El pasado de febrero este medio reveló el caso de los inspectores y subinspectores dependientes del Ministerio de Trabajo que aprobaron su oposición en 2019 y que llevan un año y medio sin que se les permita trabajar, por estar pendientes de la asignación de plaza, pero cobrando un sueldo público. En total, tal como publicó LPO, el 10% de la plantilla total de la Inspección de Trabajo se encuentra en esta situación.

Después de ser replicado en múltiples medios de comunicación y de que el departamento de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz convocara de urgencia a los afectados para aplacar los ánimos, el asunto llega hasta el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre estos episodios, que afectan a Inspectores de Trabajo, subinspectores laborales y subinspectores de Seguridad y Salud Laboral. Unos cuerpos cuya labor ha sido determinante durante la pandemia para detectar fraude derivado de la concesión de ayudas.

Ahora el Partido Popular ha registrado varias preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez para pedir detalles sobre esta situación. Así, el diputado por Badajoz Víctor Píriz registró el pasado 16 de febrero una cuestión, que se publicó este martes en la web del Congreso. 

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En su texto, el popular hacía referencia a la primera información de LPO, en la que desvelaba que el Gobierno contrató a la consultora externa de Accenture por 2,6 millones de euros mientras mantenía a sueldo y sin trabajar a 86 subinspectores de Trabajo, además de a 88 subinspectores de Seguridad y Salud Laboral y 34 inspectores de Trabajo. Un total de 208 funcionarios que suponen el 10% de la plantilla de la Inspección de Trabajo.

Víctor Piriz, diputado del PP.

"¿Es cierto que mientras estos funcionarios están en su casa sin destino y cobrando sus salarios el ministerio ha contratado una empresa para reforzar la inspección de trabajo por dos millones de euros?", pregunta Píriz en el primero de los documentos registrados, donde pide explicaciones sobre los motivos: "¿Cuál es la causa?", inquiere el diputado.

¿Es cierto que mientras estos funcionarios están en su casa sin destino y cobrando sus salarios el ministerio ha contratado una empresa para reformar la inspección de trabajo por dos millones?", preguntan desde el PP

En el escrito también se detallan los pormenores de esta situación, recordando que la convocatoria de oposición de inspectores de trabajo fue publicada el 24 de octubre de 2018, que el primer examen fue el 26 de enero de 2019 y el último, el 29 de junio de 2019, mientras que comenzaron a percibir un sueldo público el 26 de octubre de 2019, que siguieron percibiendo una vez acabada su formación práctica el 10 de marzo de 2020.

Esta información también acompaña a la segunda de las cuestiones que pregunta el diputado del PP, que pide al Gobierno concretar los plazos previstos de incorporación. "¿Cuándo tiene previsto el Ministerio la incorporación de estos funcionarios a sus destinos profesionales, ya que en la actualidad están percibiendo un sueldo sin desempeño de función alguna?", detalla el dirigente popular.

Tras la publicación de las distintas informaciones por parte de LPO y el ruido mediático generado, el Minsiterio de Trabajo convocó reuniones con los afectados en las que les ofreció cursos formativos y culpó al Ministerio de Función Pública de los retrasos en las convocatorias. Además, desde el departamento de Yolanda Díaz aceleraron los plazos para publicar el concurso de traslado interno -previo a la asignación de plaza- para los subinspectores laborales, aunque los inspectores están aún a la espera de que se publiquen novedades en el Boletín Oficial del Estado.