Los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, están empujando una jugada política muy ambiciosa para que las represas hidroeléctricas pasen a dominio provincial, ante el vencimiento de las concesiones en el año 2023.

Se trata de un movimiento político que está creciendo en esas provincias patagónicas que concentran algunas de las represas más importantes del país y que incluso cuenta con respaldo de sectores del kirchnerismo, a pesar de que la idea es rechazada de plano por el gobierno nacional. "Es como si el intendente de Añelo viniera a reclamar Vaca Muerta", dijeron a LPO en la Secretaría de Energía.

La jugada está en el centro de atención en Río Negro y Neuquén, al punto que la "recuperación de las hidroeléctricas" es uno de los slogans de la campaña del Movimiento Popular Neuquino para las primarias abiertas y obligatorias.

Exclusivo: Energía auditará a las operadoras de las represas ante el final de las concesiones

El plan genera controversia y comenzó a debatirse en la Legislatura de Neuquén con el representante del Estado nacional de la Autoridad Inter jurisdiccional de Cuencas (AIC), Daniel Figueroa.

Sebastian Caldeiro, legislador provincial por Juntos por Rio Negro y ex secretario de Energía de la provincia, argumenta al amparo de la reforma de la constitución de 1994 que "los recursos hídricos son de las provincias, por eso Rio Negro y Neuquén tienen que definir en conjunto el destino de esas represas".

"El modelo a seguir es lo que sucedió con los hidrocarburos cuando en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner se dictó la denominada ley corta mediante la cual se hizo efectiva el dominio de las provincias sobre sus recursos y le transfirió la competencia sobre las explotaciones a los gobiernos locales", indicó el diputado.

Según Caldeiro, "cuando se dieron concesiones en 1993 tuvimos y perdimos esta negociación, con la reforma de la Constitución Nacional ahora no quedan dudas, y no podemos en el 2021 estar dudando. Son de las provincias, es generación de energía con un recurso provincial". El diputado da como ejemplo la represa Futelaufú en Chubut: "nadie discute ahí que es provincial, se discute acá porque son muchas represas".

El legislador advirtió que, como poder concedente las provincias podrán estar mucho más atentas a los otros servicios que prestan las represas y que aseguró que "muchas veces no se ven desde Nación".

Darío Martínez

LPOJuan Casas

Desde la Secretaría de Energía nacional echan por tierra la posibilidad que prospere la más mínima iniciativa: "Las centrales son definitivamente de la Nación, es el gobierno nacional el que otorga las concesiones. No tienen ninguna potestad en la toma de decisiones sobre la administración del negocio. Fue el gobierno nacional el que financió las obras, y en parte con el aporte de los usuarios. Las provincias solo ponen el agua y por ello perciben las regalías correspondientes".

Coincide con la lectura el gobierno nacional, el ex secretario de energía del gobierno de Raul Alfonsín, Jorge Lapeña, aunque redobla las exigencias: "Las concesiones vencidas revierten a Nación. Es necesario asumir que el proceso de devolución de las concesiones es complejo y, por lo tanto, se trata de implementar una política pública con tiempo y sin improvisaciones que abordará aspectos políticos; jurídicos; económicos y técnicos, cuyo desarrollo detallado deberá ser realizado en forma excluyente por el Estado, que será quién deberá recibir las instalaciones a la finalización del plazo contractual de cada contrato"

En la actualidad cuatro grupos económicos concentran el manejo del mercado eléctrico porque tienen presencia en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución. El modelo que rige a partir de 1993 devengado del proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem, tendrá un punto de inflexión en tres años cuando en 2023 inicie el período de vencimiento de las concesiones de las represas.

Las hidroeléctricas operativas en el país se agrupan en dos conjuntos: por un lado las que, en su origen, eran propiedad de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado y por el otro las que se encontraban bajo la órbita de Hidronor SA. Las concesiones de este segundo grupo de centrales son las que vencen a partir de 2023. Se trata de seis usinas ubicadas en la Región de Comahue.

Neuquén tiene en la mira las concesiones de seis hidroeléctricas ubicadas en los ríos Neuquén y Limay. Las centrales son Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito, administrada por la italiana Enel; las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar en manos de Orazul Energy, la planta hidroeléctrica Alicurá que controla AES y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto y Pichi Picún Leufú a cargo de Pampa Energía.

El complejo de mayor envergadura es El Chocón Cerros Colorados. Fue el primer proyecto hidroeléctrico de gran escala, tal es así que se la conoce como la obra del Siglo. Se encuentra entre los ríos Limay y Neuquén emplazados en las provincias de Rio Negro y Neuquén, respectivamente. Es por eso que los gobiernos locales piden que pasen a ser administradas por las provincias donde se encuentran emplazadas estas usinas; amparados en la reforma de la Constitución Nacional que en 1994 les concedió la propiedad de los recursos de sus suelos. El manejo de El Chocón lo tiene el grupo de origen italiano con participación también en Enel Generación Costanera ex Central Costanera, Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en lo que refiere a Generación; Enel Trading Argentina S.R.L., ex Cemsa; en Comercialización; Edesur S.; en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte.

Mariano Mansilla

"Las usinas se manejan desde una computadora en Buenos Aires. Se las dieron llave en mano, no invirtieron un peso y obtuvieron ganancias extraordinarias" afirmó el diputado neuquino por el Frente de Todos, Mariano Mansilla, que  adjudica parte de los estragos de la sequía a la desidia de las empresas concesionarias. "Por supuesto que el cambio climático, la falta de lluvias y nieve, es un fenómeno que afecta a la región desde hace más de una década. Pero el mal uso del recurso hidríco fue un factor fundamental para el vaciamiento de las cuencas".

Según Jorge Lapeña, ante este escenario los dos temas a resolver son en primer lugar las formas de operar con eficacia las centrales a partir de su reversión al Estado y en segundo lugar la ejecución de cuantiosas inversiones, necesarias para extender la vida útil de las centrales.

La cuestión de las inversiones no resulta un detalle menor. Según Lapeña se requieren grandes desembolsos en dólares, en un mercado muy regulado dado lo cual "poco tentador para el sector privado".

Mansilla contrapone: "Es un negocio millonario. Alcanza con ver las ganancias extraordinarias de los operadores en toda la cadena de generación. Nunca pusieron un peso, muy por el contrario se la llevaron toda. Las empresas ganaron, las provincias perdimos".