un todo llevan a la convicción de hechos delictuales, por lo que no corresponde decidir que no hubo delito o que la causa debe ser archivada.-

De haberse producido los testimonios ofrecidos o de las personas involucradas y denunciados, como la declaración del Dr. Enrico Stefani –ex presidente del CONICET acerca de sus manifestaciones acerca del tráfico de influencias-, las pericias contables sobre las rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos por los funcionarios públicos beneficiados, agregados los legajos de estos últimos, distintas hubieran sido las consideraciones judiciales.-

La denuncia no solo involucra al que fuera Secretario de Ciencia y Técnica, actual Ministro Dr. Lino Barañao, sino también a los Coordinadores de Área Dres. Jorge Jorrat, Marcelo Cavada, Eduardo Arzt y Jaime Cerda, Beatriz Coira, Eduardo Cánepa, Amelia Rubiolo, Juan Jose Cazzulo, Juan Jose Poderoso, Horacio Corti; al ex Ministro de Educación Daniel Filmus, al Presidente de la Agencia Armando Bertranou, al Presidente del CONICET Dra. Marta G. Rovira y a los Directores Noemi Girbal de Blacha y las Dras. Luisa Baigorria, Liliana C. Sacco, Liliana Perez Risso, Maria Alejandra Ayval y Ruth Erijemovich, los restantes Directores del CONICET Faustino Siñeriz y Carlos Rapela; y miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET Hector Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Carlos Previtali, Maria Hoyos de Rossi, Maria Isabel Colombo; los Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades de Tucumán Dr. Daniel Campi, de la de Córdoba Dr. Alberto Edel Leon y Sonia Colantonio, de la Universidad de Rosario Roberto Aquilano, de la Universidad de Mar del Plata Dr. Oscar Bottazzo, de la Universidad del Sur Dr. Osvaldo Agamennoni, de la UBA Virginia Manzini y la Dra. Marta Mercedes Maffia Directora del INADI; los miembros del CECTE Dres. Alberto Kornblihtt, Dr. Armando Parodi, Otilia Vainstok, la Dra. Stella Gonzalez Cappa, y Ernesto Villanueva de la CONEAU.

Su declaración en esta causa hace al debido proceso. Cuando hay una denuncia deben establecerse los hechos antes de decidir si ese hecho encuadra o no en un delito. La calificación es el paso posterior. Pero el paso previo es la precisión sobre el hecho que es siempre una conducta de una persona. El testimonio de ellos es indispensable para determinar su responsabilidad. Solo a partir de allí se puede encuadrar la responsabilidad de la conducta dentro de un marco legal o sea dentro de una regla. Pero para encontrar o no el delito debe determinar los hechos y eso es lo que falta en la resolución en crítica.- Máxime cuando hay evidencias suficientes de comportamientos que entran en colisión con normas puntuales, a saber: Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, manejo discrecional de fondos y adjudicaciones de subsidios en condiciones de incompatiblidad con la Ley 19549 y con la ley de Contabilidad Pública. Las conductas no se juzgan solo por las resoluciones de los ministerios o los estatutos de las agencias autárquicas. Hay reglas comprensivas de todos los organismos públicos y esas reglas son la ley 19549, el Código Penal y la Ley Anual de Presupuesto.



Todo desembolso esta regido por esos tres cuerpos de reglas en las responsabilidad por incumplimiento de deberes de funcionario público se refiere a los actos, sea cual fuere el marco de actividad, en los que se dispone de dinero público para lo cual hay exigencias, entre ellas la justificación transparente y legal de los gastos, lo que en el caso no puede darse, si los que las realizan son los mismos beneficiados por la erogación o son realizadas en el marco actores con incompatibilidades o de intercambio fluido de favores recíprocos.-

Sin la declaración de cada una de esas personas no se puede
resolver en una u otra dirección y esa falla afecta el debido proceso
lo que implica una violación de la garantía constitucional.

Los pocos antecedentes arrimados a la causa solo permiten generalizaciones acerca de las reglas incluidas en las convocatorias. Pero existen otras reglas, por ejemplo la ley de Procedimiento Administrativo y las del Código Penal. También existe la Ley de Presupuesto que obliga a rendir cuenta de los egresos por imputación justificada del gasto y esa justificación falta cuando el que otorga el subsidio es el mismo que lo recibe. Esto es un círculo vicioso y allí se evidencia un ardid o engaño por parte del evaluador que se adjudica el subsidio lo que está penado por el Código Penal en el delito de estafa al que se agrega la violación de los deberes de los funcionarios públicos porque el que lo hace es un funcionario público.



Por otra parte, no puede decirse que no hay reglas que penalicen el caso porque no las encuentra. Las reglas existen, y debió relacionarlas y colacionarlas con los hechos, son las reglas que establecen las responsabilidades penales. Esto debió hacer, agotar las pruebas pertinentes y confrontarlas con las reglas que arriba cité, antes de decidir que no hay delito y disponer el archivo.-

Que no se solicitaron de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las universidades y Directorios del CONICET y CONEAU, que legalmente tienen a su cargo el contralor de las rendiciones de cuentas de los funcionarios denunciados que fueron subsidiados por la ANPCYT.-

Que en sus considerandos, el a quo entiende no haberse violado norma legal alguna, basándose en las consideraciones del Tribunal de Ética y de la Oficina Anticorrupción, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, las que consideraron que dichos comportamientos no encuadran en restricción o prohibición alguna, manifestando expresamente el juzgador que de esta manera se le excluye la posibilidad de efectuar juicio de valor alguno al no haber constituido tales decisiones violaciones a alguna disposición legal.-

Es que el a-quo esta abdicando de la jurisdicción y competencia, ya que el juzgamiento de los delitos y conductas penales le están reservados en exclusividad y no se enmarcan en el contenido de legalidad o inexistencia de normas según la interpretación de los entes que cita, circunstancia ella que genera gravamen y perjuicio a esta parte, mas aun si consideramos que la pieza recurrida produciría la fatalidad de las actuaciones.

Esto sin perjuicio de señalar en primer lugar que el ámbito, el objeto, los fines y la tarea de esos organismos es diferente a la del juzgamiento y represión del delito, y particularmente tanto el denominado “Comité de Etica y las disposiciones limitativas” son entidades apócrifas, impostadas, un simulacro de legalidad integrado por subsidiados de la propia ANCYT, dado que el primero no es el Comité Nacional de Etica Publica de la ley 25.188 y ambas son una creación administrativa ministerial para enmascarar situaciones que pueden constituir delito penal por encubrimiento.-

En efecto y en los términos de los delitos denunciados –especialmente la violación de la incompatibilidad- para el a-quo las disposiciones administrativas –sean del Ministerio de Ciencia y Técnica, o de la anterior Secretaria de Ciencia y Técnica y/o de la ANPCYT- pueden prohibir, restringir o limitar su contenido y tipicidad, porque eso ha dicho en el tercer párrafo de fs. 502 vta.- Pretende el fallo que con la simple resolución del directorio de ANPCYT o del Ministro se libera de responsabilidad penal a los partícipes.-

En el ámbito del Ministerio de Educación anida un sistema que imposta legalidad, lleva a ver una realidad de legalidad que no es tal, ya que los hechos descriptos por el denunciante están tipificados en el Código Penal.- Como concluyó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al expresar que no hay mecanismos claros que permitan reconstruir el modo en que se aprueba la financiación de determinado proyecto, y que hay certeza sobre el porcentaje de casos en que coordinadores o co-coordinadores presentan proyectos para su evaluación en un porcentaje del muestreo realizado de 59,25%. También dijo, que la ley 25.200 no es aplicada por los funcionarios.-



Resulta evidente la presencia de mecanismos propios de corrupción, donde hay lavado y degradación de normas y controles, manejo espurio de los fondos tanto en la forma de asignación de subsidios mediante tráfico de influencias; como en la rendición de cuentas donde los mismos subsidiados (caso de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las universidades y facultades) controlan a otros subsidiados y se autocontrolan.- Tan evidentes como la persecución al actor que ha denunciado los mismos y a partir de ese hecho se le rechazaron los informes bianuales, el último de manera grotesca, mediante violación flagrante de la defensa en juicio.-



Tampoco explica porque levanta y pondera el testimonio de un funcionario de la ANPCYT, y desconoce al testigo Alexander (401 vta.) que relata la manipulación de su caso y la ocultación de las identidades del evaluador, a lo que agregó que la ley 23.200 no se cumple.-

Pese a la irregularidad por incompatibilidad que detecta en el Sr. Ceccatto, interrumpe la investigación a su respecto, y lo mismo cabe decir sobre constancias de mayor significación como lo fue el dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fs. 418/425 que constataron entre otras y diversas irregularidades, un alto porcentaje de presuntas incompatibilidades, y al respecto el a-quo omite profundizar la investigación y pide el archivo, lo que justifica el agravio del presente escrito.-



A fs. 503 vta. el a-quo considera que no ha podido verificar represalias y discriminaciones hacia el querellante y que al momento de rechazar los informes los funcionarios actuaron dentro del marco de sus atribuciones.

