Sobre el final de las casi dos horas de discurso, Alberto Fernández lanzó el reproche más esperado por la oposición: pidió sancionar la reforma judicial que anunció a hace un año, el Senado aprobó en septiembre y duerme en los cajones de Diputados.

Se trata de una ampliación de los Tribunales Federales de todo el país, con nuevas salas en Comodoro Py y cámaras de apelaciones en la mayoría de las provincias, incorporadas a último momento por los senadores del Frente de Todos.

Alberto contra la Justicia: "Es el único poder que vive en los márgenes del sistema democrático"

"Aspiro a que la Honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia", reclamó en voz baja, pero acompañó el pedido con fuertes críticas al funcionamiento de los tribunales y anuncios de nuevas leyes para controlarlo bien de cerca.

"Quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", chicaneó a los legisladores de la oposición y recordó que también en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, descansa la reforma del Ministerio Público impulsada por Cristina Kirchner, cuyo efecto inmediato es la salida del procurador interino, Eduardo Casal.

Como novedad, anunció que enviará una reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y evaluar la conducta de los jueces, en su momento reformado por Cristina, con el argumento que había que agilizarlo. 

Alberto no detalló la letra chica de la iniciativa, pero retomó aquel argumento: pidió "optimizar" los procesos y cumplir con viejos reclamos de la Corte Suprema, que siempre resistió las facultades de ese organismo para controlar los recursos.

El funcionamiento del Consejo de la Magistratura formó parte del estudio del comité de expertos creado por el gobierno para evaluar a la Justicia, que recomendó elevar sus miembros de 13 a 16, con cuatro representantes por sector: político, jueces, abogados y académicos.

Puede ser un arma de doble filo para el máximo tribunal, porque el debate podría exhibir sus cuantiosos ahorros. El presidente recordó que ninguno de sus miembros paga el impuesto a las ganancias, alcanzado sólo para los jueces incorporados a partir de 2017.

El funcionamiento de la Magistratura formó parte del estudio del comité de expertos creado por el presidente para evaluar a la Justicia y recomendó elevarlo de 13 a 16 miembros, con cuatro representantes por sector: político, jueces, abogados y académicos, entre quienes el kirchnerismo suele hacerse sentir por el peso de las universidades nuevas. 

Ese comité recomendó aliviar la carga de casos que llegan a la Corte, una manera acaso de limitar su poder. Alberto anunció que enviará un proyecto de ley para crear un Tribunal Federal de Garantías que tendrá como misión tratar los recursos extraordinarios sobre cuestiones de "arbitrariedad" y restringir al Máximo Tribunal sólo aquellos que toquen temas de constitucionalidad. Se trata de la vieja idea del ex juez Eugenio Zaffaroni, que propone convertir a la Corte Suprema en una suerte de tribunal constitucional, al estilo europeo.

Y en ese sentido, el Presidente anunció otra iniciativa para limitar el margen de acción de la Corte. Pidió que se sancione una ley que revise el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que le permite rechazar los recursos extraordinarios "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia". Así los obligaría a abocarse a todos los temas que le llegan, incluidos aquellos de interés del Gobierno, como reclamó Alberto durante su visita a México.

Según un estudio que difundió los últimos días el senador oficialista Oscar Parrilli, la mayoría de los casos que tomaron y resolvieron los supremos en las últimas décadas tuvieron relación con litigios de grandes empresas.

Otro aporte del Comité de expertos es el juicio por jurados, ya aplicado en algunas provincias y que empezaría a regir para delitos federales. La oposición siempre lo promovió pero en este caso debería aceptar que también se use para los casos de corrupción. 

Con Cristina Kirchner a su lado, Alberto repudió varias medidas judiciales que la afectaron los últimos meses, como la aceptación del per saltum de la Corte para revisar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes de todos modos nunca volvieron a sus cargos.

El Presidente dedicó un párrafo de su discurso a cuestionar al fiscal Stornelli, que instruyó la causa de los cuadernos y ahora se quedó con la de espionaje ilegal que apunta al macrismo. De manera bastante clara, sugirió que deberían detenerlo si se le aplicara la doctrina Irurzún.

Destacó la intervención que dispuso de la agencia federal de inteligencia, con su jefa Cristina Caamaño en los palcos, pero no hizo alusión a la oficina de escuchas que funcionó bajo la órbita de la Corte Suprema y según la investigación de una bicameral encargada de seguir esas tareas, tuvo graves irregularidades.

Sí aludió a los supremos que no quieren jubilarse, un palo para Highton de Nolasco. Y, sin nombrarlo, le envió un mensaje al juez de Casación Gustavo Hornos, cuando habló de "algún miembro del Congreso Nacional detectó" su visita a Mauricio Macri en la Casa Rosada antes de dictar sentencias. 

También apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, otro protagonista de las causas por corrupción de Cristina, en funciones pese a un procesamiento por participar en una red de espionaje ilegal y hasta aludió a "montajes de jueces y periodistas", en clara alusión a la causa que investigó el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.  

