En Villa Urquiza denuncian que detrás de la autopista AU3 se esconde un negociado inmobiliario
La agrupación propone que el 80 por ciento de los terrenos se destinen a uso público para que garantizar la continuidad de Avenida Parque. Los vecinos sospechan de la vigencia de un proyecto oficial, que pretendería desarrollar un fabuloso megaemprendimiento inmobiliario.
Los despojos de la nunca ejecutada Autopista Central AU3 se extienden como una herida de varios kilómetros a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires, desde la avenida General Paz hasta Pompeya. Apenas se logró cauterizar el tramo que atraviesa Saavedra, con la habilitación de la Avenida Parque Roberto Goyeneche.

Pero sobre las calles Holmberg y Donado -entre las avenidas Congreso y De los Incas, sector que afecta principalmente a los habitantes de Villa Urquiza- quedaron las ruinas del sueño faraónico de Osvaldo Cacciatore, el intendente de facto que el 1 de junio de 1977 anunció el irracional proyecto, según publicó el periódico vecinal "El Barrio" (www.periodicoelbarrio.com).

Lo que sigue es historia conocida: la expropiación de cientos de viviendas, la demolición parcial de las manzanas afectadas y el abandono del plan ante el repliegue de la dictadura militar, circunstancia que permitió la paulatina usurpación de las propiedades que se salvaron de las topadoras. Hoy la traza es un territorio caótico en el que conviven cientos de familias en precarias condiciones.

Tres décadas más tarde, los vecinos de Villa Urquiza se agruparon para resolver este delicado tema ante la falta de respuesta de las autoridades municipales. La Asociación Vecinos por la RE-urbanización Ex AU3 (AVRE), presidida por la Arq. Beatriz Loria, impulsa un proyecto de ley que tiene como objetivo recuperar el Sector 5 de la traza, es decir el tramo comprendido por las avenidas Congreso y De los Incas.

Habitante de Villa Urquiza desde hace tres años, barrio al que llegó escapando del crecimiento edilicio de Palermo, Loria comenzó la búsqueda de información sobre proyectos oficiales para la zona en marzo de 2006, sin obtener resultados inmediatos.
El Proyecto Muralla

“Consulté a la Unidad Ejecutora del Programa Ex AU3 y a miembros amigos del Gobierno de la Ciudad, pero después de mucho buscar fue en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura donde me fue facilitado el expediente completo.

Allí aparecía la existencia de un proyecto oficial cuya presentación se reiteraba en el tiempo y proponía un megaemprendimiento inmobiliario, un negocio descomunal.

En pocas palabras, consistía en la venta total de las tierras expropiadas a inversores privados para construir edificios continuos que cerraban cada manzana con alturas variables de entre 13,50 y 23,50 metros y torres de 30 metros en cada esquina de las avenidas.

Una verdadera pared de catorce cuadras de largo en medio de un barrio residencial de casas bajas. Yo lo llamo el Proyecto Muralla”, ilustra Loria.
La presidenta de AVRE cuenta que otra iniciativa proponía la construcción de edificios únicamente para la radicación definitiva de los ocupantes de la traza en el mencionado sector.

“Considerando ambas soluciones extremas, presenté una nueva propuesta cuyo concepto básico es que por tratarse de tierras públicas expropiadas para un fin que no se cumplió deben quedar en el 80 por ciento de su superficie reservadas para un uso público, un parque público y paseo peatonal de libre acceso para todos, en sintonía con la Avenida Parque tal como viene desde Saavedra.

El 20 por ciento restante de las fracciones se lotearía a precio de mercado para financiar el proyecto. Todo el sector debe someterse a Concurso Público Interdisciplinario de Ingeniería Vial, Diseño Urbano y Arquitectura, convocado por la Sociedad Central de Arquitectos”, agrega Loria.
Para la profesional, una porción menor de los terrenos debe pasar al mercado privado para su venta en subasta pública con las características de distrito residencial de los alrededores.

Este proyecto fue avalado por una firma de cada casa de la gran mayoría de las ubicadas a ambos lados de la traza y dio origen a la asociación vecinal AVRE.

“Las tierras expropiadas no tienen asignado un distrito de zonificación y constituyen un vacío legal muy peligroso”, advierte Loria, temerosa de que el Gobierno de la Ciudad se aproveche de esa circunstancia para desarrollar un negocio inmobiliario “infame”.