No tiene presente y descarta los antecedentes obrantes en la denuncia sobre el origen de la persecución al suscripto que data del año 2002 (Exp. No.003361/02), a raíz de las denuncias sobre consultorías y asesorías, dado que no los levanta ni dice haber realizado investigación al respecto, y también erra al señalar que los funcionarios actuaron dentro del marco de sus atribuciones, desconociendo lo mas patente de la persecución, a saber:

El expediente sobre el rechazo del segundo informe es de total irregularidad al resolverse la recusación interpuesta con posterioridad al dictamen de los recusados y la resolución del Directorio del CONICET, lo que la nulidifica. Ver fs. 152 y 156 del Expte. 2209/06, y trámite posterior a la recusación de la comisión asesora de fs. 144/148. Ver además recurso en trámite por ante Presidencia de la Nación y juicio ordinario por nulidad del acta de fs. 152 expte. 2209/06 en autos “SAGUIER, Eduardo c/CONICET s/nulidad” expte. 21.845/2010, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 9, Secretaría 18, sita en Carlos Pellegrini 685, piso 6to.-

Y no es casual que hayan burlado la ley de procedimientos administrativos y desconocido en los hechos el derecho de defensa del suscripto al recusar, por cuanto en la Comisión Asesora que tenía que reexaminar el informe 2004/2005 presentado por el suscripto estaba compuesta por investigadores de inferior jerarquía y antigüedad, otros pertenecientes a áreas ajenas a la historia (arqueólogos, antropólogos, geógrafos y etnólogos) y otros que habían sido denunciados por el aquí actor, por haber recibido subsidios siendo funcionarios.-



Y a esto el Juez lo ha denominado regularidad, pese a que en los expedientes citados y considerados constan estos hechos donde la persecución es ostensible y salta a la vista.-

PETITORIO:

1) Se tenga por admisible el recurso de apelación presentado;

2) Se eleven las actuaciones.

3) Se revoque oportunamente la decisión que resuelve la inexistencia de delito y el archivo de las actuaciones.-

4) Dejo planteado el Caso Federal por afectarse el derecho de defensa en juicio, para ocurrir a la Corte Suprema de la Nación en caso de una resolución adversa, sea por la via del Art. 14 y 15 de la ley 48 o por la via ordinaria atento estar en juego normas federales.-

