La fusión de Caixabank y Bankia dejará tras de si un reguero de cierres de oficinas y salidas de empleados del que sólo se conocen aproximaciones. La dirección de la nueva entidad no convocará a los representantes de los trabajadores hasta la fusión sea definitivamente autorizada en el mes de marzo. Fuentes sindicales consultadas por LPO calculan que el proceso de negociación integral del futuro proceso de bajas "podría alargarse tres o cuatro meses tranquilamente". Pero "de momento no tenemos interlocución", aseguran.

El consejero delegado de CaixaBank -que lo será también de la nueva entidad- Gonzalo Gortázar, ha decidido guardar con absoluto secreto la dimensión del plan de restructuración de personal y sucursales con el que buscarán evitar duplicidades y ajustar la plantilla de la organización resultante a las necesidades de una entidad que se convertirá en la más grande de España por número de activos.

Tras el proceso de absorción de Bankia se formará un conglomerado de cerca de 6.000 oficinas y más de 51.000 empleados (35.000 de la catalana y 16.000 de la madrileña). "Siempre hemos tratado de que las salidas sean 100 por ciento voluntarias. Pero quien tiene que mover la primera ficha es la dirección", comentan las fuentes sindicales.

Según cálculos de analistas, el recorte por la fusión podría rondaría los 8.000 empleos (el 15 por ciento del personal de ambas entidades) y el cierre de 1.400 sucursales. "Son cifras que ni la dirección ni ha confirmado ni ha negado", recalcan las fuentes sindicales consultadas.

"Además de pactar condiciones para las salidas incentivadas, habría que discutir la posibilidad de recolocar a trabajadores en otras empresas del grupo", analizan las fuentes sindicales. El proceso de integración, en todo caso, también implicará acordar con la empresa "cómo se equiparan y cómo se homologan" las condiciones de los trabajadores de la entidad absorbida a las de la absorbente.

De momento, ambos grupos han contratado los servicios de consultoras para preparar el recorte de personal. Según diversos cálculos de los analistas, podría rondaría los 8.000 empleos (el 15% del personal de ambas entidades tras la fusión) y el cierre de 1.400 sucursales. "Son cifras que ni la dirección ni ha confirmado ni ha negado", recalcan las fuentes sindicales consultadas.

Desde hace semanas se realizan encuestas y entrevistas a los niveles directivos y se han pasado cuestionarios a los empleados de ambas firmas. "Cuando seamos una única empresa con una única plantilla no se podrá hacer distinción de cara a los despidos por la entidad de origen", puntualizan los sindicatos.

Al margen de la plantilla, el pasado jueves se aprobó que CaixaBank mantenga casi intacta a su cúpula tras la fusión. De los 14 miembros del nuevo Comité de Dirección, 12 provendrán de la entidad catalana y sólo dos de la madrileña.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

El proceso de fusión está rodeado de tintes políticos, toda vez que Bankia es una entidad nacionalizada y cuya absorción por la firma catalana genera el rechazo del sector de Unidas Podemos en el Gobierno. Los de Pablo Iglesias siempre han entendido que debería ser completamente nacionalizada y convertida en un banco público. De momento, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días una ampliación hasta 2023 del período máximo para vender su participación en la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri.

[Los analistas advierten que el Gobierno tendrá que aplazar 'sine die' la venta de las acciones de Bankia]

Actualmente, el Estado controla a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) un 61,8% de Bankia. Tras la fusión por absorción tendrá una participación del 16,11% del capital de CaixaBank. La intención del Ejecutivo, como hizo ya el Gobierno de Mariano Rajoy con sucesivas prórrogas, es recuperar la mayor cantidad posible de los cerca de 24.000 millones de euros que el Estado destinó en 2012 al rescate de la entidad. Hasta ahora sólo se han reintegrado a las arcas públicas unos 3.000 millones.