Jair Bolsonaro maneja un equilibrio muy delicado para no romper su coalición de gobierno. La suba de precios de los combustibles generó fuertes críticas en un momento de caída de la imagen y lo obligó a designar al militar de reserva y ex presidente de la hidroeléctrica Itaipú, Joaquim Silva en reemplazo de hombre de confianza de Paulo Guedes. 

La una reacción  de los mercados fue negativa dado que la salida del liberal Roberto Castello Branco pone en duda el plan de privatización prometido por Bolsonaro. Este movimiento hizo perder a la compañía un cuarto de su valor y las acciones de la Bolsa de San Pablo se desplomaron ante lo que consideran que puede ser un giro intervencionista. 

LPO conversó con Adriana Marques, profesora y especialista en  Defensa y Gestión Estratégica Internacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro quien destacó que "Silva fue ministro de Defensa  durante el gobierno de Temer en el momento del tutor del general Villas Bôas amenazó a la Corte Suprema con un tuit. El era su subordinado y actuó sin su consentimiento y ni se molestó. Fue recompensado por eso". 

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Respecto a su gestión en Itaipú. Marques sostuvo que  "los patrocinios de eventos académicos y publicaciones que la empresa apoyaba fueron cancelados porque el General los consideró ideológicos". "La empresa apoya la recuperación de carreteras y otras acciones que no están directamente relacionadas con la actividad principal de la empresa, para complacer a los políticos locales", agregó la académica.

 Silva fue ministro de Defensa durante el gobierno de Temer en el momento del tutor del General Villas Bôas amenazó a la Corte Suprema con un tuit. El era su subordinado y actuó sin su consentimiento y ni se molestó. Fue recompensado por eso.

Sobre el perfil de Silva, Marques recalcó que "todo el personal militar que participa en este gobierno parece compartir la idea de que las empresas públicas son guaridas de corrupción y deben ser privatizadas. Es un razonamiento simplista que para poner fin a la corrupción vale la pena deshacerse del patrimonio nacional. Y creen firmemente en el liberalismo primitivo del ministro de Economía, que hace cuentas milagrosas y promete acabar con todos los problemas del país vendiendo empresas públicas. Ahora no sé si es posible decir que esta es la opinión de todos los militares, pero ciertamente es la opinión de los generales y almirantes que están en este gobierno". 

El general y ex ministro de Defensa, general Joaquim Luna e Silva.

AP

Por otro lado, una fuente del Ejercito General de la Marina explicó a LPO sobre la nueva gestión de Petrobras que "el Ejército está a cargo del 30% de las empresas estatales bajo el mando del Ejecutivo Federal. Esto sugiere una alineación de las políticas de esta empresa (y las demás) a los intereses inmediatos del Ejecutivo Federal. Considerando la estructura de gobierno sobre la que se asienta el gobierno de Bolsonaro, se infiere -hasta que se demuestre lo contrario- que la administración de Luna e Silva servirá para servir a los grupos de apoyo político del presidente, como camioneros, además de servir como moneda de cambio e intercambio frente a índices de popularidad bajos". 

El ejército está a cargo del 30% de las empresas estatales bajo el mando del Ejecutivo Federal. Esto sugiere una alineación de las políticas de esta empresa (y las demás) a los intereses inmediatos del Ejecutivo Federal

Esta fuente de diálogo diario con marinos puso como  ejemplo el discurso sobre exenciones fiscales relacionadas con los hidrocarburos para "servir a los intereses de la población" en un escenario de crisis económica y financiera donde estos recursos no se pueden desperdiciar. "Lo mismo se observa también en el discurso sobre cambios en la estructura del suministro energético, con promesas de reducción de tarifas gracias al uso inadecuado de los recursos de inversión y mejora de los servicios", agregó. 

 Actualmente en Brasil hay personal militar en empresas públicas en diferentes áreas, como energía, transporte, puertos y muelles y energía nuclear. "Esto significa que recuperaron el control del espacio político y de la sociedad civil que no tenían desde el anterior régimen constitucional, lo que puede garantizar poder y capilaridad para las fuerzas militares, principalmente de los oficiales de reserva", detalló la fuente y destacó que "en el caso específico de Petrobrás, Luna e Silva es el primer presidente militar en la empresa desde la redemocratización en 88/89 y el objetivo será,  como dice el propio presidente, impulsar cambios y adecuar las agendas políticas y financieras de la empresa al interés del Ejecutivo Federal. Es decir, en Petrobras y otras empresas públicas lo que tenemos es personal militar "ejecutando misiones" y adaptando el rumbo a los intereses políticos electorales más inmediatos".

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El directorio de la empresa de mayoría bolsonarista aprobó en disidencia la designación del nuevo presidente y el presidente tuvo que dar dos señales a los mercados: el envío al Congreso para privatizar Electrobras y hacer declaraciones benévolas con Guedes para aclarar que intervendrá en la empresa petrolera. 

De todas formas, el margen es acotado y en la medida que se acerquen las elecciones, el presidente tendrá que elegir entre la confianza de los mercados y sus necesidades electorales.