Proveer de conformidad

Será Justicia.-



Eduardo R. Saguier Dr. Jorge Enrique Marenco

T. 22 F 628. C.P.A.C.F.

Poder Judicial de la Nación
Buenos Aires, 14 de abril de 2011.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa no 10.152/09, caratulada “Agencia Nacional
para la Promoción Científica y Tecnológica y otros s/delito de acción pública”,
del registro de este Juzgado Federal no. 8, Secretaria No. 15.-
Y CONSIDERANDO:
1.- Que las presentes actuaciones se inician a raíz de la denuncia interpuesta
en el fuero ordinario por el Sr. Eduardo Ricardo Saguier, con fecha 8 de junio
de 2009, contra la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCYT), por la distribución viciosa de la suma de 650 millones de pesos en
subsidios entre los años 1997 y 2007. Asimismo, denunció en la misma
presentación el nombrado a las autoridades del CONICET, la CONEAU, las
Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales y el Comité
de Ética del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, a quienes consideró
partícipes en la distribución de dichos subsidios (fs.1).-
Así, el mencionado Saguier prestó oportunamente declaración testimonial ante
el Fiscal interviniente (fs. 7/8), ocasión en la cual ratificó la denuncia efectuada
y aportó un escrito mediante el cual describe el hecho en cuestión, que obra
agregado a fs.5/6. Concretamente, refirió al momento de prestar declaración
que la Secretaría de Políticas Universitarias es la encargada de distribuir los
incentivos y categorizar a los docentes investigadores de todas las
Universidades Nacionales, y que dicha entidad es a su vez supervisada en su
funcionamiento por la Agencia.
Agregó que en todas las universidades nacionales hay Secretarías de Ciencia y
Técnica, que tienen como función la rendición de cuentas de los investigadores
que reciben subsidios, las cuales, en los casos de las universidades que
menciona en su escrito, también habrían recibido subsidios.
Continuó relatando que la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria) es el organismo que debe acreditar los programas
de maestría y doctorado integrados en su mayoría por los docentesinvestigadores
que reciben incentivos y subsidios de la Agencia, y que dos de
los miembros de su directorio han recibido también subsidios de dicho ente.
Por otra parte, mencionó que dentro de la estructura inferior de la propia
Agencia hay cincuenta coordinadores que recibieron subsidios del propio
organismo, cuando son ellos mismos quienes deben determinar quienes son
los peritos que habrán de evaluar cada proyecto postulado. A su vez, refirió que
el Comité de Ética de Ciencia y Técnica del Ministerio de Ciencia y Técnica
emitió un dictamen a solicitud de quien fuera el presidente de la Agencia, en
donde sostuvo que los coordinadores no habían cometido ninguna incorrección
al recibir subsidios, aclarando que cuatro de los miembros de dicho comité
recibieron a su vez subsidios.-
Por otra parte, refirió en cuanto a su caso particular que sus informes bianuales
de 2004 y de 2006 fueron rechazados –aclarando que según el artículo 41 del
estatuto de la carrera del CONICET, al serle rechazados dos informes
consecutivos queda cesante--, y que en las decisiones en cuestión participaron
los integrantes de la comisión asesora de historia y antropología.
Agregó que a partir del rechazo del segundo informe el aludido artículo 41
establece la posibilidad de una “conversación” entre el presentante y un comité
designado al efecto, y relató que en tal ocasión él impugnó a la totalidad del
comité porque los evaluadores eran de otras disciplinas, porque no eran pares
o eran de menor jerarquía, y porque entre ellos había quienes habían recibido
subsidios de la Agencia, lo cual no daba ninguna garantía de justicia, equidad o
racionalidad, teniendo en cuenta que él viene denunciando todo el sistema de
incompatibilidades en el otorgamiento de subsidios.
Sostuvo que el titular de la Agencia ha otorgado subsidios a asesores y
directores del CONICET, y desde el Directorio del CONICET se han designado
subsidiados como coordinadores evaluadores en las comisiones asesoras, y
que esa red de tráfico de influencias se ha utilizado en su contra para excluirlo
dolosamente de la carrera de investigador. Finalmente, solicitó se lo tenga por
parte querellante.-
En cuanto al escrito que acompañara en su declaración, surge del mismo una
determinación concreta de las personas integrantes de cada uno de los
distintos organismos denunciados que, a juicio del Sr. Saguier, habrían recibido
irregularmente subsidios, y profundizó los argumentos desarrollados en su
declaración testimonial.-
A fs. 15/16 el titular del Juzgado de Instrucción n.8 resolvió declinar la
competencia de ese tribunal para seguir entendiendo en el presente y remitirla
a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, a efectos de que se desinsaculara el juzgado que
debería proseguir con la pesquisa. Por otro lado, resolvió rechazar la solicitud
de ser tenido por parte querellante interpuesta por el Sr. Saguier, por no
cumplir con las previsiones del artículo 83 del código de forma.-
Radicada la causa ante esta sede, se corrió vista al Sr. Fiscal en los términos
del artículo 180 del C.P.P.N., al tiempo que se solicitó al CONICET la remisión
del expediente no. 336/02 –iniciado con motivo de la denuncia del Sr. Saguier,
el cual fue enviado a fs.24.-
A fs. 32/33 obra el dictamen emitido por el Sr. Fiscal, en el marco del cual
entendió que la acción penal ya se encontraba instada, por haber sido
oportunamente delegada la investigación de la causa a la Fiscalía de
Instrucción interviniente, habiéndose adoptado algunas diligencias de
investigación, y solicitó la realización de nuevas medidas de prueba.-
Por su parte, Eduardo Ricardo Saguier presentó a fs.36 un nuevo escrito en el
que solicitó ser tenido por parte querellante en autos, disponiéndose
posteriormente la recepción de nueva declaración testimonial al aludido, y
postergándose al momento posterior a dicho acto la decisión relativa a su
solicitud.
Así, a fs.182 se decidió tenerlo por parte querellante específicamente en lo
atinente a los presuntos actos de represalias y discriminación de los cuales
manifestara haber sido víctima, siendo dicha circunstancia modificada
posteriormente por la Excma. Cámara del fuero, la cual resolviera extender su
calidad de querellante a la totalidad de la presente pesquisa (fs.391).-
A fs.41, el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación
remitió el expediente no. 2209/06, en el marco del cual se declarara no
aceptable el informe de la labor cumplida en el período 2004/2005 por el Dr.
Saguier.-
A su vez, se solicitó al área correspondiente del CONICET la remisión del
Legajo Personal del Sr. Saguier, el cual fue enviado a fs.46, y se requirió a la
Gerencia de Asuntos legales del CONICET que se informara acerca de la
reglamentación o disposiciones que rigen a dicho organismo en cuanto al
otorgamiento de subsidios, siendo enviado a fs.150/173 el Manual Operativo
para la Aplicación de Fondos y Rendiciones de Cuentas aprobado por
Resolución no. 2667/99.
En relación con ello, la Agencia Nacional para la Promoción Científica y
Tecnológica remitió también a fs.307 los instrumentos que regularon las
convocatorias PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica),
desde el año de creación del organismo hasta el 2007.
Del mismo modo, se requirió a la AGN, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo de la
Nación que se informara respecto del estado actual de las actuaciones
labradas con motivo de la denuncia del Sr. Saguier sobre posibles
irregularidades en la distribución de subsidios del CONICET (fs.49).-
De esta forma, el Defensor del Pueblo de la Nación informó a fs.70/73 que la
denuncia efectuada por Saguier fue puesta en conocimiento del Síndico
General de la Nación, remitiendo a fs.74/149 copias de todo lo actuado, de las
cuales se desprende que al tomar conocimiento de que el recurso de Alzada
presentado por el nombrado contra la resolución dictada por el CONICET se
hallaba pendiente, correspondía suspender la intervención del Defensor del
Pueblo, habiéndose resuelto finalmente dar por concluidas las actuaciones, por
considerarse que se había orientado a los interesados y las problemáticas
planteadas había sido encausadas, ante lo cual se dispuso su archivo.-
Por su parte, la Oficina Anticorrupción remitió a fs.174 copias certificadas de la
Carpeta no.8038 de esa dependencia, junto con los informes remitidos por la
Sindicatura General de la Nación que corrían por cuerda de dichas
actuaciones, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas envió a fs. 176
fotocopias certificadas de su expediente no. 23.612/1592, vinculado con los
hechos bajo estudio. Por otro lado, la Auditoria General de la Nación informó a
fs. 177/179 que no se han llevado a cabo auditorias relacionadas
concretamente con los hechos denunciados por Saguier, sin perjuicio de lo cual
mencionó que si se han analizado en auditoria los subsidios pertenecientes al
FONCyT, concretamente en relación con el ejercicio 1997.
Al respecto, remitió a fs. 188/209 copias autenticadas de dicho informe, de las
cuales se desprende que se efectuaron en tal ocasión menciones genéricas
como por ejemplo: que debido a la falta de desarrollo de un sistema de
información gerencial satisfactorio no resultaba posible efectuar una evaluación
adecuada de la gestión del organismo; que el FONTAR, el FONCyT, la UCGAL
y la UFFA no poseen Manual de
Procedimientos ni un organigrama formal aprobado; o que la Agencia no
cuenta con una metodología estandarizada para realizar las auditorias a los
proyectos. Así, se efectuaron posteriormente ciertas recomendaciones en
relación con los aspectos detallados, no observándose que se haya
mencionado la percepción de situación alguna que pudiera hallarse vinculada
con la presunta distribución viciosa de subsidios denunciada en autos.-
Del mismo modo, la Sindicatura General de la Nación envió a fs. 214/291
copias certificadas del expediente no. 84/2005-SG-OMESyA, por el cual
tramitara una presentación efectuada por Eduardo R. Saguier, referida a
presuntas irregularidades en el ámbito del CONICET.
Surge de las actuaciones que las cuestiones planteadas en dicha presentación
exceden la materia de competencia establecida por la Ley 24.156 para la
SIGEN, así como sus posibilidades de verificación en el marco de sus
facultades legalmente asignadas, como así también que en consecuencia no
se llevaron a cabo tareas específicas de auditoria ni se labraron actuaciones
sobre el particular, todo ello sin perjuicio de la labor desarrollada en el ámbito
del CONICET, que diera lugar a la formación de los distintos Informes de
Evaluación del Sistema de Control Interno que se emiten año a año.-
Por otro lado, el CONICET remitió a fs.305 copia del expediente 3987/04, en el
marco del cual se resolviera declarar no aceptable el informe de la labor
cumplida en el período 2002/2003 por Eduardo R. Saguier.-
Seguidamente, a fs.293/295 se solicitó a la ANPCYT la remisión de diversos
expedientes vinculados con el otorgamiento de subsidios mencionados por
Saguier como irregulares, a lo cual se dio respuesta a fs.319/338, enviándose
la documental solicitada, y explicándose asimismo en tal ocasión la operatoria
en que se enmarcan dichos expedientes. Así, con respecto al Sistema de
Evaluación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (SEPCyT), se explicó que
el mismo apunta a evaluar la calidad, pertinencia y mérito de los proyectos.
Con respecto a la calidad, la misma es determinada por especialistas,
denominados pares, que son elegidos, teniendo en cuenta su alto grado de
conocimiento en el tema propuesto, por la Comisión de Coordinadores de cada
una de las diecisiete áreas científicas y tecnológicas. Evaluarán uno o un
número pequeño de proyectos de la misma convocatoria, y la identidad de los
pares se conserva en el anonimato.-
En cuanto a la pertinencia, su evaluación estará a cargo de comisiones ad-hoc.
Las pautas que se tendrán en cuenta para analizarlos son informadas a los
autores en el aviso de apertura de las convocatorias. Los integrantes de la
comisión ad-hoc deben poseer una visión global del área de investigación y del
área prioritaria correspondiente, para poder establecer un orden, según el
mérito, para los proyectos aprobados previamente por su calidad.-