"A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su 'poder residual' pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente", ironizó,  sugiriendo que si se le aplicara los fundamentos del camarista Martín Irurzun, deberían detenerlo.

La justicia también quedará en el ojo de la tormenta cuando se traten leyes para prevenir la violencia de género, como la creación de 14 Centros Territoriales en distintas provincias para abordaje de esa problemática, una iniciativa que funciona hace años en la Corte Suprema y está a cargo de la juez Higthon de Nolasco. "Necesitamos modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda", reclamó el presidente.

Télam

Alberto no anticipó nuevas medidas para paliar la pandemia del coronavirus, que no existía cuando inauguró el período de sesiones ordinarias hace un año, sino que se limitó a destacar el aumento de la oferta sanitaria, que impidió su saturación; y la promesas de la llegada de vacunas para evitar o aminorar una segunda ola de contagios.

"Con el trabajo de la sociedad, de diversas organizaciones e instituciones y del Estado en todos sus niveles, hemos tenido un logro inmenso en 2020: evitamos que saturara el sistema de salud. Gracias a ese trabajo colectivo cada persona que lo necesitó tuvo atención sanitaria", destacó y pidió un aplauso que contó con un tibio y tardío acompañamiento opositor.

Hizo una breve alusión al escándalo por la vacunación VIP, que le costó el cargo al ministro Ginés González García. "Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían".

No prometió una participación parlamentaria en el monitoreo de las vacunas, como planea la ministra de Salud Carla Vizzotti, y su hoja de ruta fueron las dos principales secuelas que dejaron las largas cuarentenas: la crisis económica, que la ayuda del Gobierno sólo pudo paliar; y la brecha educativa después de un año sin clases presenciales, "una situación que se verificó en 190 países", se defendió el presidente. 

Alberto destacó que en enero la industria tuvo resultados más óptimos que hace un año "y recuperó todos los empleos de la pandemia", pero anunció seis medidas para reactivarla en los próximos meses, cuando parece lejano un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  

Prometió incentivos para la producción de autos eléctricos con baterías de litio "o el uso del hidrógeno verde"; una promoción a fabricación de autopartes, una ley para fomentar la producción y exportación de cannabis medicinal, aumento de los márgenes de preferencia para las compras nacionales de medicamentos, incentivos impositivos para la promoción agroindustrial; y una ley de hidrocarburos, que aliviará la presión del sector y permitirá prorrogar la de biocombustibles, cajoneada en Diputados. 

Serán acompañadas de otro paquete medidas con "enfoque federal", algunas muy genéricas, como la extensión de la conectividad digital, con foco en el norte y en el sur; la promoción de la inversión privada, obras para facilitar la salida a los puertos del pacífico y la actualización del acuerdo federal minero, que podría ser motivo de choque con los grupos ambientalistas. 

El presidente prometió solucionar problemas regulatorios que impiden explotación de tierras, la extensión de la red de gas natural en el norte, el impulso a la extracción y transporte de los recursos hidrocarburíferos del yacimiento de Vaca Muerta, la continuidad del Plan Gas, el desarrollo de fuentes de energía hídrica, eólica y solar y la construcción de puertos fluviales y marítimos.

La caricia a las petroleras y energéticas se completará por una revisión de las tarifas mediante otro proyecto de ley que declara la emergencia del sector, previo a una redefinición integral de los valores para los próximos años.

El presidente no esquivó la inflación como problema endémico de la economía nacional, si bien destacó que descendió en su primer año de Gobierno. La definió como "un problema multicausal, que debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles. Y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance". Sus expectativas están en el consejo económico social que agrupará a empresarios, funcionarios y sindicalistas. 

Alberto respaldó el proyecto de ley que envió Sergio Massa para elevar el mínimo imponible del impuesto a las Ganancias a ingresos de 150 mil pesos, pero reclamó además aprobar la recategorización a los monotributistas que envió antes de fin de año. 

La inflación es problema multicausal, que debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles. Y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance. 

El problema en esa Cámara es que aún no hay un protocolo de funcionamiento vigente para funcionar en pandemia y el oficialismo no tiene mayoría imponerlo. El presidente anticipó muchos debates sobre la políticas educativas en 2021, ya con los chicos en las aulas.

Pidió "un gran acuerdo educativo federal", con mayor inversión en tecnología y capacitaciones docentes y una nueva ley de financiamiento educativo; que se sumará a la recientemente sancionada para elevar el presupuesto de ciencia y técnica.  

La seguridad tuvo poco lugar con repaso de los aportes a Buenos Aires y Santa Fe, las zonas más calientes. pero otra vez cargó tintas contra la justicia. "Las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial. Las fuerzas de seguridad no son juezas de la sociedad".

Hizo escasas menciones a la  política internacional. Sólo destacó dejar atrás política de "sumisión y fotos" para abocarse en relaciones serias con las grandes potencias y los grandes bloques, como los Estados Unidos, China, Rusia, Medio Oriente y la Unión Europea. Anticipó nuevos reclamos sobre la soberanía de Malvinas, que el año pasado incluyeron nuevos proyectos de ley.