Una semana laboral de 4 días. El Gobierno ya estudia esa propuesta de Más País después de que Íñigo Errejón arrancara a Carmen Calvo el compromiso de analizar la medida. El plan, no obstante, genera dudas en Industria, y lo cierto es que no se ha implementado en muchas partes del mundo. Sin embargo, España tiene un espejo muy cercano donde evaluar iniciativas similares.

Se trata de Francia, que llevó adelante a partir del año 2000 una jornada laboral de 35 horas semanales después de decenas de años con 39 horas trabajadas por semana, aunque el promedio era de 41, si se suman las horas extra.

La reforma francesa podría denominarse como "la reforma que no fue", dado que apenas unos años después de que se aplicara tibiamente lo que se conoce como la Ley Aubry, comenzó una flexibilización que hace que en la actualidad la reforma sea un recuerdo difuso para la mayoría de los franceses.

Como en cualquier cuestión de índole político están los defensores y los detractores. En el caso de la reducción de la jornada laboral en Francia no es posible encontrar un solo punto de consenso respecto a lo que significó para la economía del país galo.

Todo ello porque la reforma que propuso inicialmente el gobierno socialista contaba con una letra pequeña engañosa para los demás. Para contentar a las empresas y evitar un choque con el poder económico se votó, junto la reducción de la jornada laboral, una caída significativa de las cargas sociales y la posibilidad de anualizar la cantidad de horas, de forma que fuera la empresa la que decretara los ritmos de trabajo.

Originalmente la idea parecía tener sentido: frente a un paro muy alto, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Pero su implementación fue muy errática y poco a poco se fue flexibilizando de tal forma que se pudo superar la cantidad semanal de horas contratadas. Además, las horas extras no se abonaban, sino que se ofrecían más días de vacaciones y otras medidas que llevaron a un temprano incumplimiento.

Probablemente la modificación que más flexibilizó lo que se había votado inicialmente es la posibilidad de que las empresas pidan una suspensión de la jornada reducida al declararse en crisis. La economía francesa viene siendo golpeada desde hace años, lo cual ha repercutido en una declaración masiva de crisis y en que las 35 horas se apliquen tan solo en industrias muy específicas.

Hay dos datos que son incuestionables sobre las repercusiones de la reforma durante su breve periodo de aplicación. El primero es que se crearon cerca de 400.000 puestos de trabajo nuevos, lo que los defensores adjudican a la reducción de la jornada y los detractores a la bajada de las cargas patronales. Sin embargo, al poco tiempo se retomó una dinámica de alta desocupación y, sobre todo, de mayor precariedad laboral.

Se crearon cerca de 400.000 puestos de trabajo nuevos. Sin embargo, al poco tiempo se retomó una dinámica de alta desocupación y, sobre todo, de mayor precariedad laboral

El segundo dato fehaciente es la caída de Francia en el mercado mundial. Es decir: la reducción del lugar que sus ventas ocupan en el mundo. Aquí también hay distintas justificaciones: para los que apoyan la Ley Aubrey, se trata de un problema externo, vinculado a la incorporación de China a la OMC en 2001 y el encarecimiento del euro respecto del dólar; para los que no la apoyan, la reforma es la causante de todos los males.

Luego está el problema fiscal, ya que todo lo que las empresas dejaron de aportar no fue compensado con lo que el Estado recaudaba a través del consumo. Esa circunstancia ha provocado que los presidentes Sarkozy y Macron promovieran reformas laborales que el pueblo francés rechazó en las calles.

A la hora de evaluar el proyecto que se trata en España es necesario tener la mayor información posible sobre qué implicaciones tiene una política como esta. En Francia los beneficios que tenía para los trabajadores se han ido agotando y flexibilizando mientras que las compensaciones patronales son las que han perdurado.