Con posterioridad, el CONIC ET remitió copia certificada del expediente no.
3642/04, en el marco del cual se aceptara el informe de Eduardo R. Saguier,
correspondiente a los años 2001/2002. Por su parte, la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas remitió a fs.418/425 copia del informe
efectuado en el marco de su expediente no. 23.612/1592, del cual se
desprende que en el 59,25% de los casos inspeccionados el coordinador de un
área –o el co-coordinador—presentó un proyecto, sea como responsable o
investigador integrante, para su financiación, habiendo correspondido a esos
mismos coordinadores la selección de los pares para evaluar los proyectos.
Se afirmó que los procedimientos utilizados cuando se genera un conflicto de
intereses no son claros ni precisos, pese a lo cual se destacó que esto ocurre
por que la Agencia no cuenta con un procedimiento formal establecido para
estos casos, no existiendo los mecanismos de control que resultarían
necesarios a efecto de afirmar la transparencia requerida para esta situación,
afirmándose finalmente que no pudieron detectarse situaciones concretas que
justifiquen la promoción de una acción disciplinaria.
Por último, se propició el envío de copia certificada del expediente al Honorable
Congreso de la Nación, a efectos de que se evalúe la pertinencia de incorporar
en la legislación relacionada con el funcionamiento de la Agencia los
mecanismos de control necesarios para situación en que se den conflictos de
intereses.
Por otra parte, a fs. 431 se requirió a la AGPCyT [ANPCyT] la remisión de la
totalidad de las normas que rigen la actividad de dicho organismo y determinan
su competencia para el manejo y otorgamiento de subsidios, como así también
un informe específico sobre las incompatibilidades vigentes para ser
beneficiario de un subsidio. Dicho requerimiento fue respondido a fs.436,
haciéndose saber que la actividad y competencia del organismo se encuentran
se encuentran
Reguladas en los decretos 1660/96 y 289/98, informándose en relación con los
procedimientos e incompatibilidades para ser beneficiario de un subsidio, que
la institución realiza convocatorias públicas para la adjudicación de los mismos,
estableciendo en la bases específicas de cada convocatoria las pautas y
requisitos para el otorgamiento de dichos beneficios.-
Seguidamente, se convocó a prestar declaración testimonial al Lic. Carlos
Cassanello, a cargo de la Dirección del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCyT), el cual compareció el día 2 de diciembre de 2010,
obrando su testimonio a fs.448. En tal ocasión, refirió que no existe norma
genérica alguna, más allá de las contenidas en las convocatorias públicas que
se realizan en cada ocasión, que establezca incompatibilidades para ser
beneficiario de los subsidios otorgados por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica.
Seguidamente, al serle requerido que explicara el alcance de la disposición
contenida en el apartado “Presentación de Proyectos”, de las “Bases de la
Convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 2002”,
mediante la cual se establece que no se podrán realizar presentaciones a dicha
convocatoria las autoridades de la SeCyT, la ANPCyT, los coordinadores del
sistema de evaluación y los integrantes del FONCyT, explicó que hasta el año
2002 había en cada Área un solo coordinador, y que hasta ese entonces los
mismos no solían presentarse a las convocatorias para subsidios
correspondientes a las mismas, ya que se entendía que pese a que ninguna
norma lo prohibía directamente no correspondía que se presentaran debido a
que, siendo los únicos en su área, serían ellos mismos quienes deberían tratar
su propio proyecto.
Esa norma sí fue incluida de modo expreso en la convocatoria 2002, cuando se
estableció la prohibición de presentarse a la convocatoria para los
coordinadores del sistema de evaluación. Luego, en el año 2003, se amplió la
cantidad de coordinadores de cada área a tres personas, motivo por el cual
dejó de considerarse necesario dicha prohibición, ante lo cual no se la volvió a
incluir en las siguientes convocatorias.
Por otro lado, explicó que pese a la disposición incluida en la convocatoria
2002, considera que las personas que aparecen como investigadores
responsables en proyectos presentados en dicha convocatoria, y que fueron
coordinadores de área, pertenecen probablemente al grupo de los que
comenzaron a ocupar estos los cargos a partir del año 2003, motivo por el cual
al momento de efectuar las presentaciones –hasta fines de 2002--, no habría
regido a su respecto la prohibición en cuestión.
Destacó que probablemente sería así en todos los casos –sugiriendo que se
confirmara dicha circunstancia a través de las autoridades de la Agencia--, y
que en el caso de que algunos de los coordinadores ya ocupara dicho cargo
desde antes del año 2003, se trataría de una situación en la cual no debería
haberse aceptado la presentación, pero que sin duda se trataría de algún error
aislado, ya que sin duda en la mayoría de los casos los coordinadores en
cuestión fueron nombrados en 2003.
Por otro lado, mencionó que la comunidad científica de un país es limitada,
motivo por el cual es muy difícil que las personas que integran los organismos
tales como la Agencia y sus distintas áreas, no sean a su vez investigadores
activos. Destacó que los coordinadores suelen ser personas de gran
trayectoria, motivo por el cual es importante contar con ellos dentro del
organismo, pero resulta muy difícil pretender que durante todo el período que
ocupan sus cargos no continúen con sus investigaciones –para lo cual
necesitan acceder a subsidios--, habiendo sido precisamente ése uno de los
motivos por los cuales se ampliara la cantidad de miembros de cada área, para
poder así permitir que los mismos continuaran llevando a cabo sus
investigaciones paralelamente al desempeño de sus cargos.
Por último, con respecto a la disposición contenida en la convocatoria 2004,
destacó que allí ya no se incluye a los coordinadores de área, motivo por el
cual no habría inconveniente alguno con las presentaciones efectuadas por
quienes detentan tales cargos, sino que la prohibición se destina únicamente a
las autoridades de la SECyT, la ANPCYT e integrantes del FONCyT,
explicando que se refiere a las personas que ocupan cargos directivos dentro
de tales organismos, como así también los miembros del FONCyT.-
A raíz de lo manifestado por el testigo, se solicitó al Presidente de la ANPCyT
que se informara si los Sres. Gustavo Politis, Roberto Salvarezza, Ricardo
Astini, Beatriz Coria, Hermenegildo Ceccatto, Luis Beccaria, Marcelo Frías,
Juan Santos y Roberto Lecuona –que resultan ser aquellos coordinadores
denunciados por Saguier que habrían percibido subsidios por proyectos
Presentados en la antes mencionada convocatoria del año 2002--,
efectivamente se desempeñaron como coordinadores de área dentro de la
Agencia, debiendo indicarse en caso positivo los períodos en que cada uno de
ellos ocupó un cargo de tal índole.-
Así, el organismo de mención respondió al requerimiento efectuado a
fs.453/454, remitiendo un listado del cual surgen los períodos durante los
cuales los nombrados se desempeñaron como coordinadores, advirtiéndose
que el único de ellos que lo hizo durante el año 2002 fue Hermenegildo
Ceccatto.
Asimismo, a fs.455/473 se informaron los plazos concretos durante los cuales
se [sic] el aludido ocupó el cargo en cuestión, surgiendo de las actuaciones que
mediante resolución 68/02 se adjudicó el Concurso Abierto para la Selección
de Administrador de Fondos no 1/02 para el Sistema de Coordinadores del
FONCyT correspondiente a los años 2002 y 2003 a Ubatec S.A.,
suscribiéndose un contrato con dicha empresa, del cual surge que la misma
toma a su cargo la administración del sistema de Coordinadores, debiendo
suscribir por su cuenta contratos de locación de servicios con las personas
designadas por la Agencia, las cuales surgen de un anexo incorporado a la
resolución, figurando entre ellas el Sr. Ceccatto.-
A continuación se solicitó a la ANPCyT que se informara si a raíz de lo
dispuesto en el resolutorio aludido la sociedad Ubatec S.A. efectivamente
contrató a Hermenegildo Ceccatto para desempeñarse como coordinador,
debiendo indicarse el período exacto por el cual fue designado. Dicho
requerimiento fue respondido a fs.484/495, acompañándose copia de los
contratos celebrados entre Ubatec S.A. y el Sr. Ceccatto, de los cuales surge
que fue contratado para prestar servicios como coordinador en los períodos
comprendidos entre el 1º de marzo de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, y
entre el 1º de marzo de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.-
II.- Ahora bien, llegado este punto, y luego de analizada en profundidad la
presente causa, entiendo que no puede advertirse a partir de todo lo actuado
hasta el momento que nos hallemos ante la comisión de ilícito penal alguno,
correspondiendo en consecuencia proceder a dar cierre a la presentes
actuaciones, todo ello en virtud de los argumentos que se desarrollarán a
continuación.-
En primer lugar, cabe recordar que en el marco del presente proceso
únicamente corresponde al suscripto analizar la legalidad de los actos dictados
por la Administración –concretamente, el otorgamiento de subsidios--, a efectos
de determinar si puede estimarse que a partir de los mismos pueda haberse
cometido ilícito penal alguno.
Es por ello que habremos de adentrarnos en el análisis de la normativa
aplicable al sistema de otorgamientos de subsidios, con el objeto de determinar
si la atribución de tales beneficios a los distintos funcionarios mencionados por
el denunciante resulta o no violatoria de disposición legal alguna.-
Al respecto, cabe mencionar que a partir de las distintas medidas desplegadas
en autos, no ha podido comprobarse en modo alguno la distribución viciosa de
subsidios a que hiciera referencia el denunciante, por cuanto no ha podido
advertirse que el otorgamiento de dichos subsidios a las distintas personas
mencionadas en la denuncia efectuada infringiera norma o disposición alguna.
De esta forma, ha quedado de manifiesto que la atribución de los beneficios en
cuestión no resultó en modo alguno violatorio del aludido principio de legalidad,
sino que por el contrario los mismos fueron otorgados respetando la normativa
vigente, y de acuerdo con las condiciones allí establecidas.
Así, cabe mencionar que la AGPCyT [ANPCyT] informó oportunamente acerca
de las distintas normas que rigen su accionar –decretos 1660/96 y 289/98--,
aclarando, en relación con los procedimientos e incompatibilidades para ser
beneficio [sic] de un subsidio, que la institución realiza convocatorias públicas
para su adjudicación, estableciendo en las bases específicas de cada
convocatoria las pautas y requisitos para el otorgamiento de los mismos.
Dicha afirmación resulta respaldada por la disposición contenida en el artículo
12 del decreto 1660/96 –mediante el cual se creara la Agencia--, de la cual se
desprende que el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica –que
resulta ser una de las tres áreas integrantes de aquel organismo—establecerá
en el llamado a concurso las características y condiciones que deberán cumplir
los grupos que formulen los proyectos en respuesta a las distintas
convocatorias, como así también por los dichos del Lic. Carlos Casanello, a
cargo de la dirección del FONCyT, quien expresamente sostuviera que no
existe norma genérica alguna, más allá de las….
Contenidas en las aludidas convocatorias públicas, que establezca
incompatibilidades para ser beneficiario de un subsidio.-
De ese modo, se procedió a analizar las bases de las distintas convocatorias
PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) efectuadas desde el
año de creación del organismo hasta el año 2007 –las cuales fueron enviadas a
fs.307--, surgiendo de las mismas que únicamente en aquellas
correspondientes a los años 2002 y 2004 se incluyeron disposiciones mediante
las cuales se impidió la realización de presentaciones para algunos
funcionarios.
Concretamente, en las correspondientes al año 2002 se estableció que no
podrían realizarlas las autoridades de la SECyT, la ANPCyT, los coordinadores
del sistema de evaluación y los integrantes del FONCyT, mientras que en las
del año 2004 se dispuso que no podrían realizar presentaciones las
autoridades de la SECyT, la ANPCyT y los integrantes del FONCyT.-
