La transferencia de Prisiones al País Vasco se hará efectiva a partir del 1 de abril. Lo adelantó LPO en diciembre y ahora lo han confirmado el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, y la consejera vasca de Autogobierno, Olatz Garamendi. El acuerdo, sin embargo, no es suficiente para el presidente vasco, Íñigo Urkullu, que aspira a tener capacidad de decisión sobre los presos de ETA.

Según explican a LPO fuentes próximas a la consejería de Justicia del Gobierno Vasco, la transferencia de Prisiones supone el cumplimiento de un compromiso hacia una "reivindicación histórica" recogida en el Estatuto de Gernika. Pero lo cierto es que, a efectos prácticos, solo se adquieren facultades técnicas.

A partir del próximo mes, el ejecutivo autonómico se hará cargo de la gestión de las tres cárceles vascas y del personal que trabaja en las mismas: "A partir de ahora, los centros pasan a depender de la consejería, así como sus recursos humanos. Tanto los funcionarios como el personal laboral y los encargados del mantenimiento".

Exclusivo: La interna vasca por el traslado de los presos de ETA

Para Iñigo Urkullu, esto supone un paso importante, porque implica ampliar el llamado "autogobierno" con nuevas competencias; pero no es suficiente. El verdadero objetivo del lehendakari (como se conoce a la Casa de Gobierno del País Vasco) es poder tener capacidad de decisión sobre el futuro penitenciario de todos los presos de sus cárceles. Incluidos los de ETA.

Cabe recordar, en ese sentido, que en las prisiones vascas hay una decena de etarras condenados, aunque ese número está aumentando con los últimos acercamientos aprobados por Interior. Una tendencia que irá a más a lo largo del año. Y, por ese motivo, Urkullu quiere que, desde el momento en el que ingresen en una cárcel de la región, sea su gobierno el que decida sobre ellos.

A día de hoy, explican a LPO técnicos de Prisiones, "las decisiones sobre permisos, terceros grados o excarcelaciones van a seguir siendo tomadas por la secretaria general de Instituciones Penitenciaras", que dirige Ángel Luis Ortiz, y que depende orgánicamente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Las decisiones en este sentido que afectan a presos de la banda terrorista ETA se toman en función de los autos firmados por el juez central de Vigilancia Penitenciara, José Luis Castro, magistrado de la Audiencia Nacional que lleva los casos de terrorismo o criminalidad organizada.

El objetivo de Urkullu, explican las fuentes consultadas, es que la toma de esas decisiones pasee a depender de los juzgados territoriales de vigilancia penitenciaria y que, en función de sus escritos, sea la consejería de Justicia del Gobierno Vasco la que proceda a admitir peticiones de permisos, terceros grados o excarcelaciones de presos de ETA.

El lehendakari, de hecho, considera que este asunto es negociable con el actual gobierno que preside Pedro Sánchez, por lo que se convertirá en un "argumento más" a la hora de llegar a futuros pactos con el Ejecutivo central. Incluido, añaden desde el entorno de Ajuria Enea, el posible pacto para los Presupuestos de 2022.

La excarcelación y reinserción en la sociedad vasca de los presos de ETA lleva tiempo en la agenda de Iñigo Urkullu, y la actual situación política, unida a la transferencia de Prisiones, son consideradas dos ventanas de oportunidad para el lehendakari.

Exclusivo: El pacto de Pedro Sánchez con el gobierno Vasco para liberar presos de ETA

Tal y como es explicó en este diario, Urkullu tiene sobre la mesa el llamado Programa Hitzeman', que contempla la aplicación de permisos penitenciarios y asesoramiento legal para "reinsertar" en la sociedad a los excarcelados de ETA. En el citado documento, se apuesta por un "asesoramiento personal y legal" sobre los procesos de "reinserción social", y por prestar "apoyo para la inserción laboral y el acceso a la vivienda" de los presos de ETA que queden en libertad.

Para poder aplicarlo, no obsante, el Gobierno Vasco necesita una transferencia "absoluta" de las competencias de Prisiones, incluida la capacidad de decidir sobre el futuro de los presos. Consciente de ello, Urkullu ya prepara esa nueva exigencia para Pedro Sánchez.