La subyacencia del citado proyecto oficial, que espera agazapado en las sombras, intranquiliza a muchos vecinos de Villa Urquiza, que no desean alterar la fisonomía de un sector del barrio caracterizado por la baja densidad poblacional. “Ese proyecto es tan alevoso que por eso no lo exhiben mucho”, insiste Loria.

Cerrados con alambre

En los últimos meses algunos de los terrenos que integran la conflictiva traza, puntualmente los ubicados entre las calles Olazábal y Juramento, amanecieron alambrados por el Gobierno de la Ciudad para evitar nuevas intrusiones. En su interior fueron colocados carteles que rezan la prohibición del ingreso y una leyenda destacada: consolidación de predios vacíos.

Allí aparecen además los datos de la Unidad Ejecutora, el organismo responsable de llevar adelante el Programa Ex AU3 en cumplimiento de la Ley 324. Esta norma, sancionada en 1999, promueve la recuperación de la traza para valorizar el espacio público y un plan de soluciones habitacionales para acompañar el desarrollo social de las familias que allí residen. También asume como objetivo primordial garantizar viviendas definitivas a los beneficiarios, reconstruir el tejido social y urbano y recuperar el patrimonio de los inmuebles que comprenden la ex AU3.

Entre las avenidas Congreso y De los Incas había hace ocho años 295 familias beneficiarias de la Ley 324, pero no sólo no fueron reubicadas sino que esa cifra se duplicó en los últimos años; los nuevos ocupantes, como era de esperar, pretenden sumarse a la lista de beneficiarios oficiales.

Se estima que unas 2.500 personas habitan, en condiciones de marginalidad, a lo largo de un kilómetro y medio de territorio devastado. Lejos de resolverse mediante la intervención oficial, el problema se agravó con el paso del tiempo.

Loria cree que entre los beneficiarios de la Ley 324 hay dos grupos: uno que quiere abandonar el sector, cercano a la clase media empobrecida, y otro más radicalizado, que vive en la Legislatura solicitando subsidios de todo tipo. “Si no se toman medidas definitivas esto puede convertirse en la Villa 31”, advierte Loria con preocupación.

En la página de Internet del Gobierno de la Ciudad se asegura que “el sector de la traza comprendido entre las avenidas Congreso y De los Incas será objeto de una intervención urbana de rezonificación y reestructuración”.

Y se menciona a trazo grueso un proyecto de la Subsecretaría de Planificación del Gobierno de la Ciudad que apunta a una “renovación integral de la zona, contemplando la reestructuración y recalificación del espacio público, la recuperación de la transversabilidad del sector y la generación de una imagen urbana que asegure la identidad futura de esta franja de la ciudad”.

La iniciativa incluiría “una avenida con boulevard central y ensanche de veredas sobre la traza de las calles Holmberg y Donado, con un diseño paisajístico, equipamiento, iluminación y forestación integrado al conjunto de los espacios verdes del distrito”.
También estipula la creación de plazas, la solución del conflicto vial en la intersección de las calles Holmberg y Donado con la traza del ferrocarril y la inclusión de nuevos equipamientos comunitarios.

Las parcelas ubicadas en las dos manzanas comprendidas entre calles Monroe y Pedro Rivera estarán destinadas a la localización de diversos equipamientos de escala barrial y urbana, como establecimientos educativos, centros de atención primario de salud, bibliotecas y centros culturales.

Y se habla de mecanismos para el fraccionamiento, la subdivisión y la venta de las parcelas. “Se establecerán los mecanismos de gestión y financiamiento económico para la realización tanto de la operación urbanística como para la respuesta a las necesidades de los beneficiarios”, resume enigmáticamente el sitio web de la comuna porteña.

Preocupante silencio oficial

El Barrio se comunicó con la Unidad Ejecutora para conocer en detalle los proyectos vigentes sobre la ex AU3 y concertó para el 30 de abril pasado una entrevista con uno de sus responsables, el señor Diego Soto.

Insólitamente, el día de la reunión el propio Soto advirtió que no estaba nombrado en el cargo y que, por lo tanto, no podía formular declaraciones periodísticas. Agregó que el encuentro había sido acordado “informalmente” y que por tal motivo no aceptaba preguntas ni fotos.