A efectos de esclarecer el alcance de dichas disposiciones, se citó a prestar
declaración al mencionado Lic. Casanello, quien explicó que hasta el año 2002
había en cada área un solo coordinador, por lo cual los mismos no solían
presentarse a las convocatorias para subsidios correspondientes a aquellas,
pese a que ninguna norma lo prohibía directamente, y que dicho impedimento
se incluyó de modo expreso recién en la convocatoria 2002, cuando se
estableció la prohibición de presentarse para los coordinadores del sistema de
evaluación –además de las autoridades de los restantes organismos
mencionados.-
Agregó que posteriormente, en el año 2003, se amplió la cantidad de
coordinadores de cada área a tres personas, motivo por el cual dejó de
considerarse necesaria dicha prohibición, ante lo cual no se la volvió a incluir
en las siguientes convocatorias. Aclaró que las personas que aparecen como
investigadores responsables en proyectos presentados en la convocatoria 2002
que fueron coordinadores de área, pertenecen probablemente al grupo de los
que fueron designados desde el año 2003, con lo cual al momento de efectuar
las presentaciones –hasta fines de 2002--, no habría regido a su respecto la
prohibición en cuestión.-
Así las cosas, y surgiendo de las actuaciones agregadas al legajo y de los
diversos expedientes oportunamente remitidos por la Agencia que
efectivamente algunos de los coordinadores de dicho organismo que fueron
denunciados por el Sr. Saguier habrían percibido subsidios de aquel organismo
en virtud de proyectos presentados en la convocatoria 2002 –a saber, Gustavo
Politis, Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coria, Hermenegildo
Ceccatto, Luis Beccaria, Marcelo Frías, Juan Santos y Roberto Lecuona--, se
requirió se informara si los mismos efectivamente se desempeñaron como
coordinadores de la Agencia, como así también el período durante el cual lo
hicieran.-
Habiéndose dado respuesta oportunamente a dicho requerimiento –fs.453/473
y 484/495--, quedó de manifiesto que el único de los nombrados que actuó
como coordinador durante el año 2002 fue el Sr. Hermenegildo Ceccatto, el
cual fue designado, en lo que aquí interesa, para actuar entre el 1º de marzo y
el 31 de diciembre de los años 2002 y 2003. Así las cosas, y surgiendo del
expediente código 11-11150 que obra reservado en Secretaría –el cual
corresponde al proyecto presentado en la convocatoria PICT 2002, en el que
participara como investigador responsable el aludido Ceccatto--, que el
proyecto en cuestión fue presentado el día 10 de enero del año 2003, se
advierte con facilidad que en tal momento el mencionado no se encontraba
alcanzado por la prohibición contenida en tal convocatoria, motivo por el cual
no corresponde efectuar reproche penal alguno en relación con el otorgamiento
del subsidio en cuestión.-
Así las cosas, entiendo que ha quedado de manifiesto que no corresponde
efectuar crítica alguna, desde el punto de vista de la legalidad, respecto de los
subsidios otorgados a los funcionarios de distintas instituciones que fueran
cuestionados por el Sr. Saguier, por cuanto en la mayoría de los casos no
exista norma alguna que prohíba o restrinja la atribución de tales beneficios a
las personas en cuestión –las cuales no resultan alcanzadas por las únicas dos
disposiciones limitativas contenidas en las convocatorias PICT 2002 y 2004--,
mientras que en el caso del Sr. Ceccatto –que resulta ser el único coordinador
que podría hallarse alcanzado por la restricción de la convocatoria 2002, por
haber ocupado tal cargo durante aquel año--, la prohibición tampoco resulta
aplicable, por cuanto al momento en que su proyecto fuera presentado el
período durante el cual actuara como coordinador en el año 2002 ya había
finalizado, no habiendo comenzado aún el nuevo plazo durante el cual se lo
designara para el año 2003.-
De esta forma, habiendo quedado demostrado que los distintos subsidios
cuestionados por el denunciante fueron otorgados conforme a derecho, no
habiéndose violado norma legal alguna, al no existir disposiciones que regulen
de modo genérico un régimen de incompatibilidades, y no haberse visto
vulneradas aquellas que lo establecen para casos particulares, se observa que
no nos hallamos frente a situación alguna que pueda resultar constitutiva de
algún ilícito, no correspondiendo al suscripto efectuar en consecuencia ningún
tipo de reproche penal.
Ello por cuanto, independientemente de las valoraciones de índole moral o
ética que puedan efectuarse de modo individual respecto de la percepción de
subsidios por parte de las personas que ocupan los distintos cargos
mencionados por Saguier en su denuncia –las cuales no corresponde tratar en
el marco de la presente--, el hecho de que el otorgamiento de beneficios a tales
funcionarios no se encuentre alcanzado por prohibición o restricción alguna,
excluye la posibilidad de que el suscripto pueda efectuar juicio de valor alguno
al respecto, al no haber constituido tales decisiones violaciones a disposición
legal alguna, habiendo sido por el contrario adoptadas en el marco de las
atribuciones otorgadas por las leyes vigentes, sin vulnerar ninguna disposición.-
Cabe mencionar a esta altura que las conclusiones a las que se arribara
resultan coincidentes con la opinión que según el propio denunciante vertiera
oportunamente el Comité de Ética de Ciencia y Técnica del Ministerio de
Ciencia y Técnica –el cual habría sostenido que los coordinadores no
cometieron ninguna incorrección al recibir subsidios--, como así también con el
informe efectuado oportunamente por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, la cual sostuvo que no existen normas que regulen de modo
formal el procedimiento a seguir en caso de que se presenten conflictos de
intereses, no habiéndose podido percibir en consecuencia situación alguna que
resultara violatoria de alguna norma y que pudiera llegar a dar lugar a la
promoción de una acción disciplinaria.-
Del mismo modo, surge también de la carpeta tramitada ante la Oficina
Anticorrupción que dicho organismo arribó a conclusiones similares a las aquí
expuestas, sosteniendo que los hechos denunciados no resultarían típicamente
subsumibles en la figura prevista en el artículo 265 del Código Penal, sin
perjuicio de que pudieran ser pasibles de ser analizados bajo el prisma de un
posible conflicto de interés en los términos del artículo 13 a) de la ley 25.188
(Ley de Ética de la Función Pública).
Se destacó en tal ocasión que el derecho penal es la última entre todas las
medidas protectoras que hay que considerar, debiendo recurrirse previamente
a sanciones administrativas o a la posible mejora de los mecanismos
institucionales existentes para limitar espacios que favorecen una indebida
discrecionalidad o falta de criterios transparentes en la asignación de beneficios
que involucran el uso de fondos públicos, resolviéndose en consecuencia
remitir las actuaciones a la Dirección de Políticas de Transparencia de esa
oficina, a fin de que se evaluaran los mecanismos y prácticas existentes en lo
que hace a la asignación de subsidios y, llegado el caso, se formularan las
recomendaciones correspondientes.-
Por otra parte, y sin perjuicio de haber quedado demostrada a partir de los
argumentos más arriba desplegados la imposibilidad de responsabilizar
penalmente a persona alguna por el otorgamiento de los subsidios
cuestionados, ante la falta de vulneración de disposición legal alguna, cabe
hacer referencia también a las afirmaciones efectuadas por el Lic. Casanello,
quien explicara que la comunidad científica de un país es limitada, motivo por el
cual es muy difícil que las personas que integran organismos tales como la
Agencia y sus distintas áreas no sean a su vez investigadores activos,
destacando que los coordinadores suelen ser personas de gran trayectoria,
resultando casi imposible pretender que las mismas no continúen con sus
investigaciones durante todo el período que ocupan sus cargos.
Explicitó que fue precisamente ese uno de los motivos por los cuales se
ampliara en 2003 la cantidad de coordinadores por área, en aras de asegurar la
posibilidad de que los mismos pudieran continuar llevando a cabo sus
investigaciones paralelamente al desempeño de sus cargos.-
Sentado lo expuesto, y correspondiendo analizar a continuación los restantes
extremos contenidos en la denuncia efectuada por el Sr. Saguier, quien refiriera
que el rechazo de sus informes periódicos 2002-2003 y 2004-2005 habría sido
parte de una serie de represalias y discriminaciones hacia su persona por las
opiniones que vertiera en materia político científica, cabe adelantar que a partir
del estudio de los expedientes en cuestión no ha podido verificarse
circunstancia alguna que permita sustentar lo expuesto en la denuncia,
observándose por el contrario que al momento de rechazar los informes en
cuestión los funcionarios intervinientes actuaron siempre dentro del marco de
las atribuciones a ellos otorgadas, y basándose en disposiciones legales
vigentes, no observándose circunstancia alguna en el marco de dichos
expedientes que permita considerar que haya habido algún tipo de irregularidad
en el trámite de los mismos.-
Por el contrario, lo actuado en los expedientes en cuestión encuentra
basamento en las normas vigentes, no advirtiéndose que mediante la decisión
adoptada en los mismos los funcionarios involucrados se hayan apartado de lo
establecido en las disposiciones aplicables en la materia, sino que se adoptó
una medida que resulta comprendida dentro de las posibilidades de actuación
de los intervinientes, explicitándose oportunamente en los dictámenes de las
comisiones asesoras que antecedieran a tales resoluciones –y a los cuales
aquellas remitieran—los motivos en los cuales se fundaran las mismas,
respecto de los cuales no corresponde ahondar al suscripto, por cuanto excede
la competencia de este juzgado inmiscuirse en el análisis del contenido y las
razones concretas que justificaron el dictado de la decisión aludida.-
Cabe mencionar asimismo que lo sostenido resulta respaldado por el hecho de
que ninguna circunstancia ha podido ser avizorada por el suscripto que permita
siquiera sospechar que los actos bajo discusión pudieran haber guardado
relación alguna con el supuesto manejo irregular de los subsidios denunciados
en autos, por cuanto, tal como se analizara más arriba, se ha descartado en el
presente la existencia de tal situación.
De este modo, la verosimilitud de los dichos expresados por el Sr. Saguier, en
cuanto a que el rechazo de sus informes habría sido parte de una represalia
por la continua difusión del presunto ilícito cometido por los funcionarios
implicados, resulta mermada a partir de la falta de comprobación de la efectiva
comisión de los sucesos en cuestión.-
Así, puede observarse que no corresponde tampoco efectuar reproche penal
alguno por la adopción de las decisiones concretas aludidas, las cuales
aparecen como debidamente fundadas en la normativa aplicable, no pudiendo
vislumbrarse circunstancia irregular alguna a su respecto, advirtiéndose
asimismo que, no existiendo extremo alguno que permita cuestionar la
legalidad de aquellos actos, las vías recursivas previstas por el propio
procedimiento administrativo resultan ser los canales a través de los cuales
corresponde tratar toda disconformidad o diferencia de interpretación del aquí
denunciante respecto del contenido de los mismos.-
Llegado este punto, no habiendo podido verificarse, a partir del análisis
previamente realizado, la comisión de delito penal aluno, y habiéndose agotado
la presente pesquisa, entiendo que resulta ineludible la adopción de la
resolución prevista por el artículo 195 del código de forma.-
En razón de los motivos y argumentos expresados, estimo corresponde y así:
RESUELVO:
ARCHIVAR la presente causa no 10.152/09, caratulada “Agencia
Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica y otro s/ delito de acción
pública”, de trámite por ante esta Secretaría no.15, por inexistencia de delito,
de conformidad con lo normado por el art.195 del C.P.P.N.-
Notifíquese al Sr. Fiscal por Secretaría, al querellante mediante cédula a
diligenciar en el día, y firme que sea, dispóngase de la documentación resrvada
en Secretaría y archívese.-
Ante mí
Marcelo Martínez de Georgi
Juez Penal
En la misma fecha se libró cédula. Conste.-
En 19 del mismo notifiqué al Sr. Fiscal. Conste.-
Patricio B. Evers
Fiscal Federal

Pedido de Protección a la Presidencia del BID por Represalias Originadas en Denuncias de Corrupción

Buenos Aires, martes 15 de diciembre de 2009

Al Sr. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Sr. Luis Alberto Moreno
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577, USA
Teléfono: (202) 623 - 1000

S/D

Eduardo R. Saguier, ciudadano argentino, DNI 4.394.928, en mi condición de Investigador de Carrera (historiador) del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas (CONICET), vengo a solicitar la protección de la institución de su dirección contra las represalias originadas por mis denuncias sobre violación de las incompatibilidades que están incorporadas en la legislación argentina, las que incriminan a los funcionarios del FONCYT, dependiente de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), organismo responsable de ejecutar los Programas de financiamiento del BID. Las represalias de las que vengo siendo objeto se iniciaron en el año 2004, a raíz de una respetuosa carta abierta dirigida en 2003 al Presidente de la República Néstor Kirchner; y se precipitaron a partir del mes de agosto del 2006, en que se rechazó nuevamente mi Informe Periódico ante el CONICET.

En efecto, el que suscribe denunció infructuosamente en el mes de enero de 2006 ante los organismos fiscalizadores del país (Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Anti-Corrupción, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y Auditoria General de la Nación) a las autoridades de los Directorios del CONICET y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), a los Coordinadores de Área de la Agencia o ANPCYT, a los miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET y a diferentes autoridades de las Universidades Nacionales del país (decanos, consejeros, secretarios de CyT, jefes de departamento) por haber incurrido todas ellas en graves violaciones éticas y legales.