Tras unos minutos de incomodidad, durante los cuales este cronista intentó vanamente comprender la lógica de los argumentos del funcionario, nos resignamos al carácter informal de la entrevista e intentamos off the record aclarar algunas inquietudes.

Sin embargo, al cabo de unas cuantas consultas respondidas con evasivas, Soto propuso diferir una semana la entrevista y así poder hablar oficialmente (sic). A pesar de que la nueva reunión fue agendada para el miércoles 7 de mayo, nos retiramos de la oficina de la avenida Córdoba 5656 con la sensación de que la misma nunca se realizaría.

La presunción era cierta: un día antes de la cita la secretaria de Soto nos llamó para cancelarla, bajo el pretexto de un compromiso ineludible con algún ministro para esa fecha. Y no se volvió a reprogramar, a pesar de las promesas.

Cortada esta vía de comunicación, intentamos dialogar con Constanza Rivas Godio, coordinadora general de la Unidad Ejecutora Ex AU3 y habitual interlocutora de la asociación vecinal AVRE.

Con ella sucedió algo parecido a lo de Soto: a horas de la entrevista que habíamos acordado telefónicamente se excusó de hablar argumentando razones de competencia y nos derivó al Arq. Hernán Vela, director de Coordinación Institucional y Comunitaria de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.

Aquí directamente fracasaron todos los intentos periodísticos, ya que el funcionario no respondió a nuestros llamados ni a los diferentes correos electrónicos que enviamos a sus numerosos colaboradores.
Lejos de ser casual, este silencio macrista ante el requerimiento de la prensa se ajusta a lo que denunciamos en nuestro editorial del mes de marzo e incluye a los funcionarios de todos los niveles comunales, que pretenden limitar la difusión de los actos de gobierno al envío sistemático de gacetillas.

Sólo el diputado porteño Alvaro González, miembro del bloque PRO y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, accedió a responder nuestras inquietudes vía e-mail y se mostró solidario con el proyecto impulsado por los vecinos de Villa Urquiza, a tal punto que lo acompañó con su firma en la Legislatura porteña (ver recuadro de pág. 7).
“El proyecto está en conocimiento de varios diputados de distintos bloques y fue desarrollado hasta el último detalle junto con los equipos de los legisladores Marta Varela y Jorge Enríquez.

Paralelamente fue adoptado también por Alvaro Gonzalez. Ambas presentaciones se encuadran estrictamente dentro el proyecto original, con ligeras adecuaciones personales”, confirma Beatriz Loria, quien lamenta que en años anteriores fueron otorgados fondos especiales para el realojamiento de los ocupantes de la traza, solicitados por gestiones personales de AVRE ante legisladores, para colaborar en la resolución del problema de la vivienda de estas familias.

“Más de ocho millones de pesos conseguidos para resolver la situación de los ocupantes fueron desafectados del presupuesto de la Unidad Ejecutora por segundo año consecutivo”, denuncia Loria.

Tierra de nadie

La arquitecta de Villa Urquiza sospecha que mientras haya habitantes en la traza se destinan fondos desde el Gobierno de la Ciudad en forma permanente, que luego son desafectados con destino incierto, y que mientras existan viviendas ocupadas el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) construye edificios para cumplir con los supuestos beneficiarios, pero dejando muchas dudas acerca de la condición de ocupantes de algunos de ellos.

“Este ha sido un territorio fuera de control -sostiene Loria con indignación-. Se busca justificar con números engañosos la aprobación de un negocio descomunal con la venta total de las tierras expropiadas, argumentando costos de realojamiento. Nuestro proyecto prueba que eso es una falacia, ya que la obra se puede financiar mediante la comercialización de una mínima cantidad de tierras y fijando su valor a precios de mercado”.

Beatriz Loria cree que con voluntad política el proyecto vecinal podría concretarse dentro del mandato de Mauricio Macri, pero no está segura de que la vocación del Gobierno de la Ciudad sea resolver el problema de la traza de la ex AU3 teniendo en cuenta los derechos de los vecinos. Para quienes estén interesados en la defensa del espacio público la arquitecta Loria pone a disposición su dirección de e-mail: loriabs@yahoo.com.ar.