Dichas violaciones se materializaron por funcionarios de los organismos mencionados ut supra, que ocultaron y ocultan en el portal electrónico de la Agencia la información pública atinente a los resultados de las convocatorias anteriores del FONCYT (correspondientes al período comprendido entre los años 1997 y 2005); y que solicitaron y recibieron en oportunidad de ejercer cargos de autoridad pública-académica voluminosos y reiterados subsidios de investigación, los cuales procedían de un préstamo del BID, que fue sigilosa e irregularmente repartido por la Agencia o ANPCYT, y que configuraría una violación del principio jurídico elemental de no incurrir en la incompatibilidad de ser simultáneamente juez y parte interesada; así como una ilícita triangulación de reciprocidades entre funcionarios, incluidos sus parientes (cónyuges, cuñados, yernos, nueras), mediante la utilización de recursos públicos (e.g.: una decena de docentes-investigadores fueron subsidiados cuatro veces con un monto total de un millón y medio de pesos o casi medio millón de dólares cada uno, y en un lapso de un quinquenio [Altamirano, Arregui, Cukierman, Elizalde de Brecco, Fossati, Frasch, Podestá, Prat Gay, Poderoso]).

A propósito de estas denuncias se desató sobre mi persona una tenaz campaña de agravios y descalificaciones con mandatos ocultos destinados a eliminarme del CONICET, objetivo que finalmente se consumó en el mes de agosto de 2006, al rechazarse mi Informe Periódico (2004-2005), con argumentos falsos y por una Comisión Asesora integrada por científicos de inferior jerarquía, algunos involucrados en mis denuncias, y todos ajenos a mi disciplina (fueron arqueólogos, geógrafos y antropólogos). Este último rechazo, por ser consecutivo al rechazo del anterior Informe Periódico (2002-2003) equivale –una vez que se cumpla con el requisito establecido en el art.41 del Estatuto del CONICET-- a la cesantía.

Si bien una vez producido el segundo rechazo de Informe Periódico inicié recursos administrativos y judiciales que al momento se hallan todavía en trámite, mi estabilidad como Investigador del CONICET se encuentra muy vulnerable, pues está a merced de la voluntad discrecional de las mismas autoridades que mi persona denunciara, y del incierto resultado del Recurso de Amparo con medida cautelar que oportunamente interpusiera ante el Fuero Contencioso-Administrativo. Más aún, dada la gravedad de las conductas incriminadas, a comienzos del corriente año 2009 realicé con patrocinio letrado una denuncia penal ante el Fuero Federal, pidiendo se me constituya en parte querellante, recayendo la misma en el Juzgado No.8 a cargo del Juez subrogante Marcelo Martínez de Georgi y del Fiscal Oscar Amirante, denuncia que desde hace meses sigue a estudio.

Finalmente, como en el mes de diciembre de 2009 tomé conocimiento por vía de un consultor externo del BID del expediente abierto por la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID (C-AR-2009-0459), a propósito de la denuncia que el suscripto formulara, así como también del Comunicado de Prensa del BID del 8 de diciembre de 2009, por el cual se informa al público de las nuevas medidas impulsadas por el BID para fortalecer el marco anti-corrupción http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/710399.php, he decidido apelar a estas nuevas garantías que fueron formuladas en dicho Comunicado y que me corresponden como tercero implicado en un Programa del Banco que fue cuestionado en su ejecución. Efectivamente, en el Comunicado se expresa textualmente que “la protección de los denunciantes se amplía para incluir a terceros”, y que “El Banco podrá notificar a las autoridades nacionales cuando recibe denuncias de represalias de o contra terceros y que involucran a los programas del Banco”.

En razón de la indiferencia de los organismos fiscalizadores, de la demora judicial en evacuar las denuncias y los recursos, del asombroso silencio de los medios de comunicación, del miedo generalizado en el ambiente científico, y del amplísimo margen de impunidad vigente en mi país, cumplo en dirigirme a Vd. en defensa de mi persona y de las avasalladas instituciones de la cultura argentina, para solicitarle la protección de su organismo; y todo ello con la firme voluntad de colaborar para impedir las prácticas prohibidas al interior de los Programas financiados por el BID.

Atentamente
Eduardo R. Saguier, Ph.D.
Investigador del CONICET-Argentina
e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar
http://www.er-saguier.org
Correo Postal: Juan Francisco Seguí 3955, 2º piso, Dpto. E
Capital, Argentina—
Tel.: 4802-2979---Cel:: 1533573721

Libertad de Prensa versus Libertad Academica

por Joaquin E. Meabe (UNNE-Corrientes)

Justamente, uno de los problemas centrales que conecta a la libertad de prensa con la libertad académica es el conjunto de contenidos materiales en los que se expresan opiniones sustantivas acerca de la propia vida social.

La libertad académica siempre ha estado atada a la libertad de opinión y la libertad de opinión solo es posible cuando la prensa es libre. La experiencia de Eduardo R. Saguier debería servir aquí de ejemplo. Los diarios le han dado la espalda a sus denuncias pero Internet se ha abierto al debate en los sitios, en los foros y en los blogs.

Lo que nostros estamos haciendo en Corrientes con el libro de Saguier titulado La Nomenklatura Academica en la Cultura Argentina http://www.salta21.com/spip.php?article2272 y en: http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/lanomenklatura_saguier.htm
relaciona la libertad académica con la libertad de opinión y ella se canaliza por Internet en:
http://www.ellibrepensador.com/2009/08/23/la-nomenklatura-academica/ Sin embargo la industria cultural no ha tomado nota del asunto.

Quiza haya algo de complicidad en el silencio de los medios gráficos, pero el síntoma es más complejo. En rigor, no se quiere hablar del asunto no solo para no atentar contra intereses establecidos o enquistados en los aparatos de poder. No se necesita hablar del asunto porque en definitiva no hay asunto para la industrica cultural y sus medios gráficos y de comunicación audiovisual. Ya todo está asignado de manera que solo se habla de lo establecido. Lo demás no hace falta tematizar.

No se trata solo de que no sea negocio. Se trata de afirmar todo un sistema de adaptación en el que la complicidad es secundaria porque lo principal es la ausencia de una agenda de debate acerca de la cuestión crucial de la educación, la investigación y la ciencia creativa en Argentina.

Por lo visto Argentina esta, para la industrial de los medios de comunicación, asignada a un mercado secundario y de actividades residuales. También la política ha asumido ese compromiso residual que secundariza todo y lo ajusta al interés del proveedor principal.

Incluso en ese esquema hace falta un poco de retórica adaptativa para que todo no sea tan obvio. Y así se llega a un total oscurecimiento, a una pérdida completa del objetivo por parte de la propia sociedad.

Brasil, Chile y Uruguay saben a donde quieren ir. Y eso se debate con inusual intensidad. Lo mismo ocurre en EEUU y en Europa e incluso en Rusia y en Japon. Parece que hasta en China y Cuba ha empezado gracias a Internet. Aquí sin embargo nada de eso pasa.

Estamos entonces frente a un problema que demanda una demarcaciòn teórica. Y se tiene razón: es un problema teórico. Pero como no hay agenda y no hay tematización la libertad, y en especial la libertad de opinión y de investigación, parece prescindible o en todo caso molesta porque todo ya está arreglado y solo hay que formar fila en la lista de espera de la corrupción. Eso es lo que estan haciendo los universitarios. Y como en el dispositivo todo viene de arriba, o sea del poder ya estabecido, la libertad de opinión resulta innecesaria lo mismo que el debate y la controversia. Solo hay que ver donde encaja cada uno y listo. Y así es fácil hablar de Carl Schmit, de los desaparecidos, de la contaminación, de las misiones jesuíticas, de la funciòn ejemplar de la clase ganadera bonaerense, e incluso hasta se puede hablar de Heidegger, de Castoriadis o de Lenin.

Como se ve, estamos ante un dilema teórico. Libertad de antagonismo o libertad de adaptación. Nuestros intelectuales y medios lo han resuelto: antagonismo adaptado.

Por cierto, el resto, o sea nosotros, quedamos afuera y no queda otro remdio más que la acciòn marginal en Internet, en sitios marginales y con editoriales marginales. Y sobrevivimos relativamente porque hay mucha laxitud. Pero apenas se pone una pica en Flandes como Saguier lo hizo la determinación es inflexible: expulsar al indeseable que puede hablar libremente en Internet porque no hay problema ya que nada se difunde demasiado de manera que el sistema no peligra.

Hay mucho más pero creo que por todo esto empieza el asunto como problema que debemos afrontar.

Joaquin E. Meabe
UNNE-Corrientes
jmeabegigaredcom@gmail.com

Lo que habría que investigar es quiénes y cómo nombraron investigador del CONICET a este historiador de cuarta que en su área específica es nadie. Suerte que lo cesantearon y en vez de hacer denuncias publicá tus informes así nos reímos todos... ¡Chorro!

La Corrupción y las patologías académicas

Creo que la cuestión de la corrupción en materia académica es crucial, pero debe colocársela en una perspectiva todo lo más amplia que fuere posible.

Veo esto así porque aunque la corrupción enerva todo el edificio interactivo siempre será una patología en el trato y en la vida académica, de manera que solo confrontando la vida académica apropiada y correcta con la patología se puede hacer un tipo de balance.

Ante todo, para saber si existe una comunidad científica se debe determinar si el agregado que forma el cuerpo académico de una facultad o universidad tiene objetivos científicos definidos y si esos objetivos se ajustan a la moralidad académica estándar que se observa en el resto del mundo. Pero no solo hacen falta objetivos, también se impone establecer de que modo se articulan los tratos en el seno del agregado académico. Hace falta ver si existe solidaridad en el agregado o si cada uno se rasca para adentro como se dice en el campo. Por cierto, tampoco eso es suficiente aunque puede resultar necesario para que la sumatoria de personas forme un conglomerado en el que cada miembro del agregado pueda encontrar reciprocidad y buen trato además de interés por parte del resto.

Todo eso es necesario pero no es suficiente. Una comunidad científica requiere trabajo común y compartido y respeto mutuo. Todo esto no es formal. Se trata de un dispositivo de valores morales positivos muy estrictos que sirve para confrontar el ideal con el caso y para medir la extensión de las patologías.

Una de las medidas se refiere el trabajo común y compartido. Como este es un ideal, la mayor o menor distancia en el caso sirve para ser medida y calculada. Del otro lado la patología también mide pero mide negativamente porque incluso en el caso de una mafia es imposible articular un trabajo común científico que se edifica en la objetividad y en el desinterés particular porque sus resultados se ofrecen como una contribución al acervo común del conocimiento. Si la actividad es patológica necesariamente no va a estar orientada a contribuir al acervo común del saber sino que va a estar orientada a proveer un beneficio personal al individuo particular. En ese sentido la mafia siempre oculta su trama porque no puede exhibir sus lazos comunes que son exclusivos lazos de interés personal generalmente económico.

Debe haber más para examinar y me parece que hace falta avanzar en esta dirección para poner en evidencia las mafias universitarias y académicas que por su misma naturaleza necesitan ocultar el rastro de sus nexos porque estos siempre son inmorales.

Joaquín E. Meabe

Facultad de Derecho--UNNE
jmeabegigaredcom@gmail.com

Soy investigador... Tengo ganas de llorar por los comentarios. Un país que no valora a las personas que trabajan día a día por el progreso, nunca progresará... Quiero que investiguen cuanta plata gasta Brasil en ciencia... Quiero que investiguen quién le paga al denunciante y por qué hace esta denuncia. Quiero que algún día vayan a un Instituto de investigación como el FIL, IBR, IIB, etc.... Q vean como se labura, cuanto se gasta en insumos, cuanto se genera en conocimiento y desarrollo... Después vengan opinen y denuncien... No van a tener cara para hacerlo.

Una vergüenza lo que acabo de leer... Q tal si en vez de denunciar falacias, nos dedicamos a hacer ciencia... Por ejemplo, hacer vacunas contra la brucelosis, estudiar la biología de enfermedades como el mal de chagas, estudiar cómo funcionan los procesos celulares a fin de comprender enfermedades como el cáncer, estudiar a los patógenos de plantas de gran interés agronómico a fin de erradicarlos, etc. Resulta q soy bióloga y hago investigación...Tuve la suerte de poder trabajar con mucha de la gente que ha recibido subsidio agencia... Y paradójicamente es en esto que gasta la plata de los subsidios y no en enriquecerse ellos. Ninguna de estas personas anteriormente nombradas es adinerada y sé dónde se va esa plata... Señores, vamos a buscar a los ladrones y no a la gente que nos da orgullo. Mucha de la gente que aparece en la nómina fueron discípulos de Leloir (uno de los tres premios Nobel en ciencia que tuvimos) que son un verdaderos orgullo para la Nación y que sí hacen patria. Ellos me enseñaron, los admiro y sé que laburan para su país... Pocos sabemos lo caro que es hacer ciencia, y más en Arg donde todos los reactivos se cotizan a dólar... No podemos negarle apoyo económico a gente que nos hace crecer y que seguro no roba. Este fue y es el primer gobierno en muchos años que le da apoyo a la ciencia y ésto es progreso...

Actividades contra la Corrupción en el Área Científico-Tecnológica

por Eduardo R. Saguier

Pese a la existencia de leyes y normas que supuestamente garantizan en América Latina y el Caribe el libre acceso a la información pública, la cultura del clientelismo, el secretismo y la captura y re-configuración cooptada del estado la han venido socavando. En el trabajo que sobre el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF) publicara el BID, www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1329037

se establecieron para determinadas áreas (justicia, salud, jubilaciones) ciertos pasos dirigidos a elaborar una política de acceso a la información sustentable a largo plazo. Si bien entre ellas no estaba contemplada el área científico-tecnológica, encontramos que esta última puede y debe ser tratada por analogía.

El primer paso para ello consistiría en contar con buenos diagnósticos del área. Esto significa determinar que tipo de información pública es la que deben poseer los organismos científicos públicos; de que manera debe ser divulgada esta información y con que frecuencia; que tipo de controles existen sobre la efectividad de la divulgación de la misma; y de que manera el acceso a la información puede transformarse en una herramienta útil para luchar contra la corrupción. Pero dichos diagnósticos se deberían extender entre otros factores al conocimiento de la voluntad política por parte de los gobiernos, el grado de conocimiento del público investigador sobre los diversos canales de acceso a la información; y el grado de capacidad técnica de las organizaciones de la sociedad civil que sirven de soporte en la implementación de las políticas públicas dirigidas a la investigación científica.

Por otro lado, en analogía con el trabajo de Margarita Flórez sobre transparencia de la administración de los Sistemas Judiciales en Colombia, podemos sostener que un sistema científico-tecnológico debería exigir como mínimo cuatro condiciones:

1.- la decisión de las autoridades del sistema científico de abrirse a la mirada ciudadana;

2.- el interés de la ciudadanía de escrutar las conductas y de involucrarse en el análisis de los asuntos científicos;

3.- la existencia de información adecuada para el conocimiento de los hechos y el diálogo entre las partes;

y 4.- la creación de espacios públicos de encuentro entre agentes del sistema científico y la sociedad.

Y en la ponencia de Katya Salazar acerca de cómo en el Perú los regímenes de información ayudan a que el sistema judicial tenga un rol preponderante en la investigación y procesamiento de casos de corrupción, se pasó de una apatía y una tolerancia extrema hacia la corrupción estatal a una verdadera “cruzada nacional contra la corrupción, donde la ciudadanía así como las instituciones públicas y privadas empezaron a apoyar activamente la labor de los jueces y fiscales que formaban parte del sub-sistema anticorrupción”.

Más aún, en los movimientos de lucha contra la corrupción en el Perú, se ha extendido la focalización de los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al interior mismo de los sistemas de justicia del Poder Judicial. En ese sentido, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), como órgano disciplinario del Poder Judicial, en su propio Website cuenta con la posibilidad de presentar denuncias vía e-mail y telefónicamente además de poder darle seguimiento a las mismas.

Fuente

BID-Banco Interamericano de Desarrollo (2008): Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción. Informe de Actividades Preparatorias (División de Capacidad Institucional del Estado. Oficina de Integridad Institucional. División de Gerenciamiento de Fondos y Co-financiamiento)

www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1329037